- Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de ICC México explica que destruiría un camino de 27 años de formación de estos órganos colegiados técnicos que precisamente evitan la interferencia política
Ciudad de México.- La International Chamber of Commerce (ICC) México considera que la reforma constitucional propuesta por el senador Ricardo Monreal para modificar el artículo 28 constitucional y crear un super organismo regulador que absorbería a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros reguladores sectoriales, acarrearía más riesgos que los beneficios económicos por los cuales se plantea generar una nueva entidad.
Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, destaca que el mayor riesgo sería la transformación de estos órganos técnicos en instrumentos políticos, siendo que mucho trabajo y esfuerzo costó darles ese carácter técnico de alta calidad.
El representante empresarial recordó que otros países adoptaron estas medidas con la premisa de la austeridad cuando sufría problemas de presupuesto, como ocurrió en España en 2013, cuando se integró la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que absorbió a la Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria y se ahorraron más o menos unos 3 millones de euros.
“El ahorro fue realmente menor, pero el costo de hacer todos los cambios y el estrés que le causaron a las instituciones fue muy grande y en México lo sería mayor cuando en estos momentos estamos viviendo una pandemia, estamos enfrentando un reto muy grande y poner a estas instituciones en un proceso de cambio para ahorrar una cantidad menor, no lo vemos justificado”, expresó.
Flores Bernés destacó que probablemente el ahorro no es mayúsculo y que por lo tanto no vale la pena, tomando en cuenta además el peligro de que el Senado proponga a los comisionados y los nombre el presidente. Esto significa que podrían nombrar a cualquier político que ellos consideren que cumple con los requisitos y convertir a la Cofece, IFT y la CRE en un órgano político y no técnico como lo son hoy.
Resaltó, ante todo, las muy poderosas facultades que tienen tanto la Cofece como el IFT para presentar querellas ante la Fiscalía General de la República, para aplicar sanciones de millones de dólares, para inhabilitar a personas para que puedan ejercer cargos de consejero, de gerente, de representantes de empresas hasta por cinco años, para ordenar la desincorporación de activos, y pueden inclusive ordenar que se desconcentren empresas.
“Quien tenga ese poder en las manos debe ser una persona con una gran experiencia en la materia de competencia económica y, que tome decisiones colegiadas con un grupo de personas, pero con conocimientos técnicos y, sobre todo, recalcaría esta palabra: se requiere de técnicos y no de políticos en esos puestos”, añadió.
Porque para Flores Bernés, si se toman decisiones políticas y el día de mañana la política cambia, será una veleta y reflejará las molestias o preocupaciones temporales de las personas; no se tomarán decisiones de largo plazo, que son importantes para mantener los mercados funcionando afectando a los consumidores y particularmente a los de menos ingresos que son los que sufren más cuando se viola la ley de competencia”.
La politización de estos órganos autónomos constitucionales a través de nombramientos a modo, destruiría un camino de 27 años de formación de estos órganos colegiados técnicos que inició con la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que eran órganos desconcentrados de las secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes, pero que con la reforma de 2013 se les otorgó autonomía constitucional y se estableció un procedimiento muy riguroso para la elección de los comisionados, que precisamente evitaba la interferencia política.
