- Santiago Nieto señala que pese al fallecimiento de Ruiz Esparza, la denuncia que presentó la Unidad de Investigación Financiera en su contra continúa
Ciudad de México.- Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, justificó la decisión presidencial para la extinción de la mayoría de los 338 fideicomisos que no tienen estructura orgánica en el país, al argumentar que en la administración anterior estos instrumentos se utilizaron mucho para actos de corrupción.
En entrevista con Notimex, precisó que «son estructuras jurídicas, mediante las cuales se utilizan recursos de varios frentes que son llevados a un fideicomiso en donde se distribuyen y, evidentemente, los fideicomisos son espacios para casos de corrupción de naturaleza política».
«Básicamente, en el sexenio pasado, vimos dos estrategias para generar actos de corrupción: la primera, con empresas fachada, tipo de estafa maestra o tipo corrupción en Pemex, en donde se generaban empresas fachada que eran contratadas por el gobierno», subrayó.
La otra mecánica, dijo, fue la generación de fideicomisos en donde es mucho más difícil el rastreo de los recursos y pueden tener movilidad, incluso de carácter internacional, y los ejemplos de estos casos fueron OHL y la contratación del Aeropuerto en Texcoco, el Tren a Toluca, el Viaducto Bicentenario.
Todos estos son productos de la incorporación de los dos modelos: empresas fachada, más factureras, más fideicomisos, recalcó.
Expuso que la UIF ha presentado dos denuncias ya sobre empresas, en particular sobre el caso de OHL y de Gerardo Ruiz Esparza -ex secretario de Comunicaciones y Transportes, recién fallecido-, y que están relacionadas con la construcción de fideicomisos para efectos de ocultar el flujo de recursos y los actos de corrupción política.
Cuestionado acerca de los fideicomisos, en específico en los cuales han detectado ilegalidades, respondió que «preferiría primero cruzar datos con la Secretaría de la Función Pública (SFP), para poder determinar en cuales existe corrupción».
«El Presidente lo que ha dicho, es que los fideicomisos en materia de tecnología y ciencia y salud persisten, en virtud de que estamos enfrentando una contingencia sanitaria global relevante, y es importante que el Estado mexicano cuente con los elementos para enfrentar la pandemia», añadió.
En el caso de la UIF, expuso, «lo que hemos estado haciendo, es trabajar con la SFP, con la Fiscalía Anticorrupción, para efecto de detectar los flujos ilícitos en fideicomisos».
Seguirá investigación del caso Ruiz Esparza
Santiago Nieto afirmó que a pesar del fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue titular de la SCT de 2012 a 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la denuncia que presentó la UIF en su contra no terminará.
«La investigación seguirá, puesto que la denuncia no era sólo contra él, sino de su entorno cercano, por lo que el proceso tiene que continuar. Nosotros seguiremos manteniendo la posición, y colaborando con la Fiscalía General de la República, para que los asuntos se judicialicen y lleguen hasta las últimas consecuencias», abundó.
Detalló que también se extinguirán los fideicomisos, debido a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido 40 recomendaciones, y hay varias de ellas que están relacionadas con cómo combatir el lavado de dinero en empresas o personas morales por un lado, pero también por estructuras jurídicas, las cuales particularmente son los fideicomisos.
Dos proyectos de ley en puerta
Sobre los proyectos de ley para mejorar el trabajo de la UIF, expuso que hay en este momento dos iniciativas en la Cámara de Senadores. La de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya ha corregido, por lo menos a nivel de Comisiones de Hacienda, el senador Alejandro Armenta.
Por otro lado, explicó, tenemos la Ley de Prevención para el lavado de dinero, en la Comisión de Justicia, que lo que hace es adoptar las recomendaciones del GAFI.
Dijo que México es uno de los 37 países que forman parte de GAFI, y «tenemos la obligación de generar una evaluación nacional de riesgo y actualizar nuestra normatividad interna en temas de capacitación, de actividades vulnerables, etcétera, con estándares internacionales. Ese será nuestro objetivo, y la Ley de Prevención está encaminada hacia ello», agregó.
