POR José Inés Figueroa Vitela
Podría parecer incomprensible, pero en el ejercicio del poder y “la presentación popular”, todo tiene una explicación.
Ayer, los diputados locales de MORENA, que tienen el aval a la representación partidista, del gobierno interno panista, que domina la cámara, acusaron a los otros tres, cuya bendición de la dirigencia nacional no fue validada aquí, de estar al servicio de la causa oficial doméstica.
Lo hicieron al tenor de la aprobación, con dispensa de trámite, de un crédito por 4 mil 600 millones de pesos, solicitado por el gobierno del Estado, “para afrontar la contingencia derivada de la pandemia del COVID19”.
4 mil 390 millones del empréstito de marras, se aplicarán en: mil 882 millones para infraestructura urbana, mil 874 millones en infraestructura de salud, 300 millones en infraestructura hidráulica, 632 mil pesos en mobiliario y equipo, 78 millones en comprar terrenos y 254.7 millones en seguridad.
Los otros 210 millones, no explica la iniciativa, pero de seguro se irán en “el papeleo”.
La autorización del crédito requería el voto de las dos terceras partes de los integrantes del pleno, la que se logró con los 22 votos panistas, a las que -como ya es costumbre- se sumó el de la diputada de Movimiento Ciudadano, contra 10 votos de los siete morenistas presentes y tres priístas.
La semana pasada, el PAN y su aliada no completaban las dos terceras partes para hacer elegir a la nueva integrante del Consejo de la Judicatura, bajando de la orden del día ese tema; la falta de los tres morenistas ahora, sería argumentando aquel incidente.
Pero esta semana, no solo con su actitud abonaron a la elección aquella, ciertamente consumada ayer, sino que además dieron vía libre a la autorización del crédito y al cuestionamiento de sus pares, compañeros de sector y de partido, se dice.
Más aún, se aprobaron modificaciones de largo aliento al decreto 63-727, mediante el cual la pasada legislatura aprobó la operación de una empresa pública-privada que presente un servicio de red de seguridad estatal, mediante la renta de infraestructura de videovigilancia.
El diputado priísta TINO SAENZ, en su calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad se llenó la boca de razón propia, para decir que no se trata de un nuevo crédito o de un fideicomiso, “como el otro”.
La iniciativa original implicaba de entrada, en números cerrados, pagar el Gobierno del Estado 80 millones de pesos mensuales, 960 millones anuales o 5 mil 760 millones de pesos, por los seis años, plazo mínimo de la concesión, al “particular”, por rentar cámaras y un centro de monitoreo, que operarán las autoridades estatales.
Las modificaciones al decreto aprobadas ayer, precisan que se podrá incrementar la garantía o fuente alterna de pago; se amplía la vigencia del decreto hasta el 31 de diciembre del 2 mil 21 -es decir que su tiempo de aplicación podrá transitar la mayor parte del siguiente sexenio-, se ratifican todos los artículos aprobaron por los anteriores diputados y se reconocer y aprueban los instrumentos jurídicos celebrados.
El tema quedó “amarrado” para que no le pueda meter mano el nuevo gobierno, sea quien sea el que gane la elección gubernamental del 2 mil 22.
Los 7 “morenos” presentes votaron contra la dispensa de trámite, pero solo se abstuvieron a la hora de votar los cambios, así que no tendrán forma de reclamar luego lo que resulte de esto; menos el resto de los diputados, empezando por el “generoso” TINO.
Y júrelo, no saben ni cuáles son los instrumentos jurídicos celebrados que aprobaron y reconocieron, menos el contenido del resto del decreto, que evidentemente no es cosa menor.
Claro, sin soslayar las primicias que imponen las grandes prioridades del estado, en la preocupación ciudadana y en la ocupación institucional, como lo sigue siendo la seguridad pública, potenciado con el dolor de cabeza que es para todos, al menos, la pandemia.
El diputado Presidente, GERARDO PEÑA FLORES lo definió así en tribuna:
Es el momento más importante como legislatura. Invitarles, a anteponer el interés de Tamaulipas, antes que ningún cálculo o costo político. Los tamaulipecos están en altísimo riesgo ante covid19 y esperan de sus poderes, estar a la altura del momento. El Estado nos necesita.
“No quiero pensar en que, vayan oponerse al ejecutivo para hacer frente a esta circunstancia inédita… cómo ver a los ojos a quien pierda un ser querido”, expresó a sus pares, entre ponderaciones a la “actitud política atinada -del Gobernador-, de decisiones preventivas, ayudando a contener velocidad de contagios que invariablemente van a suceder”.
En el horizonte mediato, la pérdida de empleo, muchos tamaulipecos sin ingreso, empresas cerradas, en quiebra y México, a los ojos de expertos, reptiendo lo que se hizo en lugares como España e Italia, donde la pandemia ha sido avasallante.
En ello la justificación a que los 4 mil 600 millones de nueva deuda no van solo a infraestructura y equipamiento de salud para la pandemia, sino que incluye obras y compras que generen empleo y flujo de circulante para reactivar la economía.
Para cerrar el tema de los contrasentidos en la Cámara, ayer se aprobó una iniciativa de la diputada PATY PI, de Movimiento Ciudadano, para exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado (sic), a proteger a los trabajadores afectados por la pandemia y conminar a los empresarios a no hacer despidos.
Primero se aprobó la dispensa de trámite y luego, en el acto la iniciativa misma, aunque no han una Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado; la denominación de marras es más bien federal y tal vez ello concito al aval de casi todos los diputados, menos los de MORENA.
Enseguida de la propuesta “emecista”, la diputada morenista EDNA RIVERA LÓPEZ presentó otra iniciativa en los mismos términos, aunque ella sí solo aludió a la Secretaría del Trabajo del Estado y a la Junta de Conciliación y Arbitraje para garantizar los derechos de los trabajadores desempleados con el COVID.
En su caso no solicitó “dispensa de turno”, así que se fue a comisiones “para su análisis y dictamen”.
Y ahora sí, sea por la semana santa, sea por el recogimiento necesario frente al amago del coronavirus, los diputados no tendrán sesión la semana entrante y convocaron a su siguiente plenaria hasta el 20 de los corrientes.
Mientras, en Nuevo Laredo, dentro de las acciones concurrentes par afrontar la crisis sanitaria, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR personalmente fue al Hospital General a entregar apoyos para la protección del personal y con el Director del nosocomio, JESUS GONZÁLEZ, se fueron a participar de las jornadas de sanitización de plazas públicas, emprendidas por su administración.
El primer puerto fronterizo sigue marcando la pauta; acá ya preparan la operación de una clínica una móvil Covid-19, en el estacionamiento ubicado frente a las instalaciones del Sistema DIF municipal, justo a lado del hospital general.
“Tendremos de 40 a 50 camas en este lugar -equipada con el personal y equipo médico indispensable para hacer frente a la contingencia-. Es un apoyo del Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, anunció el munícipe.
El estado también ha concurrido con los filtros sanitarios de los puentes internacionales y la exgarita del kilómetro 26, a los que se han sumado los aplicados por el gobierno municipal.
Amén de los permanentes llamados al autocuidado, entre las iniciativas del alcalde acordó apoyos con la CTM para trabajadores sindicalizados que se han quedado sin trabajo, a través del programa de empleo temporal e incluirlos en los programas sociales.
En Victoria capital, las vísperas se cerró la operación de diferentes comercios en torno del mercado municipal; los “cesantes” ayer estaban en masa, afuera de la presidencia, esperando al alcalde para que les dijera cómo van a cubrir las necesidades básicas de sus familias.
Se quedaron esperando respuesta.
