- Han pasado siete años desde el derrame de 540 toneladas de desechos tóxicos en el cauce; los daños aún no se resuelven y la pandemia le ha dado otro golpe a la economía de los pobladores
Ciudad de México.- A siete años del derrame de 540 toneladas de desechos tóxicos al río Sonora por parte de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, los pobladores lidian con otro problema: la pandemia por COVID-19. Las actividades económicas y turísticas se desploman; la situación se torna grave, dicen.
Ante este panorama, los afectados por la contaminación aún tienen la esperanza de que el gobierno de la República inicie el procedimiento para la reactivación del Fideicomiso del Río Sonora y se les restituyan sus derechos a la salud y al agua limpia, como lo decretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2020.
Francisco Ramón Miranda, integrante fundador de los Comités de Cuenca del Río Sonora, habla de la lucha que mantiene junto a otros líderes.
Los activistas forman parte del movimiento comunitario organizado para exigir la solución integral y respeto a los derechos humanos tras el desastre ambiental provocado por Grupo México en Sonora el 6 de agosto de 2014, por un “fallo estructural” de la mina Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea. Se trata de la tragedia ecológica más grande en México.
Hace siete años, una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre, con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.
Un caudal de 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales, como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta llegar a la presa El Molinito.
Esto afectó a los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
De ahí que resultaron afectados alrededor de 23 mil pobladores de 38 localidades y algunas zonas rurales de la capital del estado que se bañaron con, y consumieron, agua envenenada.
Cientos de personas enfermaron, pero sólo se reconocieron oficialmente 381.
La exigencia por agua limpia persiste
Luego del derrame, entre las acciones para resarcir daños se anunció la perforación y equipamiento de 18 nuevos pozos, y la construcción de 36 plantas potabilizadoras.
Sólo se instalaron nueve de dichas plantas con la peculiaridad de separación de metales pesados; las móviles las ubicaron en Ures, Mazocahui, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi y fijas en Ures, Banámichimi y Arizpe. Ninguna funciona. Las instalaron, pero no les dijeron a los habitantes cómo operaban.
Por falta de interés y apoyo de los alcaldes, esta infraestructura está arrumbada en lugares públicos y estacionamientos.
Miranda expuso que es tal el desinterés de los distintos niveles de gobierno que han reportado la potabilizadora de Baviácora abandonada como chatarra en un taller mecánico.
Mientras tanto, los habitantes del río Sonora compran a 30 pesos el recipiente con 10 litros de agua purificada en las tiendas de conveniencia.
Persiste la promesa federal. El 4 de julio de 2021 surgió una luz de esperanza para que el gobierno federal obligue a Grupo México a indemnizar, reparar y resarcir daños causados con el derrame de sustancias venenosas a los ríos Bacanuchi y Sonora.
En la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cananea, la secretaria del Trabajo en México, María Luisa Alcalde, reconoció que la cuenca del río Sonora sufrió uno de los derrames tóxicos más graves que se tenga a la vista en la historia de México.
Ante esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) integrará más pruebas; por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estará monitoreando la actividad minera y la calidad del agua. Además, se dará seguimiento al procedimiento y reactivación del Fideicomiso del Río Sonora y serán revisados los pozos y las concesiones de agua, anunció la funcionaria.
Esperan que se atienda su reclamo
Los habitantes del río Sonora, a siete años del derrame, aún siguen esperando que las autoridades atiendan su reclamo y se obligue al emporio cuprífero a reparar el daño y restituya los derechos humanos al agua, la salud y al medio ambiente.
Miranda dijo que los pobladores no están en desacuerdo con la explotación de la minería, porque saben que representa fuentes de empleo, pero no concuerdan con procedimientos y descuidos que atentan contra la vida humana y el medio ambiente.
COVID-19, la otra muerte lenta
Habitantes de la cuenca del río Sonora dicen que la pandemia por COVID-19 les llegó “una tras otra”; ni siquiera pudieron reponerse de los estragos que les ocasionó el derrame de tóxicos cuando empezaron las restricciones ante el coronavirus.
“Tenemos 18 meses inactivos, hemos sido muy afectados en cuanto al tema económico, hemos tenido también mucho contagio (de COVID-19), no hemos escatimado recursos y trabajamos en forma coordinada con la Secretaría de Salud”, externó el alcalde de Baviácora, Francisco Huguez Martínez.
Este municipio de apenas mil 800 habitantes registra siete muertes por COVID-19 y 155 contagios de marzo de 2020 a la fecha.
Cuauhtémoc Navarro, propietario del Hotel San Francisco, lamentó el desplome del turismo, casi a 90%. Se quedó sin empleados y su familia se encarga de atender el hotel y el restaurante.
“Por órdenes del gobierno y la Secretaría de Salud estuvimos cerrados casi todo el año pasado y no te quitan el pago de la luz, no te quitan los gastos”, recriminó.
Rubén Darío vende productos regionales en el paso de la ruta del río Sonora, a la altura de la comunidad de Mazocahui, y reporta una severa caída en las ventas.
En esta región del Río Sonora van 27 decesos y 375 contagios. Las restricciones sanitarias continúan, mientras el programa de vacunación avanza.
Crean fideicomiso
El 11 de septiembre de 2014, Grupo México creó un fideicomiso por dos mil millones de pesos con el objetivo de remediar los daños ambientales y a la salud.
Luego, se cerró el 7 de febrero, cuando se habían gastado mil millones 250 mil pesos; se hizo de manera unilateral, sin consulta y sin haber cumplido la mayoría de los compromisos contraídos en el Programa de Remediación.
Corrupción y botín político
“La rebatinga”, eso pasó, expresó Miranda al referirse a los apoyos que se dieron como indemnización a los afectados por la contaminación. Se dieron apoyos por pérdidas económicas, tomas de agua y enfermedades.
Aún les duele que políticos, funcionarios y personas que no vivían en la zona lograran más recursos económicos que los propios afectados.
“Fuimos parte de un botín político, hacían como que nos ayudaban. Nos han usado en tres campañas políticas: los candidatos vinieron, todos prometieron, pero nadie nos ayudó”, acusó.
El integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora comentó que la infamia y el engaño están latentes, pues se les prometió la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora para monitoreo a la salud constante durante 15 años, pero en noviembre de 2019 el inmueble, en obra negra, se dio en comodato a la Guardia Nacional.
En un recorrido a los municipios afectados por la contaminación se encontró que el inmueble, ubicado en el municipio de Ures, está a medio construir, con divisiones en materiales de plafón por dentro, mientras los elementos de la Guardia Nacional tienen un campamento en unidades prefabricadas a pocos metros del lugar.
