POR José Inés Figueroa Vitela
El paquete fiscal del Estado para el año siguiente, que regularmente se aprueba antes de concluir el periodo ordinario de sesiones del Congreso Local, en la justa mitad de diciembre, en esta ocasión se quedó pendiente.
El motivo argüido fue la indefinición del Presupuesto de Egresos de la Federación, que apenas en esa fecha fue enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, donde se sigue discutiendo.
En general existen estimaciones respecto de los ingresos esperados y en función de ello el Estado mandó la iniciativa, pero en siendo un instrumento de legislación anual, cualquier cosa puede suceder al amparo del voto dominante en el Congreso federal.
Muchos han sido los dichos que han acompañado la propuesta del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hablando de cambios, reasignaciones, sumas y restas que a ratos no distinguen niveles de gobierno.
Y partiendo de la base de que casi el 90 por ciento de los recursos que recibe y ejerce el Gobierno estatal provienen de la federación, las reservas son justificadas.
Todavía no aplicará para los efectos domésticos, la intención compartida de regresar la centralización de los servicios de salud y educación al gobierno federal, pero de suyo, significan una disminución en casi una tercera parte de los montos presupuestales del Estado.
Ya sabe, sin elevarlo a ley, el PEJE Presidente inició la centralización de los servicios de salud en los cinco estados del sureste nacional, les pidió al resto de los gobernadores se acerquen a convenir lo propio y anunció que en dos años concluirá esa transición.
De los 54 mil 933 millones de pesos que plantea ingresar a sus arcas el Gobierno tamaulipeco el año entrante, 48 mil millones provendrían de la federación, de los que 22 mil 297 millones son del fondo general de participaciones, es decir, la cuota de impuestos de libre ejercicio.
13 mil millones de pesos son del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y 3, mil millones de Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); esos recursos, que son nómina y otros operativos para salud y educación, los dejaría de ver pasar siquiera el Estado con aquellas medidas.
El dirigente nacional panista, MARKO CORTÉS MENDOZA, en días pasados anunció la recomendación a los 12 gobernadores emanados de su partido, para que regresen a la federación el manejo del sistema educativo.
El debate ahora se da sobre la pertinencia de tales medidas, al recuento de las ventajas y desventajas que ha significado para la población objetivo, las medidas descentralizadoras que hace cosa más de dos décadas se consumaron en tales rubros.
Consecuencias que han tenido sus altibajos al paso de los tiempos y los gobernantes en el plano local y que resultan disociantes respecto de otras entidades federativas, pero que ciertamente atraviesan por una crisis, acendrada con el cambio en Palacio Nacional, por la novatez de sus ocupantes, o por alguna aviesa intención político-electorera, según las conclusiones del alto mando panista.
Al ciudadano de a pie lo que le interesa es que haya medicinas en el estante y médico en el consultorio, que los equipos estén funcionando y con materiales para su operación; que las mastografías se hagan en el campo, no en la declaración y los tratamientos estén prestos en la institucionalidad, más que en la limitada caridad social.
No hay simulación que anide en la conciencia ciudadana frente a una realidad rampante, grosera y agresora.
No puede haber gobierno rico y pueblo pobre, pero la aspiración no es que el gobierno se empobrezca para hablar de a iguales; el quid es que todos podamos ascender a mejores condiciones de bienestar y convivencia y tampoco solo la alta burocracia.
A simple vista, la reducción al Estado, de cerca de 20 mil millones de pesos en el manejo financiero de los temas de salud y educación -aunque solo vea pasarlos- significa otras implicaciones colaterales, incluidos los soportes del financiamiento.
Un tema que todavía estará sujeto al eventual escrutinio de los diputados locales, dentro de la revisión de la miscelánea fiscal para el año entrante, antes de caer en los campos centrales del poder nacional.
Hasta hace dos años, el servicio de la deuda pública estatal significaba erogaciones anuales por el orden de los mil 200 millones de pesos anuales; para el año próximo en la propuesta del presupuesto de egresos ya se superan los 2 mil 200 millones de pesos a pagar por ese concepto.
Los 600 millones de pesos ahorrados con la renegociación, al ponerla casi al doble del plazo en que se encontraba para su liquidación, pronto se esfumaron y ahora, a los 3 mil millones de pesos de nueva deuda contratada este año, para construir paraderos de seguridad, cárceles y tribunales, han de sumarse los 70 millones de pesos mensuales a pagar a un particular durante seis años, hasta sumar 4 mil millones -IVA incluido-, para que pongan más cámaras de vigilancia en 17 municipios y un C-5 en Reynosa.
Bueno, eso todavía son iniciativas, ciertamente dictaminadas favorables con el beneplácito de los diputados integrantes de las comisiones revisoras, pero todavía van a ser analizadas y discutidas en el pleno de todos los diputados, quienes con su voto, se sumarán o rechazarán las propuestas.
Mañana se reúne la diputación permanente ya en receso y en el acto convocará a una sesión extraordinaria para desahogar los temas pendientes que estén disponibles; el caso fiscal podría motivar otra interrupción al receso antes de finalizar el año.
Mientras, la raza asalariada del gobierno, los trabajadores pues, siguen esperando sus bonos, con los que hacen las compras navideñas o hasta saldan pasivos.
En la vil inopia.
Aunque en razón de la temporada, vuelven a arreciar los rumores en torno a cambios dentro del aparato gubernamental, visto está, no serán todos los mencionados que salgan y si van saliendo otros, no mencionados.
Para quienes conocen la congruencia, verticalidad y entrega de JOSÉ LUIS COPPOLA GARCÍA, enterarse de su renuncia a la Dirección Administrativa del Fondo Tamaulipas, resultó harto lamentable, por el gobierno y el servicio que deja de prestarle a la población objetivo.
En su caso, no se sabe que el partido de sus viejas militancias y convicciones, el PAN, le esté considerando para una candidatura allá en la zona conurbada, de donde es originario y todo parece indicar que su retiro es por motivos estrictamente personales.
Quien otra vez aparece apurando la salida del Secretario de Educación HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, es el subsecretario MARIO LEAL RODRÍGUEZ, dejando correr la versión de que él es el perfilado relevo.
Parece que ahora si se va el más joven del gabinete, pero no con cajas destempladas como algunos de sus “colaboradores” quisieran, sino que iría a la candidatura del PAN para una de las diputaciones locales de Matamoros.
Pero el movimiento no se dará antes de brincar el año y el relevo, no necesariamente ha de ser quien lo anda pregonando.
En Victoria Capital la competencia se puso buena; la Directora de Conservación de Espacios Públicos del Municipio, PAOLA ALICIA ALVAREZ ZAVALA se puso a jugarle carreras al titular de Obras Públicas.
Este había reportado 3 mil 500 baches tapados en los dos primeros meses de la actual administración –“más de todos los hechos en el gobierno anterior”- y ahora la dama anuncia que ha reparado y cambiado 3 mil 546 lámparas del alumbrado público en dos meses.
Ahí la llevan.
