- Envían dictamen al Ejecutivo federal para la publicación de reformas fiscales; empresarios lamentan aprobación y temen afectaciones
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen para combatir a las empresas “fantasma” y la defraudación fiscal con facturas falsas. El documento se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Con la mayoría de Morena y sus aliados, el dictamen considera los actos ilícitos contra el fisco federal como amenaza a la seguridad nacional, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa y se incluyen en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, tema en el que la oposición, sobre todo PAN, PRI y PRD, no estuvo de acuerdo.
Entre esos ilícitos están el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Los cambios adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes federales contra la delincuencia organizada y de seguridad nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal.
Lo aprobado establece como delito la defraudación fiscal cuando el monto supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del Artículo 108 del Código Fiscal, que actualmente se determina en 2.6 millones de pesos.
En tribuna, la diputada Paola Tenorio Adame, de Morena, sostuvo que la defraudación es un problema que afecta a todo el país, ya que frena el crecimiento de la economía, debilita a las instituciones e incrementa la desigualdad social. Y se estiman daños por 500 mil millones de pesos al año por estos ilícitos.
La diputada panista Patricia Terrazas Baca refirió que “esta propuesta es peligrosa y dañará los derechos fundamentales de los contribuyentes, enviando señales equivocadas que nada ayudarán a atraer la inversión”.
Por el PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán acentuó estar en favor de la recaudación y de combatir de manera frontal las prácticas nocivas, pero también consideró que la reforma atenta contra la presunción de inocencia.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, exhortó a las autoridades a “implementar la nueva legislación sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, no a los contribuyentes cumplidos”.
En la Coparmex prevén ampararse contra las reformas.
Avalan reformas contra el “huachicoleo” fiscal
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas leyes y códigos para combatir la defraudación fiscal, la facturación falsa y las empresas “fantasma”. El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, aclaró que lo aprobado no es violatorio de los derechos humanos y “va a terminar con el ‘huachicoleo’ fiscal”.
Los legisladores de todas las fracciones parlamentarias coincidieron en el propósito de combatir la defraudación fiscal, aunque no así en tipificar como delincuentes a quienes incurren en esas prácticas.
En el debate, el diputado Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que el dictamen no distingue entre contribuyentes y delincuentes. Su colega de bancada, José Elías Lixa Abimerhi, aseguró que comparten el diagnóstico, pero no el remedio, “porque no va a funcionar”. Y la priista Dulce María Sauri lo consideró “un verdadero despropósito”.
El dictamen a la minuta del Senado por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes federales contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, fue sustentado por el diputado Marco Antonio Medina Pérez. El legislador por Morena explicó que, con las reformas planteadas, se busca incluir la defraudación fiscal y la equiparada en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada. Y considerar como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal.
Medina Pérez detalló que las disposiciones contenidas en la minuta dictaminada de ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones.
“El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se tratan de combatir y castigar con las reformas propuestas”.
El legislador indicó que, para dimensionar la relevancia que supone el combate a la facturación falsa y a las empresas “fantasma”, es suficiente con remitirse a datos “preocupantes”, pues el daño por las facturas falsas y otros ilícitos asciende a 500 mil millones de pesos al año.
Si una empresa tiene empleados, contrata servicios, se dedica a una actividad productiva y comete un error, afirmó, habrá la consideración del mismo, pues la ley permite que la autoridad fiscal vaya contra las empresas sin empleados, que registran ingresos y gastos de millones de pesos y que están organizadas para defraudar al fisco.
Hacienda “será juez y parte”
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “será juez y parte” con la nueva ley para combatir la venta y compra de facturas falsas, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
“El problema de esta ley es que le permite a la Secretaría de Hacienda ser juez y parte”, dijo el vicepresidente del Comité nacional de estudios económicos del instituto, Mario Correa.
Señaló que, por eso, el empresariado se siente desprotegido. Y refirió lo que dice un viejo adagio: “Si eres juez y parte, seguramente no vas a producir buenos resultados”.
La posibilidad de la discrecionalidad es una de sus preocupaciones.
Por su parte, el presidente del IMEF, Fernando López Macari, contestó que esperan que se hagan ajustes en la reglamentación secundaria.
Manifestó su preocupación porque podría ser que todos los empresarios estarían sujetos a esa persecución con la nueva ley. “Por buena voluntad podrían caer en alguno de los supuestos señalados”.
Comentó que hay una serie de trabajos para concientizar, tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, de las acciones y el rango que pudiera tener una empresa sin que necesariamente se pueda tener un grado de supervisión que evite estas prácticas.
Empresarios analizan ampararse
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter, respondió que están en contra de las empresas factureras y a favor de que el Gobierno eleve la recaudación, pero la iniciativa fiscal mantiene muchos elementos de incertidumbre y de preocupación para la iniciativa privada.
Por eso subrayó que muchos particulares buscarían los medios de defensa a título individual contra los cambios. “Si más allá de este esfuerzo encontramos que el producto legislativo, la norma que va a entrar en vigor, afecta o vulnera el interés de las empresas, claro que estaremos apoyando a nuestros socios para que, a título individual, cuando lo consideren conveniente, planteen sus medios de defensa”.
Se mostró preocupado por el hecho de que un contribuyente por error, sin ser una empresa facturera, pueda colocarse en un supuesto de ser considerado parte de la delincuencia organizada. Además, el incremento en las retenciones de impuestos para los pequeños ahorradores, la cancelación de los sellos digitales y que los profesionales de la contaduría, del derecho y las empresas ahora estén obligados a reportar por anticipado sus estrategias fiscales, aunque éstas sean legales y legítimas. En todo esto, consideró, “se está creando una especie de inquisición fiscal”.
Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, consideró excesivo que se considere la emisión de facturas falsas como amenaza de seguridad nacional, ya que si bien hieren la recaudación, no ponen en riesgo la estabilidad financiera ni económica del país.
Los juicios de amparo, explicó Luis Curiel, presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), se darían hasta que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.
