CONCEDEN A CORRAL IR CONTRA DUARTE Y ENTREGA DE 900 MDP

  • La PGR solicitará la detención inmediata para extradición del ex gobernador; la Federación haría llegar los recursos a más tardar la semana entrante

Ciudad de México.- Los gobiernos federal y de Chihuahua lograron un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos niveles que incluye la determinación de la Procuraduría General de la República (PGR) de llevar a cabo las solicitudes de detención con fines de extradición del ex gobernador César Duarte, así como la entrega de 900 millones de pesos (MDP) de recursos federales a la Entidad, una pugna que dio origen al movimiento Caravana por la Dignidad por parte del gobernante estatal.

La caravana que ha recorrido varias ciudades del país, llegó ayer a Cuernavaca,Morelos.

En un mensaje, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en presencia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que la PGR llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del ex gobernador César Duarte Jáquez “con el objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia”. Agregó que la Fiscalía estatal acompañará las 11 órdenes de aprehensión que se han girado.

Navarrete indicó que el acuerdo también incluye la disposición del Gobierno chihuahuense para permitir la reubicación del ex secretario priista Alejandro Gutiérrez, recluido en el Centro Penitenciario Estatal, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9, ubicado en Ciudad Juárez.

Gutiérrez, ex secretario general adjunto y operador financiero del PRI nacional, durante la gestión de Manlio Fabio Beltrones, fue detenido en diciembre, señalado por el desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua, para presuntamente redirigirlos a las campañas electorales.

Sobre la entrega de 900 millones de pesos convenidos a la Entidad, Navarrete aclaró que se deberá concretar a más tardar la semana entrante.

Navarrete Prida indicó que también existe el compromiso del Gobierno estatal de no presentar una controversia constitucional contra el esquema de entrega de recursos federales a ese Estado.

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