Por José Gregorio Aguilar
Desde el pasado mes de junio, la Contraloría del Estado dio inicio, de manera formal, a una auditoría a los capítulos del gasto público, adquisiciones, servicios y arrendamientos del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) cuya titular Brenda Denisse de la Cruz López, fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por nepotismo y malos manejos financieros
Norma Angélica Pedraza Melo, precisó que la auditoria al ITCA inició, luego de que la Contraloría estatal empezó a recibir quejas y denuncias en las oficinas de la dependencia, a través de buzones u otros medios que se han habilitado, precisamente para que la población en general esté en condiciones de dar a conocer, lo que a su juicio se esté haciendo mal por parte de los servidores públicos.
También aclaró que, de acuerdo al procedimiento que se sigue en la auditoría, si se identifican irregularidades e inconsistencias, quienes están al frente del Instituto dispondrán de un periodo para aclarar o solventar las faltas señaladas.
Aparte de estas revisiones, también se documentan otras que involucra el actuar de los servidores públicos en ese organismo dependiente de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien), pero que por el debido proceso, se tiene que cuidar las normas y formas para preservar esa información.
“Como órgano encargado de la prevención del gasto en la administración estatal, la Contraloría del Estado da paso a un periodo de planificación y ejecución del proceso de auditoría que si bien podría llevarse hasta septiembre conocer el resultado, lo que se pretende es aporte y respalde la investigación”.
Estimó que la auditoria al ITCA podría llevarse cuatro meses, cuyo resultado determina las acciones a seguir, ante la instancia que corresponda, según la gravedad de la falta.
La contralora advirtió que en caso de incumplimiento, la Contraloría presentará las irregularidades a la Dirección de Investigación y Anticorrupción e incluso, iniciar un procedimiento administrativo.
“Queda en ese terreno seguir profundizando en la realización de pruebas por una falta administrativa y en base a ello calificar; si es grave turnarla al Tribunal de Justicia Administrativa o si implica un delito, hacerlo del conocimiento a la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción”.
