- Durante este fin de semana fueron clausurados dos casas de apuesta o casinos en Matamoros y una empresa dedicada al reciclaje en Reynosa . Las tres operaban sin permisos estatales para sus operaciones y se presume que tienen vínculos con la delincuencia organizada
Reynosa, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas continua con la clausura de negocios que operan al margen de la legalidad y que representan una fuente de financiamiento para la delincuencia organizada y durante este fin de semana clausuró un casino, un centro de apuestas en Matamoros y una empresa dedicada al reciclaje establecida en Reynosa.
Inspectores de la Subsecretaría de Ingresos, de Protección Civil y de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), realizaron una inspección en la compañía «Recuperadora de Materiales”, ubicada en el Parque Industrial Moll de Reynosa.
La inspección en la empresa dedicada a la recolección de cartón, fierro, cobre y derivados no ferrosos, concluyó con la clausura del establecimiento por operar violando disposiciones en materia fiscal, de protección civil y de salud.
En “Recuperadora de Materiales“ fueron incautadas 129 aspiradoras de origen estadounidense, 19 cargadores para esas aspiradoras, 35 filtros canadienses, 900 cajas de motor estadounidenses y 2870 extensiones eléctricas de origen chino.
No se encontró documentación que acreditara la internación legal de estos artículos a territorio nacional.
Este sábado en Matamoros, personal de Gobierno del Estado llevó a cabo la revisión de dos establecimientos que operaban servicios de apuestas, uno de ellos que se hacía pasar por «cibercafé».
En uno de los negocios se encontraron 30 computadoras con juegos de casino por lo que fueron incautadas.
En el segundo negocio se desarrollaban apuestas en dos modalidades, la primera electrónica por medido juegos deportivos que se proyectaban en 23 pantallas, que fueron embargadas y adicionalmente se clausuraron 5 mesas de juegos de apuestas y una de ruleta en vivo.
El Gobierno de Tamaulipas reitera su compromiso de combatir el funcionamiento de establecimientos que operan al margen de la ley evadiendo impuestos y contribuyendo a otros delitos posibles como lavado de dinero o al servicio de grupos criminales.
