Por Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- Con la instalación de la legislatura 66 empezará a delinearse un marco de justicia y se allana el camino para hacer valer la ley, confió la Consejera Jurídica de Gobierno del Estado Tania Gisela Contreras López.
“Creemos que es una legislatura que empezará a delinearse en un marco de justicia, en un marco de que pueda hacerse valer el marco legal”, refirió.
Con ello, dijo, el Congreso ha dejado de ser un espacio de blindaje y protección para quienes tienen cuentas pendientes con la justicia.
En ese sentido, reveló que la próxima semana se habrá de dar a conocer la agenda legislativa del Poder Ejecutivo en donde se plantean acciones y modificaciones sustanciales que deberán ser analizadas por los diputados locales.
“Ustedes saben que no se había podido transitar en la legislatura pasada en razón de la composición política, hoy hay una agenda legislativa del Poder Ejecutivo que conocerán en la próxima semana, y esta agenda propone acciones, modificaciones sustanciales que creo podrán ser analizadas a la luz de esta nueva conformación”, señaló.
“Lo que tenemos en puerta de manera inmediata es el marco de la reforma judicial, tenemos las entidades federativas seis meses para armonizarnos”, añadió.
Entre otras iniciativas, desde el Poder Ejecutivo, destacó que se impulsará la reforma al Poder Judicial así como el elevar a rango constitucional los derechos sociales.
Sobre la renuncia del fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda señaló que el Congreso del Estado para que emita la convocatoria correspondiente y se pueda designar a una persona que pueda llevar a cabo la responsabilidad constitucional para que se haga justicia.
“Habíamos exigido desde el inicio de la administración que en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se diera avance a todas aquellas carpetas en las que se señalaban a los anteriores servidores públicos, bueno esta decisión abre la posibilidad de que el congreso emita la convocatoria y se designe a una persona que pueda llevar a cabo esta responsabilidad constitucional y que se haga justicia”.