- Expertos coinciden en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados sobre la urgente necesidad de aprobar la Reforma Constitucional a los artículos 21 y 73 en materia de seguridad privada para mejorar este sector que genera el 2% del PIB
Ciudad de México.- La homologación de la legislación en materia de seguridad privada que involucre a los tres órdenes de gobierno y la coadyuvancia en labores de seguridad pública en casos de emergencia o desastres naturales son vitales para dar certidumbre a la inversión, impulsar la profesionalización de la industria, colaborar en la pacificación de nuestro país y con dicha certeza jurídica, ser un gran aliado en la reactivación económica y la recuperación de los empleos.
Armando Zúñiga Salinas expresó lo anterior como representante de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) en el Parlamento Abierto celebrado este mediodía por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, con la participación de expertos de los sectores de la iniciativa privada, académico y público, como parte del análisis del dictamen que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada.
El representante de las 32 organizaciones que conforman ASUME destacó que este sector —generador del 2% del PIB nacional— sufre de una legislación federal obsoleta y de una sobrerregulación estatal e incluso municipal que ha limitado su competitividad, al grado que han llegado a identificar 114 diferencias de trámites entre las entidades federativas sobre los requisitos que se solicitan para regular a las empresas de esta industria.
Esto ha traído como consecuencia incertidumbre jurídica y discrecionalidad, que se han traducido en constantes actos de corrupción y extorsión por parte de las mismas autoridades en estados colindantes, por lo que es urgente y necesario apostar por una ley que evite uno de los principales postulados del actual gobierno de la República, que es poner un alto a la corrupción, destacó Zúñiga Salinas en el foro coordinado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la colaboración de las diputadas Juanita Guerra, Martha Tagle y Ana Karina Rojo.
El titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ignacio Hernández Orduña aceptó que existe sobrerregulación y que las buenas prácticas existentes en algunos estados deben permear al resto a través de una ley general que se perfile tras la reforma constitucional analizada hoy.
No se trata de desaparecer a las autoridades locales, dijo el funcionario federal, sino tratar de establecer las funciones de la federación y lo que debe hacer cada entidad, y todo esto quede registrado en un solo padrón de empresas y un registro único de todo el personal de esas empresas con el fin de establecer la rendición de cuentas.
Jaime Domingo López Buitrón, presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio a conocer que desde ese órgano acompañaron a las 32 organizaciones de ASUME en la conformación del proyecto de ley, incluida la reforma constitucional, que sea armónica con las nuevas tecnologías de la información y que aclaré el rol de esta industria en el abatimiento de la inseguridad y que contribuya a la pacificación nacional.
Dijo que para el CCE son realmente preocupantes las condiciones de sobrerregulación, regulaciones asimétricas e incluso contradictorias entre la propia Federación, Estados y Municipios que tienen que enfrentar las empresas de seguridad privada y que esta falta de claridad jurídica y que implica en sí mismo, un alto grado de discrecionalidad, impide la expansión del sector a nivel nacional, lo cual atenta gravemente contra la libertad de emprender en esta área de la economía.
Héctor Larios Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, dijo que desde la sociedad civil expresó que les preocupa que la ausencia de una legislación homologada en materia de seguridad privada, siga generando descoordinación entre los tres niveles de gobierno y como consecuencia, se sigan dando espacios a la corrupción y la extorsión por parte de las mismas autoridades, todo ello, un campo de cultivo fértil para la operación impune del crimen organizado.
Y agregó que resulta alentadora la propuesta por estructurar un banco de datos que permitirá consolidar los Servicios de Seguridad Privada a la función de la Seguridad Pública; banco de datos que ofrecerá el registro de mecanismos de evaluación, certificación y verificación de los Prestadores de Servicios.
La experta en el diagnóstico, diseño, cabildeo, implementación y evaluación de estrategias jurídicas y legislativas, María de los Ángeles Fromow Rangel, aseguró que el sector ha trabajado en un nuevo proyecto de ley, incluida una reforma constitucional que permitirá un andamiaje jurídico armónico que atienda el rezago tecnológico, la obsolescencia de un modelo inoperante y apegado a la realidad como auxiliares de la seguridad pública, garantizando el rol de la industria de seguridad privada para trabajar de manera articulada contribuyendo a disminuir los altos índices de inseguridad que imperan en nuestro país.
“La industria de la seguridad privada demanda ser regulada de manera justa y efectiva, pues a través de este instrumento jurídico, se les dotaría de certeza jurídica para su operación y, en contraparte, a la autoridad federal, estatal y municipal, se le ofrecerían las herramientas necesarias para regular de manera eficaz a tan importante sector, para beneficio de los usuarios y la seguridad del país”, añadió Fromow Rangel.
Juan Manuel Hernández Niebla, consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California y presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la COPARMEX nacional expuso que no hay duda que la seguridad privada es una aliada en el combate a la inseguridad pública y a la impunidad. “Esa es y será nuestra tesis en COPARMEX. No se puede acabar con la inseguridad del país si no somos todos coadyuvantes y la seguridad privada es un aliado estratégico para disminuir los niveles de inseguridad”.
Y remató: “Considero que una nueva legislación permitirá enfrentar de mejor forma los efectos de la pandemia global que ha impactado a todos los procesos sustantivos de la sociedad, entendiendo el rol que tiene la seguridad privada para la continuidad de la operación de la sociedad”.
