El profesor Manuel Hiram Granados Blanco, con trayectoria en la Coordinación Estatal de Inglés desde 2009, denunció públicamente irregularidades en su reasignación laboral, señalando directamente al coordinador estatal, Carlos Mares, por violentar sus derechos y negarse al diálogo.
Granados explicó que en 2018 dejó el salón de clases para asumir funciones de supervisión como responsable de sede en Victoria. Sin embargo, recientemente fue informado por el nuevo coordinador que ya no continuaría en ese cargo y sería reasignado como maestro en tres escuelas rurales del municipio de Padilla.
El docente manifestó que su inconformidad no es con el trabajo en comunidades rurales, sino con la decisión unilateral que desconoce procedimientos laborales y sindicales. “Los movimientos de personal requieren la presencia de delegaciones sindicales, y mi nombramiento original pertenece a Victoria Urbana”, subrayó.
Para sustentar su denuncia, citó la Ley Federal del Trabajo, artículos 33, 56 y 57, que establecen que el patrón no puede modificar unilateralmente las condiciones laborales en perjuicio del trabajador. Pese a ello, dijo, el coordinador insistió en el cambio sin atender sus argumentos.
Ante la negativa de diálogo, Granados decidió obedecer su nombramiento vigente y presentarse en la supervisión para firmar su diario. Posteriormente, se le notificó que se levantarían actas administrativas en el área de Padilla, a la que no pertenece, lo que calificó como un acto lamentable y contrario a la legalidad.
El maestro denunció que esta falta de humanismo y respeto contradice los valores promovidos por la actual administración federal. “Comparto este mensaje con la intención de que se escuchen las voces, se respete la legalidad y se privilegie el diálogo”, expresó en un video difundido en redes sociales.
Trasciende que el caso de Granados no es aislado, pues existen más quejas de otros docentes dentro del programa de inglés, aunque muchos no se han atrevido a denunciar por temor a represalias. Esta situación refleja una ausencia total de las autoridades superiores, que no han intervenido para detener las violaciones a los derechos laborales.
La denuncia busca abrir un camino para que otros maestros se animen a visibilizar sus casos y exigir que la Secretaría de Educación de Tamaulipas atienda las irregularidades. El llamado es claro: que se respete la ley, se garantice el diálogo y se ponga fin a las prácticas que vulneran la dignidad de los trabajadores de la educación
