POR José Inés Figueroa Vitela
El miércoles de la semana pasada hubo sesión plenaria en el Congreso Local y al día siguiente, se boletinó una declaración del dirigente estatal del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Salud, proclamando que con sus pares, se sentían cobijados por los diputados.
Aludía, RODOLFO SIERRA, al dictamen aprobado por el pleno en la fecha, mediante el cual se dieron reformas legales, para agravar las sanciones a quienes agredan al personal de salud, como se ha documentado por otros rumbos.
El mismo jueves, por la tarde, se hicieron pruebas al principal funcionario operativo del Poder Legislativo, al presentar síntomas de haber sido infectado por el Coronavirus y desde entonces, hasta el viernes, fueron convocados todos los diputados y personal que tuvo contacto con aquel, para hacerse las pruebas.
El mismo viernes a primera hora se confirmó el sospechado contagio y empezaron a realizarse las demás pruebas, de las que, hasta ayer tarde, no había resultados oficiales. Según eso hoy se harán las notificaciones a quien proceda.
El diputado morenista reynosense, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, por redes sociales, desde el sábado exhibió el resultado del análisis que particularmente se mandó hacer, porque, dijo ahí, no confía en las instituciones públicas de salud. “No se siente cobijado” por ellas.
En cuanto fue notificado de la infección del Secretario General, ALFONSO GUADALUPE TORRES –señala- se dirigió al despacho ProLab, de Mc Allen, Texas, USA, donde se hizo los análisis, resultando negativo al contagio.
“La autoridad sanitaria pide aislamiento, pero la gente pide atención, no puedo dejarlos solos, que sea la voluntad de Dios la que me guíe, la que nos cuide a todos, mientras esté sano, seguiré apoyando, que sea lo que Dios quiera. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?”, escribió al calce de fotografías donde aparece en su ya tradicionales jornadas entregando apoyos sociales en populosos sectores.
Mientras tanto, la Junta de coordinación política del Congreso, presidida por el diputado panista reynosense, GERARDO PEÑA FLORES, anunció la decisión de posponer la sesión programada para esta semana, como medida preventiva.
“Un trabajador de este Poder Legislativo ha resultado positivo a COVID19. Estos estudios fueron recabados y posteriormente analizados en el Laboratorio Estatal de Tamaulipas, entregando los resultados este viernes”, acompañó el anuncio.
Igual iniciaron las acciones de sanitización, la cual sería la tercera ocasión en realizarse en todo el edificio, pues anteriormente como medida responsable se realizó esta acción en dos ocasiones.
Entre otros virus que agobian a los legisladores, está el de la “candidatitis”, misma que se ha estado complicando con el también mal endémico conocido como “fuego amigo”, que muchos aseguran, de amistoso no tiene un ápice y a ratos se confunde con el “fuego enemigo”, igual con signos de brote por estas fechas.
Las descalificaciones entre los pretendidos aspirantes de cara a las elecciones locales del año entrante, cuando se renovarán los 43 ayuntamientos y el Congreso Local, además de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, han ido subiendo de tono.
En ese ring no faltarán quienes quieran dirimir afrentas terciadas.
El confinamiento sanitario del Secretario General del Congreso Local por causa de la pandemia, se da en el peor momento, para el Poder Legislativo tamaulipeco.
Aunque desde el inicio de la legislatura se han ido sumando distintos procedimientos jurisdiccionales por variados temas, hoy mismo, de uno solo, son al menos cinco expediente a los que habrá que contestar y dar seguimiento en tribunales.
Son los referentes al crédito hasta por 4 mil 600 millones de pesos autorizados por el Congreso al gobierno estatal.
Existen tres juicios de amparo promovidos ante sendos juzgados de distrito por los morenistas Senador AMÉRICO VILLARREAL, diputado federal ARMANDO ZERTUCHE y un particular, así como otras dos controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte por los alcaldes de Madero y Güémez, “acompañadas” por el Senador Suplente ALEJANDRO ROJAS.
El jueves pasado la Suprema Corte de Justicia emitió las notificaciones de los acuerdos sobre esos casos.
En el de Güémez, le concedió cinco días a partir de que se haga efectiva la notificación, para que acredite la personalidad jurídica del alcalde para presentar la demanda, pues es una facultad propia del Síndico.
En efecto, las facultades le fueron conferidas al Presidente Municipal por el cabildo, pero para el desempeño de la función administrativa, más no así para representar del Ayuntamiento en los litigios, reza el requerimiento, antes de decidir sobre la admisión o desechamiento de este asunto con los elementos con los que obren en autos.
En el caso promovido por el ayuntamiento de Madero, se admitió a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia, porque no hace una argumentación exhaustiva sobre el interés legítimo en la impugnación del Decreto.
Se emplazó al Congreso, el Gobierno y el Secretario General para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído.
Igual la Suprema Corte dio vista a la Fiscalía General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda; igualmente, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si considera que la materia del presente juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su esfera competencial convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley.
La solicitud de suspensión provisional o definitiva, fue rechazada.
El caso al que aludió la diputada morenista CARMEN LILIA CANTUROSAS en su pleito con la priísta YAHLEEL ABDALA, sobre el tema aquel, como antecedente de que se puede echar abajo la autorización del crédito, cae en el mismo campo de las medias verdades con que se manejan ambas.
La constroversia 108/2015, procedente de Colima, en efecto motivó a la Suprema Corte a declarar improcedente la contratación de un crédito, pero su referencia era al 117 constitucional, señalando que en los tres últimos meses de la gestión, el gobierno no puede contratar deuda.
No será el caso particular tamaulipeco de ahora, pero habrá qué ver, la resolución de las instancias jurisdiccionales, respecto de los supuestos y potestades ventiladas en este racimo en recursos, a los que, por lo pronto, no podrá atender el Secretario General del Congreso.
Mientras tanto, el fin de semana volvieron a darse 85 contagios en un solo día, equivalente a la más alta cifra que unos días antes ya se había dado y que todo mundo espera sea ya el pico, a repetirse, eventualmente en esta semana, previo a la esperada curva descendente, para empezar a volver a “la otra nueva normalidad”.
Fuera de Reynosa, donde apenas empiezan a reportarse contagios en cifras parecidas a las de las otras grandes concentraciones urbanas del estado, en el resto la curva creciente se ha dado de manera natural, como para esperar el descenso igual, ordinario como se ha visto en otras partes del mundo.
Esperemos. Ya falta menos.
