- Las pruebas acusan el Cártel de Tijuana con la complicidad de funcionarios de la fiscalía estatal. La CNDH y la FGR han cerrado los expedientes; la justicia está en manos de quienes él denunció
Ciudad de México.- Tras sentar a dos de sus hijos en la parte trasera de su automóvil, Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta de Tijuana, se instaló frente al volante y le dispararon en cuatro ocasiones.
Su asesinato sigue impune a 17 años de los hechos en Baja California, el 22 de junio de 2004. Su crimen confirmaría que sus reportajes pusieron al descubierto el ADN del Cártel de Tijuana.
La Alianza de Medios Mx documentó que a pesar de existir pruebas de que el homicidio fue cometido por integrantes de la delincuencia organizada, la FGR desechó el caso y ahora sólo está en manos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, dependencia que Ortiz Franco exhibió en torno a la complicidad con grupos criminales.
Tampoco han ofrecido pruebas de avance la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Secretaría de Gobernación, que han sido notificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el procedimiento que se sigue contra el Estado mexicano ante el organismo por la ausencia de justicia.
Arturo Villarreal Heredia, quien es uno de los señalados del asesinato del editor del semanario Zeta, Francisco Ortiz Franco, fue sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos por su relación con el tráfico de drogas. Sin embargo, su sentencia se reduciría al colaborar con las autoridades de ese país. Y, como adelantó en los primeros meses de 2018 el Semanario Zeta, Villarreal Heredia prepara su regreso a México en libertad, a partir de la tramitación, en ese momento, de tres amparos 740/2017, 755/2018 y 757/2018.
La Alianza de Medios Mx descubrió que, desde 2018, los abogados de “El Nalgón” han interpuesto 17 recursos, en su mayoría amparos indirectos (ocho en total), y ocho juicios de amparos en revisión. Tres de esos recursos fueron presentados este año.
Estos juicios han sido presentados en tribunales de cinco entidades: Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Nayarit. De acuerdo a la revisión de algunos de esos recursos, el narcotraficante ha buscado conocer todas las órdenes de aprehensión que hay en su contra para invalidarlas.
Y aparentemente lo consiguió: los documentos revisados en esta investigación muestran que sólo tiene vigente una orden de captura en el Estado de México.
Ninguna de las órdenes de aprehensión que existían en México contra Villarreal Heredia eran por el crimen del editor del Semanario Zeta, sino por su participación en el tráfico de drogas.
Francisco Javier Arellano Félix, sentenciado a 23 años en Estados Unidos por ser líder del Cártel de Tijuana, no ha tramitado algún recurso recientemente, y tendría vigentes cuatro órdenes de captura.
“Lo principal es que el hecho está relacionado con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de los Arellano Félix, y en este país es muy difícil que se investigue los asesinatos de los cárteles de la droga”, expuso Adela Navarro.
Más de seis mil días sin justicia
Francisco Ortiz Franco fue cofundador del Semanario Zeta en 1980, desde entonces se convirtió en editor y reportero. Desde el principio, los temas que abordaba se relacionaban a denuncias sobre abusos, corrupción y el entramado de intereses políticos en Baja California.
A partir de los años 90, la revista se convirtió en la única publicación en la entidad que ofrecía detalles de la presencia pública de la familia de los Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana. El trabajo de Zeta le valió, hasta ahora cuatro ataques y tres muertes, el primero contra su director, Jesús Blancornelas, en 1997. Un hecho por el que ninguna persona ha sido detenida hasta la fecha.
Así como era su pasión el periodismo, relató la viuda de Ortiz Franco, también cuidaba cómo investigaba y cómo publicaba.
Antes de ser asesinado, recordó, se sentía a salvo por su precisión y veracidad en lo que escribía.
“El me decía que esa era su pasión. En su momento cuando Zeta empezó a sacar notas muy peligrosas, yo platicaba con él y le decía, ‘sabes qué, no me gusta que estén escribiendo de esa manera, porque esos asuntos son muy peligrosos’. Y siempre él me dijo, ‘mientras estemos diciendo la verdad y mientras no estemos diciendo otras cosas que no son, a nosotros no nos va a pasar nada, porque nosotros siempre les hemos demostrado que lo que decimos se los comprobamos, no te preocupes, yo estoy seguro’”, relató Gabriela Ramírez.
Pero el 22 de junio de 2004 en Tijuana, un sicario le disparó a Francisco Ortiz Franco. Fue un ataque directo y bien planeado. Un sicario se bajó de una camioneta Grand Cherokee Limited 2000, con placas fronterizas, y en segundos le disparó al periodista.
