Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.
Para lograr formar profesionistas para un México más justo es necesario que las universidades tengan un papel decisivo en la lucha contra la corrupción, no bastan los discursos de voluntad individual, más bien hace falta transformar las condiciones donde se forman los futuros profesionales.
Pensar la ética como algo social y material —no como un sermón moral— implica que las instituciones educativas sean espacios donde se enseñen normas, se modelen prácticas y se creen incentivos para la transparencia y la responsabilidad pública.
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras casas de estudio nacionales, esto significa incorporar la ética aplicada en los planes de estudio, no como una asignatura aislada, sino integrada en todas las carreras.
Los estudiantes deben aprender a identificar conflictos de interés, comprender la importancia de la rendición de cuentas y practicar la transparencia en ejercicios reales, por ejemplo auditorías simuladas, proyectos de gestión pública y colaboración con organismos civiles que fiscalicen políticas.
Además, las universidades deben abrir datos y resultados de investigación, promover prácticas administrativas limpias y otorgar reconocimiento público a conductas responsables para que la ética deje de ser solo una buena intención.
A escala nacional, las instituciones deben impulsar la profesionalización del servicio público a través de convenios y pasantías con estándares éticos claros.
Estas experiencias laborales tempranas moldean hábitos: si los estudiantes ingresan a espacios donde la discrecionalidad y los valores son la norma, que reproducirán esas prácticas.
Por el contrario, prácticas formativas que privilegien la meritocracia, la evaluación objetiva y la transparencia contribuyen a crear cultura profesional diferente.
En cuanto al estado de Tamaulipas, las universidades estatales juegan un rol estratégico en el tejido local.
Entre ellas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puede asumir protagonismo como referente regional.
La UAT tiene la capacidad de integrar enseñanza, investigación y vinculación comunitaria para combatir prácticas patrimonialistas.
Programas de extensión universitaria que trabajen con municipios, formación en integridad para servidores locales y centros de investigación sobre gobernanza regional ayudarían a transformar la realidad cotidiana.
Otras universidades de Tamaulipas deben coordinar esfuerzos con la UAT para compartir buenas prácticas, crear observatorios de transparencia y ofrecer redes de apoyo a estudiantes que impulsen iniciativas ciudadanas.
La cooperación interinstitucional fortalece el impacto y evita la dispersión de esfuerzos.
Por lo que vale la pena resaltar que formar profesionales honestos y competentes exige más que lecciones morales, requiere cambios institucionales en la enseñanza, prácticas administrativas limpias y vínculos reales con la sociedad.
En México, la UNAM y las grandes universidades en mención pueden marcar el ritmo.
Por lo que una estrategia interesante para Tamaulipas es que la UAT pueda liderar un esfuerzo regional que involucre a todas las casas de estudio.
Solo así la educación universitaria cumplirá su promesa humanista de dignificar la vida pública y construir un Estado más justo para las futuras generaciones.
