- A partir de dichos del presidente del Congreso bajacaliforniano, mencionan que cada legislador pudo haber recibido un millón de dólares
Ciudad de México.- El candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de la ampliación «arbitraria» del periodo de gobierno de Jaime Bonilla, de dos a cinco años.
El integrante de la DNE del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila, detalló que la denuncia se sustenta en posibles sobornos a los diputados que avalaron la reforma, pues «se especula que se pudo dar de un millón de dólares por voto a cada uno de los legisladores».
Mediante un comunicado, advirtió que este instituto político hará todo lo posible para detener esta «contrarreforma» político-electoral, «nos queda muy claro que es un laboratorio para el partido de Morena».
En su opinión, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, está detrás de la acción, «lo que quieren es conocer cómo respondería la opinión pública si lograra pasar esa reforma y lo que estamos haciendo es combatiendo eso».
Ávila Romero destacó que la fracción del PRD en la Cámara de Diputados ya interpuso un juicio político contra cada uno de los diputados que avalaron dicha reforma, y que su partido ha denunciado en todo momento que la candidatura de Bonilla violentó la normatividad electoral desde el momento en que es residente estadounidense.
Martínez Veloz pidió a su vez que se investigue la denuncia del presidente del Congreso de Baja California, pues opinó que dichas declaraciones tienen implicaciones de carácter delictivo.
«El presidente del Congreso de Baja California aseguró en una conferencia de prensa que el administrador de las aduanas de Mexicali, Alejandro Miramontes, le ofreció un millón de dólares», acusó.
Agregó que «un conjunto de funcionarios federales le ofreció la misma cantidad por concretar una reunión para que esto se aprobara antes del proceso electoral; no se hizo esa reunión que organizaría el presidente del Congreso, pero se realizó tres meses después».
También cuestionó que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, emitiera una opinión en favor de la iniciativa aprobada en Baja California, lo que calificó como riesgoso, cuando se habla desde ese cargo.
En tanto, el dirigente nacional, Fernando Belaunzarán, dijo que es difícil pensar que no hubo acuerdo con el gobierno del estado, ya que nombraron al «contralor carnal» en la misma sesión en que prolongaron el mandato de Bonilla.
«El presidente del congreso (estatal) tendrá que explicar el ofrecimiento que le hicieron de un millón de dólares y cómo fue que le llegaron al precio», expresó.
En ese sentido, pidió «congruencia al Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobierno para que la dependencia no sea ‘florero’ frente a esto, que tenga una postura clara para bajar esta iniciativa anticonstitucional, no se puede ‘lavar las manos'».
«Tenemos a un presidente que amenaza a los jueces por otorgar amparos, pero que no se mete frente a una violación constitucional, que además le abre la puerta para la reelección de facto», aseveró.
Finalmente, consideró que este hecho es un precedente para que cualquier funcionario pueda ampliar su mandato al margen de las urnas.
