Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.- La orden llegó desde el ámbito federal y no admite
interpretaciones políticas ni márgenes de maniobra retórica: el Ayuntamiento de Ciudad
Madero debe cubrir un adeudo laboral que supera los 51 millones de pesos, resultado de
incumplimientos acumulados desde 2009. El laudo, dictado tras más de una década de
litigio, es una sentencia firme, obligatoria e irrenunciable, y hoy coloca a la administración
municipal frente a una disyuntiva crítica: cumplir sin comprometer la viabilidad financiera del
gobierno local.
Así lo explicó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Page, quien subrayó que el
problema no es la voluntad de pago, sino la forma de hacerlo. “El pago se tiene que dar
porque es una orden judicial, sino en hacer más amigable el pago y poderlo dar”, señaló, al
precisar que el tribunal ya requirió formalmente al municipio el cumplimiento del laudo por
un monto de poco más de 51 millones de pesos.
El funcionario reconstruyó el origen del conflicto: incumplimientos al contrato colectivo de
trabajo desde la administración municipal de 2009, una demanda interpuesta en 2012 por el
sindicato y un laudo emitido hasta 2021, que fue objeto de diversos recursos legales hasta
que un juez federal ordenó su ejecución definitiva. “Una vez dado un laudo, los derechos
por cuestiones laborales son irrenunciables”, enfatizó Marín Page, descartando cualquier
posibilidad legal de condonación o reducción del monto.
Frente a este escenario, la administración actual —que asegura haber cumplido
puntualmente el contrato colectivo desde 2023— propuso un esquema de pago diferido: un
primer abono de tres millones de pesos y 96 mensualidades de poco más de 500 mil pesos,
es decir, un horizonte de ocho años. La intención, explicó el secretario, es evitar un
embargo de cuentas públicas que “mermaría significativamente las finanzas de cualquier
ayuntamiento” y paralizaría proyectos estratégicos.
El riesgo es un embargo, advirtió, podría comprometer recursos destinados a obra pública,
estimados en alrededor de 220 millones de pesos. “Imagínense que se dejen de pavimentar
calles o de invertir en unidades deportivas por cubrir esto en una sola exhibición”, ilustró.
Sin embargo, el pasado viernes 30 de enero, el Cabildo no logró la mayoría necesaria para
avanzar en este esquema conciliatorio. La votación en contra incluyó a regidores de
Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de una abstención, lo que detuvo el
primer paso administrativo indispensable: la autorización del cuerpo edilicio para enviar el
acuerdo al Congreso del Estado, instancia que también debe avalarlo por comprometer
recursos de ejercicios fiscales futuros.
Marín Page fue enfático en que el Cabildo no vota si se paga o no la deuda —esa discusión
ya está cerrada por mandato judicial—, sino el mecanismo para hacerlo. “No es cuestión de
si autorizan un pago o no… es hacer más amigable el pago”, insistió, al señalar que pudo
haber existido falta de información entre algunos ediles.
Mientras tanto, el reloj avanza. El próximo 6 de abril está programada una audiencia
conciliatoria en el tribunal, en Ciudad Victoria, a la que el Ayuntamiento aspiraba llegar con
las autorizaciones correspondientes. De no lograrse, el tribunal podría avanzar en medidas
de ejecución forzosa.
El trasfondo político-administrativo es incómodo: el adeudo se gestó bajo varias
administraciones —de Sergio Arturo Posadas Lara a Adrián Oseguera Kernion— que, por
omisión o postergación, dejaron crecer una deuda originalmente menor hasta convertirla en
una carga millonaria. La administración actual, sostuvo el secretario, enfrenta hoy las
consecuencias de decisiones pasadas. “Se trata de una responsabilidad moral de hacer un
buen trabajo y una buena gestión como administración”, concluyó.
