POR José Inés Figueroa Vitela
Antes de concluir su primer mes como gobernador de Oaxaca, SALOMÓN JARA ya conocía de la renuncia del Fiscal General del Estado, ARTURO PEIMBERT CALVO y esta semana, abrió el Congreso Local con la convocatoria para elegir relevo.
En el Estado sureño, el Fiscal tenía dos años de ejercicio en el cargo, para un periodo de siete, pero ya no se entendió con el nuevo gobierno y dimitió al cargo.
En Tamaulipas, el Fiscal General IRVING BARRIOS MUJICA, va para siete años en el cargo y todavía le quedan cinco de ejercicio, con los acomodos que hizo su expatrón para ganar cotos de impunidad.
La diferencia entre Oaxaca y Tamaulipas no es solo la dinámica del calendario y la antigüedad en el ejercicio del cargo.
Las praxis en la persecución del delito que, acá se convirtieron más bien en ariete contra los adversarios, de manera especial contra quienes hoy ejercen el poder público, acaso sea la más notable de las diferencias.
Y sobre pasado, en el presente aplica la red de protección transexenal, que hoy le permite a los delincuentes gubernamentales del pasado reciente no solo gozar de una libertad inmerecida, sino acosar al nuevo gobierno buscando prolongar privilegios.
No pocos de los que, incluso antes de terminar el pasado sexenio ya había salido huyendo de la mano de la justicia, dejando abandonadas las viviendas que había ocupado en Victoria capital, empiezan a regresar, seguramente con la intención de retomar sus negocios torcidos al amparo del poder.
Pensarán que el principio de política aplicada, en materia de justicia, de aplicar estrictamente el rigor de la ley, es sinónimo de impunidad al amparo de recovecos legaloides.
Esto y aquello ha sido, principalmente, el factor que ha prolongado el establecimiento de un nuevo orden institucional, pero de manera alguna corresponde a la visión de concesiones a los delincuentes públicos del gobierno anterior.
Cumplir la ley, hoy, es respetar los procedimientos, los tiempos y las responsabilidades institucionales, a cabalidad; no hay división de poderes o entes autónomos hechos para la comisión de delitos.
Independencia no es impunidad, se dirá hasta la saciedad.
Los plazos se están cumpliendo y más temprano que tarde vamos a ver a los responsables de tanto saqueo, destrucción, atraso y persecución andar la ruta del cadalso.
La Consejera Jurídica del nuevo gobierno, TANIA CONTRERAS, recién anunció que a las 14 denuncias en las que aparecen 74 exfuncionarios como involucrados en presuntos delitos, se sumarán otras 18 en estos días.
Hace mucho que debió haber renunciado el Fiscal BARRIOS, como lo hizo el oaxaqueño, en el primer mes del nuevo gobierno; su partida, si no es que su consignación, vienen apareciendo inminentes desde hace rato.
Mientras eso sucede, lo menos que debe hacer es dar curso efectivo a las denuncias que están recibiendo… y esclarecer los delitos de alto impacto que se van dando y pretenden los panistas usar como bandera política.
Como bien lo proclamó el candidato al Senado del Partido Verde, MANUEL MIÑOZ CANO, hablando del feroz asesinato de su tía, la empresaria NENA LAVIN, quien estuvo casada con el hermano de su padre, LALO MUÑOZ ROCHA:
“Vivimos las consecuencias de la pasada administración estatal, donde el cabecismo, en lugar de dar soluciones de fondo a la seguridad ciudadana, se dedicó a perseguir opositores políticos y hoy sufrimos este estado de inseguridad”.
El abanderado el PVEM se declaró listo para sumar esfuerzos con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, si el voto ciudadano lo lleva el Senado, para seguir fortaleciendo el tema de la seguridad y la paz ciudadana.
En cambio, la abanderado panista que ayer pasó sin ver, ni ser vista, por la capital tamaulipeca, en lo que asegura es su campaña de proselitismo, siguió presumiendo de los logros, que a partir de ocultar hechos, tergiversar la realidad y maquillar cifras, hizo propios el gobierno panista.
Nunca, nadie les creyó mientras fueron gobierno y así se los hicieron ver durante las elecciones de junio del año pasado, pero ellos siguen ensimismados, repitiendo las mismas mentiras.
El diputado presidente espurio, MOYO GARCÍA, paisano de la candidata IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, salió peor, pretendiendo usar el tan lamentado crimen, como instrumento para sacar raja política.
Los victorenses, con efectivo pesar profundo y preocupación manifiesta, le reclaman al MOYO su silencio cómplice en el tema de la inseguridad y la simulación, cuando los CABEZA saqueaban las arca públicas y usaban a policías y fiscales para cometer delitos en contra de la ciudadanía.
Ni MOYO, ni IMELDA, tiene cara de presumir de logros en material de seguridad o denunciar hechos de inseguridad, viniendo de donde vienen, cuando hay movimientos ciudadanos y organizaciones internacionales señalándoles desde hace tiempo.
Ayer tarde, en conferencia de prensa conjunta, el Secretario de Seguridad Pública del Estado y el Fiscal General, dieron a conocer avances en la investigación de aquel homicidio, ofreciendo garantías de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.
Que así sea.
Dentro del sector público estatal y de los municipios, hoy reanudan las actividades ordinarias, luego de las vacaciones de navidad y año nuevo de que disfrutaron las últimas dos semanas.
En el caso del Estado recien se publicó el decreto mediante el cual la administración americanista extiende beneficios fiscales a los causantes, especialmente en materia de derechos vehiculares.
El ayuntamiento victorense, en voz de su tesorero, también anuncio que a partir de esta fecha estarán abiertas todas las cajas para el cobro de los impuestos prediales, que muchas familias acostumbran cubrir en los primeros días del año.