En ese año el editor del Semanario Zeta hizo varias revelaciones sobre las operaciones del Cártel de los Arellano Félix. Dos de sus últimos reportajes se publicaron en abril y mayo de ese año, primero se tituló: “Asociación de Osiel Cárdenas con los Arellano. Fuga de película: Los Zetas desmoronaron control y vigilancia”, en el que ponía en evidencia, con detalles y materiales inéditos, no sólo el poder del grupo criminal, sino la corrupción en autoridades locales, y las razones del asesinato del entonces subprocurador Rodolfo Delgado Neri, quien se había negado a corromperse.
El segundo material apareció con el título: “Más de 70 mil dólares costaron las credenciales de sicarios del CAF”. Expuso, con todo y fotografías, cómo una célula de narcotraficantes compraron credenciales de policías judiciales del estado de Baja California.
“El asesinato ocurre a escasos 100 metros de la Procuraduría General de Justicia del estado, la parte investigadora en ese entonces, y el asesinato se da, al menos del lado de estos criminales, como una consecuencia a una publicación de Francisco Javier Ortiz Franco, donde revela los nombres y las imágenes de los nuevos miembros del Cártel Arellano Félix, que eran las células que entonces trabajaban para El Tigrillo. Entonces Francisco encuentra la información, con fotografías y nombres, y más o menos lugares de influencia en la ciudad, y operaciones criminales que realizaban en colusión con policías”, recordó Adela Navarro.
Al analizar la información, antes de publicarse, relató la directora del semanario, “en muchas de las fotografías las personas portan el mismo saco y la misma corbata, obviamente esto le llama la atención y empieza a investigar, y es cuando se da cuenta, y así se publica, que las fotografías les fueron tomadas en un mismo lugar, los citaron a todos estos criminales para que fueran a tomarse la fotografía, les pusieron el saco y la misma corbata a todos, porque les iban a tramitar credenciales que los acreditaran como policías judiciales del estado”.
Con toda esta información, subrayó la periodista, “tienes por todos lados, por la investigación que estaba haciendo Francisco, por el lugar en donde fue el asesinato, por las relaciones mafiosas entre criminales y policías, tienes a la procuraduría local inmiscuida”.
Después del crimen, la entonces Procuraduría General de Justicia del estado abrió el expediente 132/04/201, y al mismo tiempo la ahora FGR, en su área ahora llamada Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia el Organizada, abrió un expediente por tratarse del Cártel de Tijuana el principal sospechoso.
Comisiones de Derechos también cierran expedientes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente por el asesinato de Ortiz Franco, bajo el número 2004/2133/5/Q. Incluyó el caso en una Recomendación General, la número 17, en 2009, que nunca cumplieron las autoridades estatales y federales.
A pesar del incumplimiento, una solicitud de transparencia interpuesta por la Alianza de Medios Mx, fechada en mayo 2021, revela que el organismo considera el caso como “concluido”.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoció, en otra solicitud de transparencia, que no tienen un expediente abierto para dar seguimiento al caso de Francisco Ortiz Franco.
Conforme avanzaron las investigaciones, públicamente las autoridades reconocieron la participación del clan Arellano Félix, y como quien planificó la operación para matar al periodista, Villarreal Heredia
En el juicio en Estados Unidos contra el sicario se mencionó como principal responsable del asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco, pero sólo se utilizó como contexto de su capacidad criminal.
“El Tigrillo” y “El Nalgón” se declararon culpables en 2007 y ofrecieron colaborar con las autoridades estadounidenses. Desde entonces, las fiscalías mexicanas nunca reportaron algún interrogatorio a los dos narcotraficantes por el crimen de Ortiz Franco.
Tampoco hay datos disponibles en torno a que los investigadores hayan interrogado a personajes clave del el crimen, como por ejemplo el abogado David Valle y al excomandante José Encinas Filatoff, quienes se reunieron poco antes con el periodista, y el segundo tiempo después se sabría era aliado de los Arellano Félix.
A una solicitud de transparencia a la Fiscalía General de la República, tramitada en mayo de 2021 por la Alianza de Medios Mx, sobre la situación legal del expediente del periodista, la dependencia respondió que no cuenta con el legajo sobre el crimen:
“Tras efectuar una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos, no localizó registro de alguna indagatoria relacionada con los hechos de su interés, razón por la cual no se desprenden elementos que permitan atender el resto de sus requerimientos”.
Al insistir sobre la existencia de un expediente en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, el 2 de septiembre la institución respondió a esta Alianza de Medios Mx, en oficio FGR/UTAG/DG/004335/2021:
“En consecuencia y toda vez que se advierte que requiere información concerniente a un hecho delictuoso ocurrido en el Estado de Baja California, se hace de su conocimiento que la Fiscalía General del Estado de Baja California es la institución encargada de ejercer las funciones de investigación y persecución de los delitos ocurridos en dicha entidad federativa. Lo anterior, de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California”.
