- Destacaron que las Empresas de Redes de Transporte carecen de seguridad como lo demuestran el caso de Mara Castillo en Puebla y otros ocurridos cotidianamente
Ciudad de México.- Dirigentes de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos, AC (ANETAAC) y del Movimiento Nacional del Taxi (MNT), dieron a conocer que los prestadores del servicio de transporte de pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ganaron de forma definitiva el amparo en revisión 1132/2017, mediante el cual se obliga a las autoridades federales correspondientes a impedir el transporte de personas desde la estación aérea si no cuentan con el permiso o concesión federales, decisión que podrá replicarse en los estados de la República por los miembros de la ANETAAC.
Este hecho, sin embargo, provocó la reacción de las autoridades federales, las cuales mediante la Comisión Federal de Competencia Económica ahora presionan y combaten al gremio con acusaciones de monopolio en el transporte dentro del Aeropuerto Benito Juárez, por lo cual es “evidente el interés por introducir y legitimar a las Empresas de Redes de Transporte (ERT)” y el acoso del Estado Mexicano, a través de la COFECE, contra los transportistas permisionarios del servicio de transporte terrestre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que de ser necesario se defenderán en la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
En la voz del vocero del Movimiento Nacional del Taxi, los transportistas que prestan el servicio en los aeropuertos del país destacaron cómo existen convergencias de algunos sectores interesados, recientemente ahora también en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el fin de regular la prestación del servicio de empresas como Uber, Cabify, Buggy Rides, Taxifi, Taxibeat, Easy Taxi, Yaxi y Ergomotos, entre otras.
Esta arremetida en su contra, revelaron, la encabeza el diputado panista y empresario del transporte en Monterrey, Alfredo Rodríguez Dávila, junto con algunos de sus compañeros de partido y de Movimiento Ciudadano, quienes quieren realizar reformas legislativas a modo en la Ley de Aeropuertos y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
“Nos oponemos rotundamente porque nosotros somos permisionarios y concesionados como lo mandata la ley y nuestra Carta Magna. Nos oponemos a la ilegalidad”.
De igual forma demandaron al gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, revisar la situación jurídica y que se actúe conforme a derecho en el caso de los dirigentes Bersaín Miranda Borraz y Franklin Herrera Soriano, hechos presos desde enero pasado por luchar por la legítima defensa del gremio y el respeto al Estado de derecho en aquella entidad que también lucha contra las ERT.
Destacaron que estas ERT a las cuales “hoy han estado empoderando frente a los verdaderos trabajadores del servicio público de pasajeros, que somos nosotros, carecen de la seguridad que siempre han esgrimido sus protectores y aquellos quienes tienen intereses muy personales y claros para intentar legalizar lo ilegal”.
Insistieron en “el caso de la joven universitaria Mara Castillo, quien presuntamente fue privada de su libertad, violada y asesinada por el conductor de una unidad de Cabify en la ciudad de Puebla, donde el Estado es cómplice de este hecho por permitir que presten servicio sin estar debidamente regulados”, así como otros hechos que ocurren cotidianamente.
En el marco de Asamblea Nacional Extraordinaria de la ANETAAC, los taxistas de la República Mexicana dijeron que están a favor de la modernidad y la tecnología, que “incluso ya se adecúan aplicaciones para proporcionar servicio de transporte público a través de plataformas digitales, el cual debe ser brindado por las unidades de transporte reguladas y legales, que el mismo Estado concesiona desde hace más de un siglo”.
Y reiteraron que llegarán “hasta la última instancia legal como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en nuestra legítima demanda para exigir que se prohíba la circulación de automóviles que utilizan plataformas digitales para la prestación del servicio público de transporte, el cual por mandato federal debe ser concesionado, ya que de lo contrario el servicio que prestan es ilegal”.
Respecto del amparo ganado, agregaron que se trata del juicio donde se revocó la sentencia del Juez de Distrito en fecha del 18 de septiembre de 2017, donde el Tribunal Colegiado determinó que el acto reclamado a las autoridades quedó probado y consecuentemente están obligados a sacar a Uber y a las demás empresas que brindan el servicio a través de aplicaciones, del Aeropuerto de la Ciudad de México.
“Este recurso jurídico seguramente los compañeros de los demás aeropuertos tendrán la opción de hacer valer sus derechos conforme a este recurso ganado”.
Al referirse al tema de la seguridad, dijeron que durante estos casi 50 años los permisionarios en todos los aeropuertos del país no han cometido ilícitos “porque el ordenamiento en los aeropuertos nacionales e internacionales uno de los preceptos jurídicos es la seguridad de los usuarios, como una norma a nivel internacional.
“Sin temor a equivocarnos —expresó Gonzalo Ortiz Castelán— podemos decir que no ha habido ningún accidente, incidente o delito que vaya en contra de la seguridad de los usuarios en todos los aeropuertos del país. Cumplimos el concepto de norma de seguridad porque es un precepto indiscutible para ejercer nuestra prestación”.
Comentaron que en el AICM sus unidades cuentan con dispositivo GPS, de tal forma que cada servicio lo vinculan y pueden decir con toda certeza que hay seguridad para todos: el vehículo, el operador y destino para seguridad de los usuarios.
Explicaron que tan sólo ayer el titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que desde que entró la empresa Uber en la Zona Metropolitana de Guadalajara se han contabilizado 15 violaciones, mientras que en el sector transporte no hay un caso de violación o muerte en la historia de la Ciudad de México, “eso marca la diferencia en cuanto a la seguridad”.
Destacaron que de acuerdo con información no oficial, a la fecha hay más de 80 mil vehículos UBER en la Ciudad de México. “El dueño de la aplicación se lleva el 25 por ciento de los viajes que se realizan, contribuyendo así a su riqueza que sobrepasa los 70 mil millones de dólares y mucho producto proviene de México”.
Subrayaron que en otros países han sacado a Uber porque no hay corrupción e impunidad como la hay en México.
El sector transporte a nivel nacional, que somos muy importantes para la economía del país, estamos hasta la madre, cansados de la política corrupta de nuestro país y no lo vamos a tolerar.
“Queremos que la gente entienda que la diferencia de las tarifas entre esas empresas de transporte por aplicaciones y los transportistas concesionarios, es la corrupción, ‘no podemos dar tarifas baratas porque a nosotros el Gobierno nos impone el pago de todos los impositivos’, de cada peso que ingresan a través de los transportistas de los aeropuertos nos queda una utilidad de 16 centavos y con 16 centavos después no podemos vivir ni cambiar vehículo”.
Los transportistas hicieron varios llamados, uno de ellos fue para los congresos de los estados, al Congreso de la Unión y al Senado, para que por ningún motivo hagan y aprueben el traje a la medida de la ilegalidad “contra la que estamos luchando”.
Enfatizaron un llamado más al secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, diciendo que no sea que se vaya a salir de control el tema de Uber como ya ocurrido en otros países. No lo quieran disfrazar con que ya es una empresa ya aceptada porque es una aplicación de internet como Google y no tiene por qué dar servicio de transporte público. Que trabaje con los transportistas o esto se puede salir de control como en otros países. Las ERT son la ilegalidad, expuso Carlos Sosa Madrazo.
