- El nuevo implicado es de reciente ingreso en la Guardia Nacional y tiene alrededor de 23 años de edad; presuntamente actuó de forma unilateral en el incidente
Ciudad de México.- Apenas el sábado pasado se informó que el agente de la Guardia Nacional, presunto responsable del homicidio del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, fue liberado por un juez federal, ayer domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación penal contra un segundo integrante de este cuerpo de seguridad por dicho caso.
En audiencia ante un juez de Control federal, el Ministerio Público de la Federación expuso que el oficial de la Guardia Nacional disparó su arma y la bala penetró por el medallón de la camioneta en el que viajaban cuatro estudiantes; el proyectil se fraccionó en dos, y una parte lesionó a Edith Alejandra, mientras que el otro penetró por el cráneo de Ángel Yael causándole la muerte.
En el Centro de Justicia Federal, el imputado ejerció su derecho de 144 horas para que se decrete o no el auto de vinculación a proceso penal, mientras tanto el juez ordenó que permanezca en prisión preventiva en el Cereso de Puentecillas, en Guanajuato.
En los datos de prueba enunciados por la fiscalía se estableció que el guardia imputado bajó de la patrulla en la que perseguían a los estudiantes el 27 de abril en la comunidad El Copal, sede de la División de Ciencias de la Vida de la UG, y disparó con su rifle de cargo a la camioneta en la que se desplazaban cuatro alumnos.
El representante social formuló imputación en su contra por los delitos de homicidio calificado en agravio de Ángel Yael y de tentativa de homicidio contra los otros tres estudiantes. El nuevo implicado, se comentó, es de reciente ingreso en la GN y tiene alrededor de 23 años de edad; presuntamente actuó de forma unilateral en el incidente.
El sábado pasado, el primer elemento de la GN, señalado por la corporación como responsable del ataque a los universitarios, obtuvo el auto de no vinculación a proceso penal de un juez federal, quien a la vez decretó su libertad. Por esto, Norma Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos, padres de Ángel, manifestaron indignación por la resolución: «Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune», exclamaron.
