- Fortalecen atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, para recuperar la tranquilidad y la paz del Estado.
Cd. Victoria, Tam.- La Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, exhortó a los Ayuntamientos del Estado, para que creen, modifiquen y/o actualicen reglamentos, así como las dependencias en materia ambiental, además aprobó reformas que contribuyen a preservar el orden y la tranquilidad social de la entidad.
Se consideró procedente que los Municipios modifiquen, creen o actualicen sus reglamentos o dependencias en materia ambiental, esto con el fin de generar las disposiciones normativas correspondientes, en aras de contar con un marco jurídico reglamentario, acorde a las necesidades actuales de la sociedad en dicha materia.
De esta forma, la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, establece que corresponde a los Municipios, la formulación, conducción, preservación, restauración, protección y evaluación de la política ambiental municipal, por medio de la aplicación de instrumentos previstos en las leyes locales.
Las y los legisladores locales, aprobaron traspasar una atribución de la Secretaría General de Gobierno a la de Seguridad Pública, referente a establecer y operar un sistema de información, así como plataformas informáticas compartidas, que contribuya a preservar el orden, la tranquilidad social, estabilidad y permanencia de las instituciones constitucionales del Estado.
Con esta acción, el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, constituyéndose como un elemento coadyuvante que afirma la seguridad, la tranquilidad y la paz del Estado
Al aprobar estas modificaciones, se atienden las demandas sociales en materia de seguridad y se refrenda el compromiso de trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo, apoyando su gestión gubernamental para hacer frente a los desafíos en esta materia.
Durante el desarrollo de la sesión, se aprobó devolver al patrimonio estatal el inmueble donado en el año de 1981 a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en virtud de que después de 37 años, la propiedad no ha sido utilizada para el efecto destinado, que era la construcción de oficinas públicas.
Cabe señalar que cuando se trata de inmuebles del patrimonio público del Estado, el donante tendrá en todo momento el derecho de exigir la propiedad del bien, si no se hubiese cumplido con los fines de su donación.
La Mesa Directiva, citó a sesión para el día 19 de junio, a partir de las 17:00 horas.
