Ciudad de México.- Luego de una sesión que superó las cinco horas, y con más de 64 intervenciones en tribuna, la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular la Ley de Seguridad Interior, que regulará la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de apoyo a las policías estatales y municipales para preservar la seguridad pública en el país.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Encuentro Social hicieron mayoría en la votación en lo general y sumaron 248 votos a favor del dictamen, contra 115 votos en contra y 48 abstenciones.
“A 11 años de que los militares llegaron a las calles, se requiere dar orden a través de un marco legal que dé certeza a su actuar”, aseveró el legislador Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde.
La Ley fue aprobada un día después de que el Presidente Enrique Peña Nieto le pidiera al Congreso atender con urgencia esta iniciativa para darle certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad.
La Ley de Seguridad Interior destaca que la aplicación de la ley le corresponderá a las fuerzas estatales y federales y que sólo “cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas”.
Establece también que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrá exceder de un año.
“Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad”, detalla el Artículo 15 del documento.
La ley aprobada por los diputados precisa que las movilizaciones de protesta social o de carácter político-electoral “que se realicen
pacíficamente” bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Renault, manifestó su profunda preocupación por la aprobación de la Ley y calificó lo sucedido como un retroceso en materia de derechos humanos.
“Tenemos claro que cuando un marco legal regula la actuación no de la policía sino del Ejército, para realizar funciones de seguridad pública, es porque probablemente los cuerpos policíacos son débiles”, indicó.
La minuta fue enviada al Senado para su análisis y ratificación.
