El Alcalde de Altamira usó recursos públicos para hacer campaña contra la oposición. Un presunto delito que no debe quedar impune.
Por Martín Diaz
Durante la reciente realización del programa “Día del Pueblo”—un evento de audiencia pública pagado íntegramente con recursos municipales, el la colonia Tampiquito en esta ciudad—, el munícipe transformó un acto de servicio en una plataforma de ataque electoral.
En lugar de dedicarse a la gestión, el funcionario usó el micrófono y el podio institucional no solo para criticar a la oposición con señalamientos de buscar “regresar al cochinero” y querer robar el “presupuesto,” sino que también defendió la continuidad del proyecto político actual(el suyo) . Este acto es una muestra descarada del uso de fondos públicos con fines proselitistas, lo cual constituye, presuntamente, un delito electoral.
Violación de Ley: Delito con Fondo Público
La ley mexicana es tajante. La conducta del alcalde encaja directamente con la sanción prevista en el Artículo 11, Fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE). Este precepto establece que comete un delito el servidor público que:
“Utilice los fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición con motivo de su empleo, cargo o comisión, para apoyar o perjudicar a un candidato, partido político o fuerza política.”
El “Día del Pueblo”—el tiempo, la logística, el sonido y el espacio oficial—es un “servicio” y un “bien” financiado por el erario municipal. Al desviar la finalidad social y legal de este programa para denostar a los adversarios y promover una postura política, el alcalde utiliza recursos públicos en una clara maniobra de guerra electoral, afectando la equidad de la contienda.
La Exigencia de la Acción Penal
Ante esta flagrante violación, la responsabilidad de sancionar recae en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). Es la FEDE la única autoridad facultada para investigar, perseguir y, en su caso, llevar ante un juez al servidor público que presuntamente cometió este ilícito.
No basta con una amonestación administrativa; el uso desmedido de los recursos ciudadanos para apuntalar agendas partidistas es un acto de corrupción que exige las consecuencias más graves, incluyendo la pena de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. La ciudadanía y las fuerzas políticas de Altamira tienen la obligación de presentar la denuncia.
Mientras los habitantes de Altamira pagan impuestos esperando seguridad, servicios y obras, él desvía esos recursos para financiar su guerra sucia y protegerse en el poder. Eso no puede ni debe tolerarse. La Fiscalía tiene la obligación de actuar ya. Si este delito pasa de largo, la impunidad gana y los ciudadanos quedamos como patrocinadores involuntarios de nuestro propio verdugo electoral.
