POR José Inés Figueroa Vitela
Los dichos y los hechos de la última semana, sirvieron para que muchos indecisos, respecto de la figura presidencial, le reconocieran tal cual y definieran su posicionamiento.
El Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “apechugó” sobre las acusaciones que los adversarios políticos le reviraron, con la difusión de un audiovisual, donde aparece su hermano PÍO, recibiendo dinero de un excolaborador del gobierno chiapaneco, extitular de Protección Civil ya en su gobierno y frustrado titular del ente al que se confiaría compras internacionales de medicamentos, para el sistema de salud pública federal.
“Que se les investigue a los dos y a mí también, que me llamen a declarar. No sería la primera vez”, reiteró en un mensaje de fin de semana, el Jefe del Ejecutivo Federal.
En descargo, insistió que el movimiento que le llevó a la Presidencia de la República, fue financiado por ciudadanos y ese –el del video-, era uno de aquellos donativos, colectado entre ciudadanos.
Algunos personajes del momento, que forman parte del gobierno federal o la representación popular emanada del partido del Presidente, MORENA, han declarado públicamente que en su momento, ellos también fueron aportantes para el sostenimiento del Movimiento.
Pero los detractores aseguran que lo del video, en realidad, el millón de pesos que presuntamente se entrega y el otro, al que se hace alusión, fue sustraído del gobierno sureño y configura una serie de delitos.
“Pues que se investigue y si hay culpables, que paguen su delito”, insiste el Presidente, marcando las diferencias de esas sumas, contra las que aparecen en el otro videoescándalo, presuntamente repartida entre senadores panistas, para facilitar la reforma energética.
Y aún esos 120 millones de pesos a los que se ha aludido, siguen siendo una bicoca, frente a los actos de corrupción prohijados al amparo de la reforma de marras.
Solo por la planta de Nitrógeno, con la que se pagó uno de los cochupos a la empresa brasileña Odebrecht, se le vendió materia prima subsidiada, con un monto de 5 mil millones que dejaron de entrar a las arcas de PEMEX.
Otra suma similar salió de la propia paraestatal, para pagarle a la corruptora “multas” convenidas en el contrato, por no surtirle a tiempo sus requerimientos y una tercera suma multimillonaria, también absorbió la empresa del Estado, por transporte, que de manera irregular igual se le incluyó en el “precio castigado”.
Lo que empezó con la compra irregular de una planta de fertilizantes que significó un daño patrimonial al gobierno superior a los 500 millones de pesos, ya resultó de otra planta de fertilizantes, la de nitrógeno y sigue siendo la punta de un iceberg de dimensiones incalculables.
Factureras, obras, bienes y servicios sobrevaluados, concesión de cargos en el servicio público, en el mismo gobierno federal de manera directa y a través de las dependencias, así como en los gobierno estatales, hasta donde se extendieron los tentáculos del pulpo corruptor de Odebrecht, a la que no fue y no es ajeno Tamaulipas.
Por eso, si el juzgador determina que AMLO debe regresar los dos millones de pesos que ampara el video aquel, que lo haga y que no salga del gobierno; tendrá en su peculio ahora para ello, sin detrimento de que quienes antes financiaron el movimiento, puedan hacerse una coperacha nada gravosa, para cubrir la suma.
Pero sobre todo, que los miles y miles de millones de pesos, de la corrupción aquella y otras tantas corrupciones, de antaño y de ahora, desde el gobierno federal y los gobiernos estatales, se restituyan a las arcas públicas.
Y que los responsables vayan a la cárcel, luego de resarcir el daño patrimonial causado.
Ese fue el compromiso de campaña del PEJE y es el que empieza a asomar como en vías de cumplirse.
Solo esa eventualidad, le ha recuperado el aprecio de cientos de miles de mexicanos, que habían entrado en duda sobre los alcances de su gestión.
Sí ha habido algunas acciones de política gubernamental aplicada harto cuestionadas, que han merecido el reclamo, especialmente entre los sectores productivos, desprotegidos de las inercias presupuestales, migradas a otros nichos sociales.
La debacle económica nacional vaticinada a partir de aquellos hechos, tomó carta de naturalización con la inmovilidad provocada por la Pandemia, en forma global, como para sacudir de responsabilidades a la institucionalidad.
Tal vez los miles de millones de pesos recuperados de los gobernantes y funcionarios corruptos, de antaño y de ahora, no cubran las tantas pérdidas que está sufriendo la economía local y nacional por esto y por aquello.
Pero la satisfacción social que produzca ese acto de justicia, en mucho paliará los tantos pesares que todo mundo sufrimos, por la temporada que nos ha tocado vivir y en la que seguimos sin ver fondo.
Entre las jornadas permanentes que despliega el diputado local morenista reynosense, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, solo el sábado reciente 2 mil 382 personas fueron atendidas, con la entrega de gas en el sector de la colonia La Joya, Villa Esmeralda y Balcones.
Marcó un nuevo record de asistencia, donde la gente se vio muy contenta con el diputado por este apoyo, especialmente sin condiciones, ni copias de credencial de elector, ni CURP, ni colores de partido, solo la vocación de ayudar a los más vulnerables.
Ese desprendimiento y sensibilidad social, es lo que le ha ido ganado a RIGO RAMOS una creciente identificación con los reynosenses; ayudar sin condiciones multiplica los aprecios, que en otros no aparecen espontáneos.
De reynoseneses y morenistas, quien reapareció en público y en redes sociales fue el representante del Gobierno Federal en el estado, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien en Jaumave reanudó las jornadas de reparto de apoyos gubernamentales, inhibidas luego que resultó infectad del Coronavirus.
Muestra ya algunos signos de sana distancia, pero no aparecen tan estrictos; él tal vez haya alcanzado algún grado de inmunidad, pero los ciudadanos convocados a los eventos, no, prevaleciendo los riesgos.
En el sector educativo hoy reanudan las clases, en la distancia, de manera virtual y en las vísperas, el fin de semana la autoridad educativa insistió en que no se puede condicionar la inscripción o prestación del servicio educativo al pago de cuotas, aplicables estas, solo, de manera voluntaria, previo acuerdo democrático en asamblea de padres de familia.
Ciertamente, las cuotas escolares son necesarias para el mantenimiento y algunos servicios colaterales en las escuelas, los cuales, en esta ocasión en que los alumnos no acudirán físicamente a ellas, en su mayoría no serán necesarios.
Como quiera, para cuando se hizo el anuncio, ya se había puesto el requisito de que para inscribirse, debían presentar los recibos del pago de la cuota y aunque se dijo es un refrendo del acuerdo anunciado en junio, evidentemente, nadie o pocos hicieron caso.
Botón de muestra, en una secundaria, técnica e industrial, hay cerca de 2 mil alumnos, a los que se cobró mil 500 pesos de cuota, lo que hace la friolera de 3 millones de pesos.
¿Quién los tiene?… ¿en qué se van a aplicar?
Obvio, no hubo asamblea de padres de familia para fijarla, recibirla, administrarla, como lo mandó la SET, ni hubo algún conducto para que se exculparan, opinaran o reclamaran los paterfamilias.
“Usted presente el comprobante bancario de pago y le inscribimos”, fue la indicación tajante y sorda.
Y así, la mayoría, por no decir que todos.
