Por José Gregorio Aguilar
La organización Mexicanos Primero considero que a menos de tres semanas de que concluya el ciclo escolar 2023-2024 la actual administración federal deja un enorme reto en el aprendizaje de estudiantes y docentes.
El derecho a aprender de cerca de 30 millones de estudiantes se vio duramente comprometido en el último ciclo escolar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ciclo escolar 2023-2024 estuvo marcado por el cambio de modelo
educativo, por nuevos libros de texto, la opacidad de la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes, una reducida inversión -96 pesos al año por docente- para la formación continua de maestras y maestros y afectaciones climáticas que resintieron los planteles por la precaria infraestructura escolar.
Al respecto, Mexicanos Primero se refirió a que la temporada de calor evidenció la precaria infraestructura escolar y de servicios básicos en 25% de las entidades del país que tuvieron que adelantar el cierre del ciclo escolar, establecieron la modalidad a distancia o modificaron el horario escolar por falta de agua o energía eléctrica como ocurrió en Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, Jalisco, Sonora, Durango y Guanajuato.
Oficialmente, las clases terminan en menos de tres semanas y se desconoce el resultado de la evaluación diagnóstica que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) aplicó al inicio del ciclo escolar y que permite detectar áreas de oportunidad y mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes.
Además, persiste la incertidumbre respecto a la participación de México en PISA 2025, para lo cual la SEP debe realizar la prueba piloto antes de concluir este ciclo escolar. Tampoco hay información sobre estrategias o acciones de mejora de los aprendizajes, derivadas de los resultados de PISA 2022 que se presentaron en diciembre pasado.
La polémica generada por los libros de texto gratuitos provocó que miles de estudiantes iniciaran el ciclo escolar sin libros. Fue el caso en el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Campeche, Querétaro, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes donde hubo retrasos en la entrega de entre 1 mes y hasta 5 meses que incluso motivó la recomendación de la CNDH 21/2024 para Coahuila y Chihuahua.
