Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Ciudad de México expresó su preocupación por la poca celeridad con la que las autoridades mexicanas han actuado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Luego de reiterar su solidaridad con los familiares de los jóvenes, la CIDH informó que en diciembre, el Mecanismo Especial de Seguimiento dará a conocer su informe.
«La CIDH lamenta que, a tres años de ocurridos los hechos, aún no se tenga conocimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos.
«La CIDH reitera su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI», dijo.
En un comunicado, la Relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, señaló que seguirán en el acompañamiento para que los padres de los estudiantes vean la justicia y «no cejaremos hasta encontrarla».
Por otra parte, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, destacó el actuar de los familiares pues gracias a ellos se mantiene viva la memoria de los normalistas desparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
«Ha sido gracias a ellos que se ha logrado abrir nuevas líneas de investigación con base en lo que indica la evidencia que se ha encontrado.
«Los familiares también fueron fundamentales en la creación de nuestro Mecanismo Especial de Seguimiento», indicó.
En el comunicado refrendó su apoyo y «renovamos nuestro absoluto compromiso con continuar apoyando a los familiares hasta que sepamos la verdad y se haga justicia. No hay otro final posible», enfatizó.
Recordó que a tres años, ninguno de los detenidos por el caso Iguala es procesado por desaparición forzada, y desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación contra los presuntos implicados.
«La Comisión recuerda que la desaparición forzada o involuntaria constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, que continúa perpetrándose mientras se mantenga la incertidumbre sobre el destino final de la persona desaparecida», explicó.
En ese sentido agregó que la obligación del Estado mexicano es agotar todas las líneas de investigación que se tengan y que han señalado los familiares para llegar a la verdad, «incluyendo aquellas que vinculen la posible participación de agentes estatales y fuerzas de seguridad en todos los niveles, así como todas las omisiones y las posibles obstrucciones a la justicia».
