Por Martín Díaz
La mutilación de un video oficial reveló la enfermedad más grave de la política local: el poder que edita y manipula los medios de comunicación oficiales de las dependencias publicas
En la sesión de Cabildo de Ciudad Victoria del 4 de noviembre de 2025, el gobierno municipal volvió a exhibir su pulsión autoritaria. Tres regidoras denunciaron la manipulación del video oficial y las omisiones en el acta de la sesión anterior.
Lo que debía ser un registro de transparencia se convirtió en un ejercicio de censura.
La regidora Adriana Béjar detectó tres cortes en el video: fragmentos desaparecidos justo en los momentos donde cuestionaba la seguridad y el actuar del gobierno.
Cintia Barrios confirmó la mutilación: su intervención, partida en cuatro tramos que desfiguraban su sentido.
El síndico, Ernesto Ávalos, reconoció que el acta tampoco coincidía con lo expresado en la sesión.
Lo que quedó en las plataformas oficiales no fue una versión técnica: fue una versión a conveniencia del Alcalde.
El secretario del Ayuntamiento, acorralado por las pruebas, intentó justificar el desliz con un tecnicismo: “lo importante es la versión estenográfica”.
Pero la estenografía se construye con el audio, y el audio se origina en el video alterado.
Es decir: se borró una parte del Cabildo y se quiso aprobar el borrado.
Insistió en votar “para avanzar”.
Avanzar en la ilegalidad, certificar el error.
La síndico primera, Lili García, se amparó en el reglamento para no retirar el punto del orden del día.
El Cabildo resistió.
El acta no fue aprobada.
El episodio expone una violación directa al Código Penal de Tamaulipas, que sanciona la falsificación y alteración de documentos públicos (artículos 214 y 318), y al principio de fe pública contenido en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El video y el acta son instrumentos legales, no material propagandístico.
Manipularlos implica adulterar la memoria oficial y convertir la transparencia en simulacro.
El alcalde Eduardo Gattás, ya señalado por el Congreso por violaciones al Código Municipal, suma un expediente más a su historial.
No es una anécdota. Es un patrón: opacidad, control y censura.
El Congreso, que mantiene congelada la solicitud de revocación de mandato, es cómplice por omisión.
Acaso no habrá quién ponga freno a quién se encomienda a Dios para seguir violando las leyes terrenales.
