● Uno de cada dos consumidores adquirió voluntariamente algún tipo de producto
a sabiendas de que este era pirata durante los últimos 12 meses.
● El 9% de las personas que adquieren piratería reconoció algún efecto negativo
de salud o la ocurrencia de alguna lesión.
● Siete de cada diez consumidores compraron algún bien sin saber que este era
pirata,
La Confederación de Cámaras Empresariales(CONCANACO SERVYTUR), a través de
su presidente, Octavio de la Torre anunció que se articularán esfuerzos en conjunto con
la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la
Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para combatir la informalidad laboral,
la piratería y el contrabando de productos en todo el país.
El presidente dijo que, la Confederación es un puente para proponer y promover
acciones que fortalezcan la economía formal, al afirmar que se busca trabajar
estrechamente con diversas entidades gubernamentales para fortalecer la
competitividad del sector ante el daño que genera la piratería y el contrabando,
actividades ilícitas que afectan a los consumidores al no tener productos de calidad y
seguros.
Y es que, de acuerdo al estudio del Center for Anti-Counterfeiting and Product
Protection de la Universidad Estatal de Michigan, en México el 50% de los
consumidores adquirió voluntariamente algún tipo de producto a sabiendas de que este
era pirata durante los últimos 12 meses.
Además, de que el 9 por ciento de las personas que adquieren piratería reportan alguna
afectación a su salud, por lo que con PROFECO, trabajará en acciones coordinadas
para asegurar el cumplimiento de la normatividad; la cooperación interinstitucional es
vital para crear un entorno de comercio justo y seguro, protegiendo tanto a los
consumidores como a las empresas y negocios familiares.
Tema por el que se firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría, que
permitirá un acercamiento oportuno con los 4.8 millones de negocios familiares y
empresas que representa la confederación. Y es que siete de cada diez consumidores
compraron algún bien sin saber que este era pirata, es decir, fueron engañados, por lo
que es importante ejercer acciones coordinadas con la PROFECO en protección de los
consumidores y la economía familiar de las y los mexicanos.
En este esfuerzo se suman los trabajos que la Confederación Nacional de Empresarios
(CONCANACO SERVYTUR), realiza de forma conjunta con la Comisión Federal de la
Competencia Económica (COFECE), mediante un estudio que busca identificar las
prácticas desleales que son fomentadas por la sobre regulación en los tres niveles de
gobierno y que genera tanto informalidad como pobreza, incertidumbre y se traduce en
afectación a miles de familias en nuestro país.
Manifestó que, aunque una parte de los productos piratas provienen de regiones
asiáticas, es crucial entender que la problemática de la piratería y el contrabando no se
limita al origen del producto. La competencia de productos más baratos por subsidios,
triangulación de origen, subvaluación de valores para evasión de impuestos,
contrabando, entre otras prácticas llevan al cierre de negocios familiares y empresas
legítimamente establecidas, a la pérdida de empleos y a la degradación de la economía
nacional y local.
De acuerdo con el estudio de adquisición de piratería, las redes sociales constituyen el
canal principal de venta, seguido de algunas plataformas digitales que no tienen
sistemas de cumplimiento y los establecimientos físicos que se encuentran en las
principales vialidades de los municipios de nuestro país.
A su vez, con el IMPI se abordarán los temas de protección a la propiedad intelectual
de los productos. Con la ANAM, se debe buscar mecanismos que reduzcan el
contrabando, reforzando los controles y medidas en las aduanas del país, frenando el
ingreso y distribución de productos pirata y de contrabando, que no solo afectan a los
productores y comerciantes establecidos mexicanos, sino especialmente a la economía
familiar.
Aseguró que con Aduanas y el SAT, es necesario mejorar la gestión de riesgo, ya que
actualmente con el uso de la tecnología es posible identificar la trazabilidad del origen
de los productos ilegales que se introducen a territorio nacional, esto implica intensificar
inspecciones, mejorar los controles, detectar y ejercer las facultades de manera
eficiente para retirar del mercado los productos ilegales que ingresan a través de
diversos puntos de entrada al país y llevar revisiones posteriores a la entrada de
productos ilegales a territorio nacional a través de los mecanismos que tienen el SAT
actualmente.
“La informalidad y las irregularidades en la cadena de suministro, fomentan el acceso
fácil a productos ilegales en todo el país. Nuestra meta es coordinarnos con las
autoridades para buscar que de raíz se reduzcan estas malas prácticas y fortalecer el
comercio, establecido, formal y seguro”, apuntó.
Octavio de la Torre señaló que, trabajando en colaboración con la Secretaría de
Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y organismos internacionales se busca
colaborar en redes de apoyo que permitan a personas extranjeras que están realizando
actividades económicas lícitas en territorio nacional, contar con la legalidad y formalidad
necesaria que brinde una oportunidad de crecimiento para ellos y para las familias
mexicanas, pero aquellos que realizan actividades económicas ilícitas o sin el permiso
migratorio correspondiente sean retiradas de territorio nacional.
Asimismo, el ejercicio con la Secretaría de Economía, implica desarrollar políticas de
mejora regulatoria real para incentivar el crecimiento de los negocios familiares y
empresas en el comercio legal, democratizando los tratados de libre comercio en los
que México es parte, para ajustarlos a las necesidades que propicien el crecimiento de
nuestros nacionales y acoten las posibilidades normativas que aprovecha el Mercado
gris e informal de la economía.
Recordemos que la economía laboral informal en México,que es la mayoría con un
55%, es propiciada en gran medida por este tipo de actividades, que solo generan
pobreza en la población y en los municipios.
Finalmente, afirmó que el compromiso es con el fortalecimiento de la economía laboral
formal, la protección del comercio establecido y legítimo en México, así como el
derecho de las familias mexicanas a consumir artículos que cumplan con todas las
condiciones de seguridad y calidad que requieren.
Por lo que se promoverán acciones y colaboraciones que erradiquen estas malas
prácticas desleales, como son la triangulación del país de origen para evadir impuestos,
subvaluación de precios declarados ante aduanas, la piratería, contrabando y el
mercado gris, para asegurar un futuro más próspero y seguro para todas y todos los
mexicanos.