- CONAMER se lava las manos y deja en el terreno de la SE la modificación del proyecto de NOM 237 por los comentarios en contra de la COFECE y los actores afectados
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) dejó en el terreno de la propia Secretaría de Economía la decisión de dar respuesta a sus comentarios, los de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y los relacionados con la consulta pública que se realizó en el portal de la institución por parte de las personas y organismos interesados en la NOM 237.
De esta forma, queda como una decisión de la Secretaría de Economía federal la publicación o no de la NOM 237 que, como está elaborada, sobre regularía al sector de la educación particular, generaría un incremento en el costo de los servicios educativos que ofrecemos y, de manera natural, se convertiría en un brazo más de la corrupción institucional que este gobierno dice combatir.
De consumarse la entrada en vigor de este proyecto de norma NOM 237, la Secretaría de Economía estaría poniendo claramente en entredicho la calidad del trabajo normativo y regulatorio que realiza la Secretaría de Educación Pública e, incluso, dejaría sentado un velo de probable corrupción en la SEP porque su sistema de vigilancia no serviría, a pesar de que la supervisión de las autoridades educativas se realiza en todo el país.
Al finalizar la etapa de consulta en la CONAMER hubo 292 comentarios, todos ellos en contra del proyecto elaborado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, sin el respaldo de los actores afectados entre los que nos encontramos las Instituciones Particulares de Educación y los padres de familia, y sin la intervención de la Secretaría de Educación Pública a la invasión de sus facultades regulatorias. También las firmas de la petición en chance.org para que se anule el proyecto supera las 21 mil.
Por la respuesta tibia y desafortunada de la CONAMER, los representantes de las Instituciones Particulares de Educación consideramos que lejos de ser un órgano encargado de impulsar la política de mejora regulatoria en el país, se lavó las manos y se ha convertido en una oficialía de partes para dar cauce a las decisiones impulsadas por el Gobierno de la República, donde dudamos si se trata de desconocimiento de la administración pública, de un interés particular por generar dividendos económicos a costa de los usuarios del servicio de educación particular o del golpe de una política gubernamental para acabar con este sector.
La autoritaria imposición de la NOM 237 que causaría perjuicios económicos para las Instituciones Particulares de Educación y para los padres de familia estaría a punto de convertirse en oficial porque así lo quisieron sus impulsores, como nos lo advirtió el Director General de Normas, Alfonso Guati Rojo Sánchez, quien nos dijo en una reunión: “esta norma va porque va”, pese a que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que tiene como objetivo garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, expresó que es sobre regulatoria.
Esa es la diferencia entre un órgano autónomo del Estado como la COFECE y uno de gobierno como es la CONAMER, que está atada a las decisiones de sus superiores y, también, es omisa con los autorizados comentarios de la Comisión Federal de Competencia Económica.
La COFECE sostiene en sus comentarios que a) La regulación contenida en la NOM podría implicar duplicación de requerimientos e incrementos en costos de cumplimiento normativo; b) Repetición en la normativa que impone límites a la publicidad engañosa de servicios educativos; c) Las obligaciones de información a los usuarios podrían ser ambiguas o superfluas conforme al objetivo perseguido; y d) Requerir a las Unidades de Inspección (UIs) el cumplimiento de la NMX-EC-17020-IMNC-2014 podría implicar ventajas exclusivas a ciertos agentes en el mercado de Evaluación de la Conformidad de la NOM.
Sobre el punto a), la COFECE dice que “la prestación de los servicios educativos está también regulada por la autoridad educativa y, como el propio proyecto señala, debe observar lo previsto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación (LGE) y las Leyes de educación de las entidades federativas, Reglamentos y normatividad vigente emitidas por las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias”.
A raíz de este comentario de la COFECE donde nos dice que ya existe una regulación y que insistir sería redundante, las Instituciones Particulares de Educación consideramos que de publicarse el Proyecto de Norma NOM 237, la Secretaría de Economía estaría poniendo en entredicho la calidad del trabajo normativo y regulatorio que realiza la Secretaría de Educación Pública e, incluso, dejar sentado un velo de corrupción en la SEP porque su sistema de vigilancia no sirve, a pesar de que se ejerce en todo el país.
O, lo que hicieron, fue incluir en una sola canasta a las instituciones particulares de educación junto con las escuelas, institutos y/o centros de formación que imparten clases de belleza, idiomas, salud, ejercicio, formación para el trabajo y otros, que son totalmente ajenos a nuestro servicio.
Para las Instituciones Particulares de Educación es inquietante que la Secretaría de Educación Pública, de quien dependen las políticas educativas del país, no defienda su esfera de responsabilidad dentro de la administración pública, salvo que exista una colusión intersecretarial para acabar con la educación de calidad en el país a través de esta Norma impulsada por Alfonso Guati Rojo Sánchez, quien así nos lo demostró desde el primer momento.
La afectación económica por el dispendio de recursos económicos que no canaliza la SEP a las escuelas dependientes del gobierno, ha provocado una disparidad en la calidad de estas últimas y la decisión pareciera ser, tanto por la SE como de la SEP, en lugar de mejorar a las escuelas del gobierno, perjudicar a las particulares para detener el progreso de la sociedad y crear gente que mendigue los recursos federales que provienen de nuestros impuestos que, prepararlos para un mejor futuro.
