Por: Martín Díaz
Los cuestionamientos en torno al diputado local Humberto Prieto Herrera no surgieron de manera aislada ni pueden reducirse a una disputa política. Son señalamientos que se han ido acumulando y que hoy conforman un expediente público que exige algo elemental en el servicio público: explicaciones claras y documentadas.
El primer antecedente es la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos pagos de 200 mil pesos a Verónica Garza Ayala, esposa del legislador, por servicios de diseño web. Aunque se exhibieron facturas, el punto que sigue sin resolverse es de fondo: los pagos no aparecen registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, pese a tratarse de recursos ejercidos dentro del propio Congreso del Estado. A ello se suma otra interrogante clave: bajo qué criterios se determinó su contratación, qué alternativas se evaluaron y quién validó que dicho proveedor cumplía con los principios de legalidad, eficiencia y ausencia de conflicto de interés.
A este señalamiento se agrega una investigación reciente del medio Latinus que documenta que el consorcio familiar Humayna Construcciones habría obtenido contratos por más de 103 millones de pesos provenientes de administraciones del mismo partido al que pertenece el diputado. Nuevamente, el tema no es la existencia de empresas familiares, sino la coincidencia entre poder político, cercanía partidista y contratos de alto monto, sin que hasta ahora se conozcan públicamente los criterios de adjudicación, los procesos de competencia ni los dictámenes de control interno que avalaron dichas contrataciones.
En ambos casos, la discusión deja de ser mediática y se vuelve técnica. Para despejar cualquier duda razonable, no basta con descalificar los señalamientos como “ataques”. Resulta indispensable la presentación de actas de licitación, dictámenes formales de no conflicto de interés y documentación que explique por qué esas empresas y no otras fueron seleccionadas para recibir recursos públicos.
La pregunta que hoy empieza a tomar fuerza es inevitable: ¿estos casos son hechos aislados o apenas el inicio de una serie más amplia de señalamientos? La falta de claridad abre la puerta a que surja nuevo material que, de confirmarse irregularidades, podría tener consecuencias no solo administrativas, sino también políticas.
La transparencia es el único mecanismo capaz de cerrar este debate. Mientras los documentos no se pongan sobre la mesa, el escrutinio público seguirá creciendo, y eso pone en peligro el futuro político del Diputado Humberto Prieto Herrera.
Ahí están los datos.
Cada quien sacará sus conclusiones.
