La Legislatura 65 aprobó reformas, que establecen hasta seis años de prisión y multa a quien altere, impida o restrinja de cualquier forma, el flujo de agua destinado al suministro de los usuarios del servicio público.
En su intervención en este importante tema, el Diputado Juan Ovidio García García, puntualizó que era imperante contar con la regulación penal necesaria que permita la protección y garantía de derecho humano al agua, sobre todo ante aquellas conductas que vulneren o transgredan esta prerrogativa.
Comentó que entre las acciones establecidas en el Código Penal para el Estado, se sancionará también con hasta seis años de prisión, a la persona que sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por la autoridad competente o sin cumplir con los requisitos que establece la Ley de Aguas de Tamaulipas, sustraiga o se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica de propiedad municipal o estatal para uso comercial y de servicios o industria.
El legislador local, manifestó que el vital líquido es un recurso natural limitado e imprescindible para la vida y salud, ya que, además de ser una necesidad colectiva, básica y fundamental, es considerado un requisito indispensable para la realización de otros derechos.
“Por lo cual resulta necesario llevar a cabo todo tipo de acciones tendentes a su protección, cuidado y conservación”, precisó.
