Por Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- Aun cuando fue desde el pasado mes de septiembre que el Congreso del Estado anuló la venta de terrenos por más de 260 millones de pesos en Playa Miramar, las empresas que desarrollarían proyectos turísticos en dichos predios no se han manifestado al respecto, reveló la consejera Jurídica del Gobierno del Estado Tania Gisela Contreras López.
“Creo que también, nos atrevemos a decir, que desconocían en algunos casos cuál era el status del inmueble en el que se pretendía desarrollar y estamos a la espera de que ellos hagan alguna manifestación», refirió.
Y agregó; «pero han pasado ya dos semanas y hasta este momento no tenemos mayor noticia, lo que nos hace pensar que ellos también están conociendo las irregularidades con que se adquirió el inmueble y además con que fue autorizado por el Congreso el desarrollo”.
Sin embargo, la especialista en derecho admitió que los inversionistas podrían promover alguna acción legal para combatir la derogación del decreto por el que se autorizó durante la pasada administración gubernamental panista la venta de cinco terrenos en Playa Miramar.
“Hay un tiempo perentorio para que ellos promuevan juicios que pretendan combatir el acto del Congreso pero hasta este momento no hemos tenido notificación de alguno de ellos“, refirió Contreras López.
La Consejera Jurídica del Congreso del Estado recordó que las dos empresas, una de ellas del estado de Guanajuato y otra de Baja California, adquirieron cinco lotes los cuales están fraccionados en Playa Miramar; una de ellas refirió “por extraño que parezca”, se dedica prioritariamente al desarrollo de infraestructura hospitalaria y la otra al desarrollo de proyectos turísticos acuáticos.
«No hemos tenido respuesta por parte de las empresas, a partir de la revocación que hizo el Congreso del Estado se encarga la Secretaría de Administración y los representantes legales de Gobierno del Estado para continuar con los procesos de cancelación de la escrituración que se había hecho y hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta por parte de las empresas», recalcó.
Recordó que a partir de la revocación que realizó el Congreso del Estado se anulan todos los actos posteriores a la licitación que otorgó a las empresas la posibilidad de realizar los desarrollos, se escrituró incluso a favor de estas empresas; «y lo que sucede en este caso es que todos estos actos se anulan administrativamente y en ese proceso nos encontramos”.
Como se recordará, fue en el mes de febrero del 2022 cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria para participar en la enajenación de los inmuebles de 5.8 hectáreas.
El ocho de marzo se dio el fallo y se vendieron tres lotes en 158 millones de pesos a pagar en ocho años y tres de gracia, comenzando a pagar en 2025.
Después de esa primera operación posteriormente se comercializaron dos lotes más en 106 millones de pesos bajo las mismas condiciones que los primeros tres lotes, por lo que también se comenzarían a pagar en el año 2025.
