- Se busca revocar el permiso e imponer una multa a Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., empresa que obtuvo la custodia de la estación migratoria por parte dle INM mediante adjudicación directa
Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que dieron inicio al proceso administrativo sancionador en contra de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.
La empresa está relacionada con el incendio que se registró el 27 de marzo en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 personas. En conferencia de prensa, la funcionaria federal dijo que la compañía está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaría desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente hasta febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada en todo el territorio nacional.
El Instituto Nacional de Migración entregó a la empresa el servicio de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el año pasado y por medio de una adjudicación directa, es decir, no hubo competencia con otras empresas.
La Fiscalía General de la República emitió ayer órdenes de arresto para seis personas, de acuerdo con la fiscal federal Sara Irene Herrerías. Dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona que presuntamente inició el incendio. Precisó que cinco de ellos ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos de homicidio y lesiones.
TESTIMONIOS
Ordenaron no abrir las rejas, afirma abogado
El jefe de la agencia migratoria mexicana en Chihuahua, donde un incendio en un centro de detención mató al menos a 39 migrantes esta semana, fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos, según una denuncia presentada por un abogado que representa a algunas personas involucradas en los hechos.
El funcionario mencionado es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua.
El INM no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.
Al ser preguntadas al respecto, tanto la secretaria de Seguridad como la fiscal que lleva el caso indicaron que, hasta el momento, no tenían ningún testimonio que mencionara esa supuesta llamada.
Según la denuncia, presentada por el abogado Jorge Vázquez Campbell, el funcionario presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.
Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos, por lo que la investigación federal está centrada en las razones que motivaron este comportamiento. Además de los muertos, casi una treintena de personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.
