Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Blanca Anzaldúa, diputada de Morena en Ciudad Victoria, propone una acción legislativa que tiene por objeto establecer en el marco constitucional, jurídico y administrativo del Estado de Tamaulipas, la protección explícita de la integridad y seguridad personal del personal docente, directivo y de apoyo educativo; crear obligaciones de corresponsabilidad de las familias y autoridades escolares; regular protocolos obligatorios de prevención, atención y protección; garantizar mecanismos de defensa legal, apoyo psicológico y reparación integral para el personal agredido; y tipificar agravantes y sanciones administrativas y penales específicas cuando la violencia, la difamación o la extorsión afecte al personal educativo.
Dijo en la tribuna legislativa que va en aras de buscar la restauración de la autoridad y respeto al trabajo docente y proteger el derecho a la educación de la comunidad escolar: _ «Y para nadie es omiso reconocer que la violencia en las escuelas no se limita a simples agresiones entre estudiantes, ya que se ha evidenciado y documentado un incremento de ataques, presiones, difamaciones y extorsiones contra el personal docente, lo que afecta su salud física y mental, deteriora el ambiente escolar y reduce la calidad educativa. Por ello, con la presente acción legislativa se busca realizar un reconocimiento constitucional expreso del derecho de las y los docentes a la seguridad e integridad en el ejercicio de sus funciones, así como establecer la corresponsabilidad de madres, padres y tutores para actuar con respeto hacia el personal educativo.
Al mismo tiempo, se plantea que la autoridad educativa estatal, en coordinación con instancias de seguridad, desarrolle protocolos de prevención, denuncia, atención y protección, acompañados de una atención integral a víctimas que contemplen defensa legal gratuita, acompañamiento.
Consideró Anzaldúa Nájera que la implementación de estas medidas permitirá en el Estado fortalecer la seguridad y confianza del personal docente, reducir las agresiones, extorsiones y difamaciones en su contra, generar un mejor ambiente escolar que eleve la calidad educativa, así como dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y educación.psicológico y reparación del daño».
Asimismo, se propone incorporar sanciones penales y agravantes en delitos cometidos contra docentes, como lesiones, privación de la libertad, difamación o extorsión, cuando se difundan en redes sociales, así como responsabilidad administrativa para autoridades escolares y servidores públicos que incurran en omisión o negligencia.
En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades
educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente, mediante mecanismos de denuncia accesibles y confidenciales para garantizar el derecho a la integridad y seguridad personal de
las personas docentes, así como del personal de apoyo y asistencia a la educación.
El Estado garantizará la protección, la integridad, seguridad física, psicológica y moral de las maestras, maestros y del personal de apoyo y asistencia a la educación en el ejercicio de sus funciones, reconociéndoles el derecho a contar con mecanismos de defensa legal eficaces y oportunos frente a cualquier acto de violencia, amenaza, intimidación, difamación o vulneración de su seguridad derivado de su labor.
Por ello, las autoridades competentes deberán implementar medidas de prevención, atención y protección, asegurando el acceso a la justicia y la reparación integral del daño
