Por José Ángel Solorio Martínez
Se están viendo lentos, el Congreso del estado -y sobre todo la nueva como pendular mayoría morenista- y el aparato jurídico de la IV de Tamaulipas -Atanasia Contreras desde la oficina del gobernador y su pareja el abogado Jorge Luis Beas desde la Secretaría General de Gobierno-.
¿Por qué no han anunciado sus esfuerzos -desde el 5 de junio, se supo que gobernaría Américo Villarreal Anaya, es decir, desde hace casi 100 días- por articular una reforma judicial no sólo para hacer más expedita y eficaz la impartición de justicia, sino para desmantelar la monstruosa entidad burocrática que ha sido el Poder judicial en los últimos 30 años en Tamaulipas?
¿Es posible impulsar un proyecto de sanación del Poder judicial, con el marco legal vigente?
¿Ya se incorporó a la ley local, como graves, los delitos de funcionarios cometidos en detrimento de los bienes públicos?
¿Está en la legislación local incorporado como infracción grave el fraude electoral?
¿Es viable construir una nueva moral republicana en los gobiernos estatal y municipal con el marco jurídico vigente?
¿Los órganos autónomos como la Fiscalía General, son colaboradores eficaces de un Poder judicial burocratizado y corrompido?
Sólo un dato -dice La Razón de Tampico-: la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, cerró el 2021 con 29 mil 30 averiguaciones pendientes de concluir.
Eso representa, dice el diario, la solución de sólo cinco de seis investigaciones penales, quedaron sin concluir
La justicia, es expedita, o no es justicia.
Es decir: los gobiernos estatales desde hace décadas, siguen debiendo mucho a la sociedad.
Sin duda: vivimos un estado de excepción -de permanente agobio-; a los impresionantes índices de inseguridad, se suma una red administradora e impartidora de justicia chafa.
Deplorable, si se toma en cuenta que Tamaulipas ha sido referente de violencia y de terror contra los ciudadanos provenientes de los potentes grupos antisociales que tienen su sede en la comarca.
¿Cómo ofrecer justicia -y no venganza- a los tamaulipecos en el caso de las decenas de panistas que saquearon el erario con un entramado de juzgadores, que se formaron en la práctica de una ética monetaria y no justiciera por lustros?
¿Cómo revisar los procesos penales construidos desde la Fiscalía a alcaldes de MORENA y a otros ciudadanos que aseguran fueron hostigados por ese órgano presuntamente autónomo?
¿Cómo regresar una auténtica independencia y autonomía de la Fiscalía, si la mayoría panista, apoyada por algunos legisladores de MORENA, aprobaron un ente -engendro, más bien- para salvaguardar la impunidad del gobierno que se fue?
La tarea es grande para doña Atanasia y su respetable pareja.
Los 730 mil tamaulipecos que votamos por AVA, demandamos eficiencia y atingencia en la propuesta para la renovación -en apego a la filosofía de la IV T- del Poder judicial y órganos autónomos que se deben encargar de otorgarnos a cada quien los que nos pertenece.
Dirán: apenas llevamos dos semanas.
Y es cierto.
Repito: son gobierno -en ciernes si se quiere, pero gobierno- desde el cinco de junio.
A los tamaulipecos, nos urge, porque hemos esperado más de medio siglo, que nos den soluciones y no pretextos para convivir y vivir en paz.
Si no pueden, que digan.
Jurisconsultos, de Tamaulipas con altos perfiles y grandes profesionalismos, pueden ayudar.
Sí: Miguel Gracia Riestra, Carlos Mora García, Jorge Castellanos, Ives Soberón Tijerina, Agustín Ávila, Antonio Huerta Ramos y otros, bien podrían ayudar a sacar el buey de la barranca.
