Por José Gregorio Aguilar
Solo maestros en activo pueden participar; críticas por exclusión y preguntas sesgadas
El cuestionario que lanzó el gobierno federal como parte de la consulta para eliminar o transformar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) ya generó críticas entre docentes, pues únicamente pueden responderlo quienes están en funciones dentro de instituciones de educación básica, dejando fuera a jubilados, cesados o aspirantes que han vivido de cerca las fallas del sistema.
La dinámica exige ingresar con CURP y clave de centro de trabajo, lo que limita la participación a personal activo. “Esto está muy enfocado en quienes ya están en servicio y no atiende las problemáticas de admisión”, señaló una maestra en un video difundido en redes sociales.
Las preguntas del cuestionario también han sido cuestionadas por su planteamiento cerrado. La primera, por ejemplo, obliga a elegir entre aplicar un examen de conocimientos o regresar al viejo esquema de reparto discrecional de plazas entre sindicato y autoridad. “O examen o entrega de plazas, así de limitado”, ironizó la docente.
Otros reactivos piden definir qué actores deberían participar en la elaboración de los instrumentos de valoración, cómo elegirlos (por concurso público, convocatoria abierta o elección democrática), y qué aspectos deben evaluarse: desde conocimiento de planes y programas hasta habilidades de liderazgo y gestión escolar.
Incluso se plantea regresar a prácticas del pasado, como exigir un plan de trabajo y exposición de motivos para quienes aspiren a funciones directivas, lo que varios maestros consideran un retroceso.
El cuestionario también pide ponderar porcentajes para criterios como preparación profesional, antigüedad, examen y evidencias de trabajo, sumando 100 puntos. Sin embargo, se omiten factores como cursos extracurriculares, lo que fue señalado como una laguna importante.
Entre las preguntas finales, se consulta si los puntajes deben ser válidos durante todo un ciclo escolar, si los procesos deben ser en línea o híbridos, y si las vacantes deben publicarse de manera inmediata y transparente.
La última pregunta pide avalar la denuncia de actos de corrupción y falta de transparencia, con sanciones penales o administrativas. “Claro que sí queremos que se sancione la corrupción”, respondió la maestra, aunque advirtió que el cuestionario no atiende las fallas reales de admisión.
Con este instrumento, la consulta nacional sobre la desaparición de la USICAMM arranca con más dudas que certezas: participación limitada, preguntas sesgadas y un enfoque que deja fuera a quienes más han padecido el sistema
