El tribunal de apelaciones del distrito quinto aprobó hoy la entrada en vigor de parte de la ley SB4 de Texas, que prohíbe las «ciudades santuario» y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida en ese estado sureño.
La decisión permite requerir a las cárceles locales cumplir las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque reduce «considerablemente» la obligación de estas prisiones, indicó a Efe la vicepresidenta de litigios del Fondo Méxicoamericano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF), Nina Perales.
«Debido a que estas detenciones son una cuestión de cumplimiento voluntario bajo la ley federal, lo seguirán siendo bajo las porciones de SB4 que entrarán próximamente en efecto», apuntó la letrada.
El panel de tres jueces del tribunal decidió que las ciudades o condados no pueden aprobar políticas que prohíban a las autoridades locales a proveer asistencia a los agentes federales.
Sin embargo, apuntaron en su fallo que la ley no puede castigar a aquellos funcionarios y empleados locales que critiquen la aplicación de la ley de inmigración, una de las medidas de la SB4.
Además, los magistrados continuaron bloqueando uno de los puntos más controversiales de esta legislación: las sanciones -entre 1.000 y 25.000 dólares-, despidos y penas de cárcel a los sheriffs y policías locales que apliquen políticas que protejan a los indocumentados de la deportación, como ocurre en las «ciudades santuario».
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, elogió la decisión del tribunal de apelaciones y predijo que la SB4 será «finalmente declarada constitucional y autorizada en su totalidad».
«Estamos complacidos con el fallo de hoy, que permitirá a Texas fortalecer la seguridad pública mediante la implementación de los componentes clave de la SB4», dijo Paxton en un comunicado.
El fiscal general estatal insistió en la idea de que la aplicación de la ley de inmigración «ayuda a prevenir que criminales peligrosos sean liberados» en el estado sureño.
Así, este fallo permite a Texas hacer cumplir las disposiciones básicas de la ley SB4 mientras estudia la decisión de una corte federal de San Antonio (Texas) que bloqueó la aplicación de esta legislación dos días antes de que entrase en efecto el pasado 1 de septiembre.
El magistrado, Orlando García, ordenó entonces el bloqueo temporal de la ley SB4, que obliga a las autoridades locales a colaborar con los agentes federales de inmigración y les permite indagar el estatus migratorio de cualquier persona en busca de indocumentados, incluso durante una parada por cuestiones de tránsito.
El estado de Texas decidió recurrir el bloqueo de su ley ante la Corte de Apelaciones del Distrito Quinto, con sede en Nueva Orleans (Luisiana) y que con una mayoría de jueces nombrados por los expresidentes republicanos George W. Bush y Ronald Reagan, es una de las más conservadoras del país.