Ciudad Victoria.- El PAN en el Congreso de Tamaulipas propuso al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que, en el marco del Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (BIENPESCA) remitan a este Congreso del Estado un informe actualizado y detallado sobre la integración, actualización y depuración del Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura; e informen sobre los pagos realizados, pendientes o suspendidos a las y los beneficiarios del programa, en el Estado de Tamaulipas.
Y que en el ámbito de sus atribuciones, garanticen la continuidad y oportunidad del apoyo económico a las personas beneficiarias que cumplan con los requisitos establecidos, evitando suspensiones injustificadas, así lo informó la diputada local Marina Ramírez Andrade.
Lo anterior, derivado de las quejas presentadas por productores pesqueros del Estado ante presuntas irregularidades en la operación del programa.
Así como los criterios administrativos aplicados para la validación o exclusión de productores, particularmente en el municipio de San Fernando, Tamaulipas; lo anterior, derivado de las quejas reiteradas presentadas por productores pesqueros del estado a presuntas irregularidades administrativas y operativas del programa.
Señala que en Tamaulipas, diversos municipios dependen de manera directa y significativa de la actividad pesquera y acuícola como una de sus principales fuentes de sustento y desarrollo económico, entre los que destacan San Fernando, Soto la Marina, Matamoros, Altamira, Madero y Tampico. En estas regiones, miles de familias han encontrado en la pesca ribereña y de pequeña escala no solo un medio de subsistencia, sino una actividad que, por generaciones, ha contribuido al desarrollo social, económico y cultural de las comunidades costeras del Golfo de México.
Acusó que durante los ejercicios fiscales recientes (2023—2025), productores del sector pesquero de Tamaulipas han manifestado de manera reiterada problemáticas relacionadas con retrasos prolongados en los pagos del apoyo económico; falta de claridad y certeza en los procesos de actualización y depuración del padrón; exclusiones sin notificación o sin fundamento claramente comunicado; así como obstáculos administrativos derivados de cambios en los mecanismos de validación, digitalización de trámites o coordinación interinstitucional.
Indicó la diputada de San Fernando que esas situaciones han generado incertidumbre económica en las familias que dependen directamente de esta actividad, agravando condiciones de vulnerabilidad en un contexto marcado por el incremento de los costos de producción, los efectos del cambio climático en las capturas y la reducción de oportunidades laborales alternativas en las comunidades pesqueras.
Señaló que es con la única finalidad de estar en condiciones de atender y realizar las gestiones necesarias para que los apoyos destinados al sector pesquero, efectivamente lleguen a las familias que se dedican a esta actividad.