La Fiscalía estatal, a través de otra solicitud de transparencia, también fechada en mayo de este año, respondió que el expediente abierto hace 17 años “aún se encuentra en investigación”. Y al pedir conocer una versión pública de los documentos, dado el tiempo transcurrido, la autoridad decretó su reserva, ya que, argumenta, encuadra en el supuesto legal de que al darse a conocer “se obstruiría la persecución de los delitos aunado a que afectaría el debido proceso”.
Ante el ausencia de justicia y el riesgo de que el caso prescriba, el caso fue presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde 2019 las autoridades mexicanas se comprometieron a dar seguimiento, pero esto no ha ocurrido.
El costo por el crimen de Ortiz Franco, advirtió Adela Navarro, “más allá del semanario que seguimos padeciendo la falta de justicia y la pérdida de nuestro compañero, es para todo el gremio periodístico en México”.
“El problema que esta impunidad genera, es que cualquier persona, cualquier criminal, delincuente, cártel o crimen organizado se siente con la seguridad de que puede atentar contra un periodista o puede amenazar a un periodista, y no va a terminar en la cárcel, vaya ni siquiera lo van a investigar. Estos 17 años de impunidad afectan al gremio en general en México, a los mexicanos, y obviamente al semanario Zeta y a la familia de Francisco Ortiz Franco”, sentenció la periodista.
Por su parte, la viuda del periodista sostuvo que aún tienen esperanza de justicia, para recuperar la memoria pública de Francisco Ortiz Franco, porque ella y sus tres hijos “poquito a poquito hemos aprendido a que Francisco no esté aquí en la casa físicamente”.
“Nosotros sí queremos saber la verdad, queremos saber qué fue lo que pasó, qué motivó a esta gente para privarlo de la vida. Justicia a lo mejor la tenemos de otra manera, porque ya es imposible que se condene a alguien por el paso del tiempo, sí queremos saber esa verdad que muchas veces nos acarrea tristeza”, expresó Gabriela Ramírez.
-Si tuviera frente a usted a las autoridades, ¿qué le diría?, se le preguntó.
“Les diría que hagan su trabajo, que no se vuelva a cometer otra vez otra injusticia, porque es eso, al no hacer su trabajo como debe ser, pasó el tiempo y no se puede llegar a la justicia”, retó.
A Adela Navarro se le preguntó algo similar, ¿qué esperas del Estado mexicano? Y respondió:
“Por su puesto que espero justicia. Esperaría que el compromiso que hizo el presidente de la República, que hoy encabeza la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de hacer llegar la justicia, no nada más a los periodistas asesinados, que sí lo hizo, el presidente López Obrador siempre fue una persona cercana al semanario Zeta, como líder de la oposición, en muchos momentos tuvimos la oportunidad de platicar con él, y esperaríamos que cumpliera con esa promesa para los mexicanos, para México, y en el caso particular de Francisco de contribuir a que se haga justicia”.
«La única vez (que se comunicaron las autoridades) fue al segundo día que pasó el hecho de Francisco. Vino un ministerial por mí para llevarme al Ministerio Público, hice una declaración como víctima, pero de allí en fuera, jamás me han hablado».
- Gabriela Ramírez González, viuda del periodista.
IMPUNIDAD
Los dos autores intelectuales presuntamente responsables del crimen son Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, y Arturo Villarreal Heredia, “El Nalgón”. El primero, uno de los principales líderes del Cártel de Tijuana, y el segundo su amigo y sicario, ambos detenidos y sujetos a proceso en Estados Unidos en 2006. No obstante, las autoridades mexicanas no los han interrogado por el crimen del periodista.
Los documentos obtenidos por medio de zolicitudes de Transparencia por la Alianza de Medios Mx confirman de manera oficial que sólo permanece abierto el caso en lo estatal.
“El expediente en sí, no tiene nada”, afirmó Gabriela Ramírez González, viuda del periodista, y añadió: “Hay mucha frustración porque verdaderamente no se sabe nada, nada, nada. Sí da frustración, da coraje y mucho temor”.
En eso coincidió Adela Navarro: “Los avances que se hicieron en la investigación, incluso se proporcionan nombres de los principales sospechosos, las principales líneas de investigación, se hicieron en tres meses que el caso estuvo en la entonces Procuraduría General del estado de Baja California, luego transcurrido ese tiempo, la PGR ejerció su facultad de atracción.
“Pero si en lo local no avanzan las investigaciones por incapacidad o complicidad, ahora imagínate a casi tres mil kilómetros de distancia hacer diligencia desde la Ciudad de México hasta Tijuana, hasta donde nosotros supimos no hubo tales diligencias, no hubo encargos a la delegación de la PGR para que avanzara, a eso se debe la impunidad en el caso de Francisco, incapacidad e impunidad”.
