POR José Inés Figueroa Vitela
Para la Secretaria de Salud del Estado, la no centralización de los servicios de Tamaulipas con la federación, en nada varían las expectativas de prestación del servicio para los tamaulipecos.
GLORIA MOLINA GAMBOA, asegura que los presupuestos ya están asignados, no va a salir más dinero de ningún lado, pero tampoco la federación podrá recortar -“aunque quisieran”-, las asignaciones correspondientes a Tamaulipas, en derecho.
Y como las medicinas se compran al precio que marca la federación, con todo y las compras consolidadas que a nivel nacional harán, ello no significa que quienes no entraron al INSABI, vayan perdiendo en contra de su derechohabiencia, insiste la Secretaria.
La pregunta que queda en el aire es, si no hay mayor trascendencia entre optar por uno y otro sistema de salud, por qué tanta escandaliza de parte de la propia Presidencia de la República, de los gobernadores y los partidos políticos, a través de sus vocerías.
Si el Gobierno Federal va a desaparecer -o ya lo hizo-, el Seguro Popular, y los estados reacios al nuevo sistema piensan mantenerlo, de dónde saldrán los avituallamientos, porque en el “viejo sistema”, era el Gobierno Federal el que, a través del Programa aquel, le pagaba a los estados por prestar el servicio.
Los no firmantes de la “claudicación”, siguen apostando a la fracción de la gran bolsa que les corresponde, mientras las autoridades centrales parecen repartir el fondo, entre quienes “si le entraron”, a la disposición recentralizadora.
En calidad de mientras, la Secretaria de Salud reitera que el gobierno estatal mantendrá los servicios y coberturas en los mismos términos a como venía operando el Seguro Popular.
En sus cuentas, el surtido de recetas a los pacientes en los hospitales y centros de salud del estado, ahora mismo, ronda el 80 por ciento y tiende a incrementarse en lo que resta del ejercicio.
Si así es… que así sea.
A los ciudadanos de a pie, no le interesa quién o Cómo; lo que esperan es que cuando se tenga la necesidad, en materia de salud, lo hagan de manera eficiente y suficiente.
Que la ferocidad con que se defienden posturas, presupuestos y jurisdicciones, efectivamente cumpla con el principio de los argumentos esgrimidos: la atención universal de los tamaulipecos.
Para el diputado morenista reynosense, RIGOBERTO RAMOZ ORDÓÑEZ, la decisión de no entrarle al INSABI, obliga a los Estados en esa condición a no solo mantener los servicios de Seguro Popular, sino aumentarlos hasta equipararlos al nuevo plan federal.
La cuestión, dice, es que los reclamos ciudadanos por la insuficiencia de los servicios se han mantenido los últimos años y no precisamente aquí, pero de otros estados han surgido revelaciones como el congelamiento de 80 mil plazas y la detención de 300 hospitales, aunado a las “cajas chicas” manejábamos por funcionarios, con los recursos públicos destinados, que dejaron de invertirse en salud.
“Yo no lo digo, es un clamor popular”, dice, al recuento de otras denuncias ventiladas, quien se hace llamar “La voz de Reynosa, la voz de Tamaulipas”.
En el punto de correspondencia de la sesión plenaria de ayer, celebrada en el Congreso Local, preponderantemente se dio cuenta de los comunicados de otras legislaturas, dando cuenta del inicio de sus respectivos recesos que iniciaron a mediados de diciembre y concluyeron a mediados del mes pasado.
Esa variación de los plazos, sería el motivo por el que no se dio cuenta de la notificación enviada, la semana pasada, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre dos juicios de inconstitucionalidad promovidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra la propia representación popular tamaulipeca.
El diputado presidente, GERARDO PEÑA FLORES, de entrada, dijo no tener conocimiento del recurso de marras, pero aseguró que ayer mismo por la tarde se reuniría con sus cuerpos de colaboradores para conocer de la correspondencia recibida recientemente.
La CNDH encontró lo que ninguno de los periodistas que cubrimos el Congreso y seguramente la mayoría de los diputados locales tampoco, respecto a la autorización a diferentes ayuntamientos de Tamaulipas para que cobraran por el servicio de alumbrado público y entrega de información pública a los particulares.
De la radicación del acto inconstitucionalidad por la Suprema Corte se vino a hacer pública la promoción, que no apareció en las iniciativas y si se metió en el dictamen, “pasó por boba”, habida cuenta que se dispensó su lectura a la hora de la aprobación.
Por lógica, se deducirá que cuando se rechazó la intención de endilgarle a los ayuntamientos el cobro del servicio de recolección y confinamiento de la basura, por la presión de la opinión pública, se decidió “compensarlo” con los otros cobros, pero ya sin hacerlos públicos.
Pero eso es solo una especulación, porque hasta ahora no ha quedado claro cómo fue que se hizo tal aprobación, cuáles son sus alcances y formas de aplicación, cómo pudo darse cuenta la CNDH y proceder a promover el recurso de inconstitucionalidad.
Si es que se estaba cargando el cobro de marras dentro de los impuestos prediales o en los recibos del agua y drenaje, que es donde tiene injerencia los diez ayuntamientos que sacaron la aprobación, pues deberá suspenderse, hasta el fallo definitivo de la Suprema Corte.
Y en su caso, deberá regresarse los cobros que ya se hayan hecho, a los causantes afectados.
Por quienes preguntaron por el caso del municipio de Victoria hay dos buenas noticias: la primera es que los diputados no le incluyeron en el cobro del servicio de alumbrado -que como todos los servicios acá está del carajo- y la otra es que son tan pocos los que han caído en el garlito del “seguro de robo” para ir a pagar sus prediales, que no habría mayor cargo que regresar.
En esas dualidades extrañas y extremas, a la luz de las reiteradas controversias constitucionales emprendidas contra la representación popular tamaulipeca, fue el Secretario General del Congreso, ALFONSO TORRES, quien llevó el discurso oficial en la ceremonia de ayer, por el aniversario de la Constitución.
Entre las definiciones expuestas frente a la estatua del constitucionalista, don VENUSTIANO CARRANZA, en la plaza de Armas victorense, el abogado PONCHO dijo que la Constitución es origen, trayecto y destino; del devenir cotidiano nacional.
A ver que dicen los togados del máximo foro jurisdiccional del país.
En la ceremonia aquella, fue el Secretario de Educación de Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY quien llevó la representación personal del Gobernador del Estado.
Tras el evento por la efeméride, en el Auditorio del Congreso Local, el Magistrado Federal GUILLERMO CUAUTLE VARGAS, dictó una conferencia magistral ante diputados y funcionarios judiciales y del sistema electoral, bajo el título de La Defensa de la Constitución a la Luz de la Reforma del 2 mil 11.
Pronto se verá quién tomó nota.
Entrada la tarde-noche, estaba anunciada la presencia del C. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa, la señora MARIANA GÓMEZ DE GCV, en la inauguración de una exposición pictórica de artistas tamaulipecos, dentro del Palacio Legislativo.
En el paquete de dictámenes ayer aprobados por los diputados locales se incluyeron reformas al artículo 64 bis de la Ley de Salud del Estado y exhortos al ITAVU para que regularice predios populares irregulares y a la Cámara Federal para que legisle en contra del uso y comercio de teléfonos celulares robados, así como cuestiones de forma en la Ley de Protección Civil.
Una iniciativa que en la pasada legislatura presentó el priísta RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, para crear una nueva la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de Tamaulipas, con las respectivas adecuaciones a leyes y códigos concurrentes, fue desechada por el pleno.
