POR José Inés Figueroa Vitela
Hay quienes aseguran y critican, que la justicia entre servidores públicos se consuma, regularmente, como venganza política y de manera predominante, “a toro pasado”, con quienes ocuparon los cargos en ejercicios anteriores, al del que actúa.
En la administración estatal que corre, incluso, se dijo que la mira la traía puesta más allá de la gestión de sus antecesores inmediatos, aunque ya empezaron los juicios sobre los de más acá, por presuntos malos manejos.
Ahora que, en su última sesión del periodo ordinario, la legislatura local dio entrada a una promoción de la Fiscalía Especial Anticorrupción del Estado, pidiendo sentar precedente, para entablar un juicio de procedencia, turnándose a la Comisión Instructora, la primero que vino a la mente de los testigos, fue la inminencia de un Juicio Político, asociándolo, algunos de ellos, a la figura del exgobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y sus más cercanos, que ya andan el camino del patíbulo.
No solo el gobernador, los magistrados y diputados tienen fuero -hasta un término después de entregar el cargo-, como aparece en el imaginario colectivo.
El artículo 151 de la Constitución Política del Estado establece una larga lista de servidores públicos, quienes para poder ser enjuiciados por algún delito, deberá conocer del caso y determinar la procedencia -del juicio-, el Congreso del Estado.
Relaciona, inclusive, a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los Consejeros de la Judicatura, los Jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia, los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, los titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos y los integrantes de los Ayuntamientos, llámese alcaldes, síndicos y regidores.
La mayoría de ellos, si el Congreso no lo concede, no pueden ser enjuiciados en el ejercicio del cargo, pero concluido el mismo, los delitos no prescriben, para en su caso tener que enfrentar las acusaciones que se les hayan hecho.
Solo los titulares de los Poderes prorrogan la protección contra el juicio ordinario y aún habiendo dejado el encargo, decíamos, por el tiempo de un año, lo que descartaría la relación con aquellos que hace más de tres años entregaron la camba pública.
Luego entonces, estaríamos ante un caso de eventual procesamiento de un servidor público en funciones, de los que tienen la protección jurídica.
El caso se recibió y turnó en el Congreso sin mayores detalles, precisamente el día en que concluía el periodo ordinario de sesiones e iniciaba el receso -de un mes-, en que las comisiones ordinarias no trabajan y la diputación peramente actúa como dictaminadora, más no es sustitución de la Comisión Instructora.
El hermetismo manifiesto alimentó la intriga y las suspicacias.
Trascendidos no confirmados, apuntan hacia el Poder Judicial, más no en la cúpula de los magistrados, sino en algún juzgado fronterizo, donde dicen, una jueza habría falseado declaraciones y presentado documentos apócrifos, en un procedimiento jurisdiccional.
De suyo, el caso regresaría en los estadios del escándalo, por el relativo corto espectro de incidencia de los actores, pero reivindicaría una máxima novedosa: no solo quienes ya se fueron están sujetos al escrutinio y sanción de los eventuales excesos.
La advertencia bien vale, por quienes piensan que aun hay una patente de corso, que garantiza impunidad en temporada, para acumular tantos caudales, mal habidos y suficientes para cubrir la fuga, terminado el sexenio, el trienio, el bienio… o lo que aplique.
“En vida, hermano, en vida”, se volvió una primicia, para los homenajes de quienes han sobresalido en sus oficios, servicios y prestancias, por aquello de que ya les andaban prestigiando, solo cuando habían muerto.
En la contraparte, hoy, sancionar a los servidores públicos y políticos, cuando están en el cargo, evitando que el daño público se prolongue y después pongan tierra de por medio en otro acto de impunidad, se vuelve imperioso.
Aquello puede dar cuenta de estar actuando en consecuencia.
El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ayer participó, en Palacio Nacional, al lado del Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en la 45a. Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Las vísperas, la parte oficial federal, había dejado correr la versión que varios gobernadores, panistas y priístas, desoían las convocatorias a estas reuniones, y el guanajuatense. DIEGO SINHUE, respondió que él no iba, porque solo eran para leer parte de novedades, sin algún aporte a la solución de la inseguridad.
Desde sus cuentas en redes sociales, la agrupación de gobernadores panistas, GOAN, complementó: Rechazamos se politice el tema de la inseguridad y se pretenda transferir a los estados la responsabilidad del fracaso federal. La ausencia de estrategia de la federación se resume así: no por mucho madrugar amanece más temprano, ni se dan resultados.
En torno de al reunión aquella, el mandatario tamaulipeco expresó: Una hora no es suficiente para atender el problema de seguridad en los estados; hay quienes le dedicamos más. La expresión fue recogida y difundida por variados medios.
El trabajo desplegado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tam, presidido por la señora MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, apareció en reciente medición, como el cuarto mejor calificado del país.
Se encuentra entre los únicos cinco que superan la calificación media del 50 por ciento dentro del tracking pool de Arias Consultores publicado por Revista 32.
Mientras tanto, el cabildo victorense ayer aprobó la propuesta de otorgar seguros contra incendio, robo y daños a terceros en una conflagración, a los ciudadanos que paguen sus impuestos prediales, a partir de que lo hagan y por lo que reste del año entrante.
Los estímulos que esperan los ciudadanos, para “causarle” al ayuntamiento, son que haga su chamba, que se ponga serio y honesto, en principio el alcalde, XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI y de ahí para abajo, todos sus “colaboradores”.
Se la pasan justificando la ineficiencia, la destrucción de la ciudad y las deficiencias en la prestación de los servicios públicos, mintiendo de manera patológica, quejándose de que no hay dinero para trabajar, pero los salarios se los siguen incrementando y hasta bonos se otorgan, “por buen rendimiento”.
En los términos de la Ley, mañana vence el periodo para la entrega de las conquistas laborales relacionadas con la temporada.
La sección 30 del SNTE gestionó y consiguió, como conquista laboral, un bono especial para los jubilados y pensionados del sector educativo tamaulipeco, a diferencia de la marginación y pérdida de derecho que sufren los colegas en otras entidades del país.
El líder magisterial del estado, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, recordó que todos los acuerdos, convenios y conquistas han sido cubiertas por el Gobierno del Estado y aun en el último día del tiempo legal, confían en que ha de pagarse aquellos y otros beneficios sectoriales.
“Ninguna prestación se ha dejado de pagar y no va a pasar ahora”, insistió RIGO, metiendo a las gestiones la posibilidad de que el pago se haga por transferencia y no en cheque, como se ha acostumbrado, atendiendo la solicitud de los beneficiarios.
Un grupúsculo de jubilados y pensionados ayer andaba en la SET manifestándose, en reclamo del pago en trámite.
