Por Oscar Díaz Salazar
En el gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, durante todo el sexenio, se realizó un esfuerzo metódico, constante, sistemático y consciente, para regresar al Estado el manejo de servicios, obras e infraestructura, que los gobiernos anteriores (neoliberales) habían privatizado, vendido, alquilado o cedido a particulares.
La compra de las plantas de generación de energía eléctrica que tenia Iberdrola; la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que estaba diseñado para ser negocio privado, pero con recursos y riesgo público; la compra anticipada y la cancelación de contratos de alquiler de varios Hospitales Regionales de Alta Especialidad; la creación del Banco de Bienestar con la construcción de centenares de sucursales propias; la cancelación de subcontrataciones de varios servicios, son solo algunos ejemplos del esfuerzo para desprivatizar o regresar al estatus de público, lo que fue público, se pagó con dinero de nuestros impuestos y se privatizó para beneficio de unos cuantos.
El debate relacionado con la eficiencia del sector público comparado con el sector privado, es un debate no concluido. Los gobiernos de derecha suelen preferir a los privados, postulan que el mejor gobierno es el gobierno en su mínima expresión y suelen luchar por estar en el gobierno, para desmantelarlo y hacer negocios con los bienes públicos. En contraste, los gobiernos de izquierda ven bien la participación del Estado en una amplia gama de asuntos, temas y servicios, que tienen que ver e inciden en el bienestar de la población y el desarrollo.
Hago esta breve reseña de un tema que se sigue discutiendo y que está íntimamente vinculado con el proyecto de nación que tiene cada fuerza política, -suponiendo que tienen un proyecto-, para decirles que la presidenta municipal de Tampico está gobernando como panista o priista neoliberal, quedándole a deber y defraudando a quienes votaron por la coalición que la postuló, integrada por Morena, Partido Verde y PT.
Lo digo por el afán privatizador de la presidenta Mónica Villarreal que en un año de gestión ya privatizó un amplio predio en el área de la Laguna del Carpintero, otro terreno municipal en un importante sector habitacional y en estos días amenaza y tiene la intención de concesionar el alumbrado público, para que sea un particular el que tenga el control de las luminarias, los postes y las redes eléctricas, lo que implica por supuesto una renta asegurada por varios años para el ganon que se quede con la concesión.
El problema con las concesiones de servicios municipales es que puedes conocer la fecha en la que reciben la infraestructura o la autorización para prestar un servicio, pero difícilmente puedes establecer cuando termina, porque los concesionarios suelen prorrogar indefinidamente la concesión, subcontratar, ceder o traspasar la concesión y demandar al gobierno, que termina por reconocer que le salió más caro el caldo que las albóndigas.
Como lo escribí antes, el debate sobre si es mejor el manejo gubernamental o empresarial sigue vigente, por lo que también será tema de debate si hace bien o mal la alcaldesa tampiqueña al privatizar el alumbrado ¿público?, más lo que si se puede afirmar es que va en contra de lo que propone el partido que la postuló, y que lo hicieron sabiendo que se trataba de una priista de la corriente neoliberal, que no tuvo la mínima contribución en el triunfo de morena en 2018.
