POR José Inés Figueroa Vitela
El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, reza la sentencia bíblica.
Y todos se fueron yendo, porque de alguna manera habían estado en la zumbada.
Aquello no necesariamente quiere decir que, si hay presuntos delincuentes sin ser procesados, deben liberar a quienes ya encerraron y exonerar a quienes están en proceso, como dijo la diputada federal del PRI, tras la declaración de procedencia por parte de la Sección Instructora.
“No me ayudes comadre”, podría contestársele.
Los mismos tricolores, andan confundidos, porque en aquella expresión permea la coalición que se traen en la elección federal para algunos estados y en la promoción a priori del posicionamiento en el Congreso Local, de parte de TINO SAENZ, su razón también tendrá.
Por sobre aquellos, la dirigencia estatal de su partido fue muy clara, al remitir a las instancias jurisdiccionales la sentencia, sobre las acusaciones hechas contra el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA
“En el @PRITampsOficial estamos a favor de la legalidad, si hay elementos, que se proceda con el desafuero y que sean las instancias judiciales quien determine la culpabilidad o inocencia. El @PRITampsOficial no avalará conductas fuera de la ley”, reza el tuit enviado.
Incluso la pretendida adhesión de los gobernadores panistas, integrados en la GOAN, igual reclamando “por qué a otros no”, dejó entrever la eventualidad de algunos deslindes para estos días.
Ayer, los corrillos palaciegos tamaulipecos se vieron desolados, cuando corrían las preguntas, si al Gobernador lo acusan de robarse 8, 10 o 20 mil millones de pesos, en dónde quedó el resto del presupuesto.
Frente a las versiones viejas de que las dependencias gubernamentales, como las alcaldías de las municipalidades grandes, se repartieron como cotos de particular explotación, a personajes externos, ajenos al poder público constituido, las preguntas se prolongaban.
¿Quiénes firmaron los documentos de compras, obras o servicios con que supuestamente se justificó la sustracción presupuestal?
Nadie, ni el gobernador, ni sus hermanos, ni sus amigos, ni los funcionarios del gabinete pudieron sacar un peso del dinero público sin terceras complicidades.
Cierto, la ley fue reformada en este periodo para establecer literalmente, que los titulares de las dependencias, son responsables de lo que se moviera al interior de su área de influencia, con la presunta idea de acotar “salpicadas”.
Por eso, solo los más osados habrían permanecido en el gabinete, pero ni aun ellos, eventualmente sentados en el banquillo de los acusados, apechugarían culpas ajenas, llegado el momento.
“Eso no va a pasar”, siguen diciendo los que sienten que todavía pueden exprimir algún jugo a la clase gobernante, a partir de la adulación y el palmeo de espaldas.
Hoy la Cámara Federal de Diputados se va a erigir Tribunal de Procedencia y va a declarar el desafuero del Gobernador tamaulipeco, para que la Fiscalía y el Juez de la causa le procesen por los delitos que se le imputan.
Ninguno tiene que ver con hechos que expresamente señalen la sustracción de recursos del erario público.
El cohecho por el que se le amplió la denuncia, de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, se remite al depósito de 100 mil dólares, como adelanto a un bufete jurídico norteamericano, hecho por su esposa, para cabildear denuncias internacionales contra el gobierno mexicano.
Hoy el tema sigue siendo la compra-venta de un departamento de lujo, del que no les queda claro origen y destino de los recursos, así como el cumplimiento en el pago de los impuestos.
La vieja escuela del mafioso más célebre de la historia, AL CAPONE.
Ya sin fuero, puede ser investigado, consignado y sentenciado por lo que sea.
Las denuncias son muchas, pero públicamente no acaban de conocerse las pruebas que las sustenten. Mientras investigadores y togados sacan conclusiones, la opinión pública parece ya haber emitido una sentencia.
En el orden local institucional el tema transita sobre otras vías, en otra dirección, distinta y distante.
Los diputados locales todos, –PAN, PRI y MC, con excepción de los morenistas-, querían exonerar al Gobernador, aun antes de haber sido sentenciado.
El pasado miércoles tuvieron su sesión ordinaria que concluyó al filo de las 15:30 horas, a cuyo término, convocaron a otra sesión extraordinaria, emplazada para iniciar una hora después.
Para esa hora la sección instructora ya había dictaminado la solicitud del juicio de procedencia presentado por la Fiscalía General de la República, pero había convocado para votarlo más tarde, según la conferencia dictada por el diputado presidente, PABLO GÓMEZ.
La nueva sesión en el Congreso Local, en efecto se instaló a las 16:30 horas, pero seis minutos después de iniciada, con el pase de lista y la lectura de un asunto por correspondencia, se declaró un receso.
La idea seguía siendo realizar un juicio de procedencia paralelo al federal, del que el ejecutivo local resultara inocente, desechando las actuaciones de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, aun sin haberse finiquitado y notificado.
Pasadas las 20:00 horas, finalmente la instancia nacional anunció el esperado fallo, confirmando la procedencia del juicio político, pero el Congreso Local ya no regresó a reanudar la sesión que había iniciado a media tarde.
Eso fue el miércoles; ayer jueves, a media mañana, la diputada presidenta de la Cámara, DULCE MARÍA SAURI RIANCHO dio cuenta de la notificación por parte de la Sección Instructora, convocando al pleno para instalarse hoy al mediodía, en Tribunal de Procedencia.
Su sentencia es muy de esperarse.
Para entonces, se espera ahora sí la reanudación de la sesión del Congreso Local “pausada” el miércoles y también ya se sabe qué va a pasar en ella.
Aunque el dictamen concede la notificación al Congreso Local “para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, no esperarán tal trámite, realizarán otro juicio de procedencia “fast track” y declararán la improcedencia del desafuero.
Esperan que la Cámara Federal lo controvierta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no va a ser así.
En México capital seguirán el proceso judicial, partiendo de la interpretación que allá hacen del “procedan como corresponda” –nombrar gobernador sustituto-, hasta la obtención y ejecución del mandamiento judicial, mientras acá dan por finiquitado el tema.
El litigio parcial en algún medio chilango no será suficiente –como no lo ha sido hasta ahora-, para torcer las intenciones manifiestas.
En el IETAM ayer se conoció de la renuncia de 27 candidatos y su sustitución por los partidos postulantes, así como la aprobación de 53 sobrenombres de candidatos para ayuntamientos y 25 para diputados locales, que serán incluidos en las boletas.
Respecto de los recursos interpuestos contra las candidaturas en campaña, no son los 500 que dijo la diputada morenista EDNA RIVERA –ella incluida-, pero anda cerca de ello.
Hasta esta semana iban ya 409 recursos interpuestos, de los que 322 están precisamente enlistados para su desahogo en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, cuyas sesiones de desahogo podrían iniciar este fin de semana.
Pesada la carga para los magistrados liderados por la maestra BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS y su cuerpo de colaboradores, ciertamente harto estrecho para el cúmulo de responsabilidades.
