POR José Inés Figueroa Vitela
Hay visos de querer revivir un espinoso caso jurídico, en torno de un expediente que involucra a los tres poderes del estado y más de un orden gubernamental.
En días pasados se reunieron representantes de las tres instancias domésticas, expresamente para desempolvar el expediente de marras.
Durante el último mes de diciembre, en el discreto apartado de “correspondencia”, dentro de las sesiones plenarias del Congreso Local, de prisa y sin abundar en datos, se dio entrada a una promoción de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, solicitando un “juicio de procedencia”.
Desde entonces, cada que he preguntado a integrantes de la Comisión Instructora sobre el caso, han evidenciado desconocer su contenido y alcances, porque además, nunca se les llamó para conocer el expediente.
En algún momento, desde fuera, se pensó que se trataba de la jueza de Río Bravo, ANA VERÓNICA REYES DÍAZ -quien más tarde resultó electa Consejera de la Judicatura del Estado-, por alguna consonancia y referencia de origen.
Luego se supo, por trascendidos, que el caso involucraba a la Jueza de Control de Matamoros, ANA VICTORIA ENRÍQUEZ MARTÍNEZ, a quien se estaría acusando de haber falsificado una receta médica, para justificar ausencia en su trabajo, lo que a los ojos del Fiscal, sería suficiente para llevarla a juicio, con el aval del Congreso.
La acusada promovió juicio de amparo en un tribunal lejano y le concedieron la suspensión, bajo la premisa de que nadie puede ser juzgado en dos ocasiones por un mismo hecho.
La falta por la que ahora pretende “perseguirla” la Fiscalía Anticorrupción, ya antes había sido sancionada precisamente por el Consejo de la Judicatura, según en las consideraciones del togado federal.
Ello, de alguna manera explicaba el que el caso se hubiera remitido a “la congeladora” del Congreso Local y los integrantes de la Comisión Instructora, a quienes tocaría desahogarle, ni por enterados se dieran de su existencia.
“Las antenitas” volvieron a encenderse cuando, la semana pasada, trascendió de una reunión de trabajo interinstitucional, con las representaciones sectoriales de los tres poderes del Estado, se dijo, “para reactivar el tema”.
Estarían planteando, para el 20 de los corrientes, en que se reanudarán las sesiones en el Congreso Local (estás semanas suspendidas por el COVID-19), convocar a la Comisión Instructora, para dictaminar el expediente.
La pregunta, en todo caso, será de quién es la idea.
¿Hay línea del Supremo Tribunal de Justicia?, ¿se trata de un asunto de agenda legislativa?… ¿o es mero capricho de la Fiscalía Anticorrupción empecinada en hacer valer sus fueros sobre el tercer Poder?
En cualquiera de los casos, va de por medio una sentencia del Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado de Distrito sinaloense que concedió la suspensión definitiva.
Dicen los abogados, que la ley advierte: si una autoridad no da cumplimiento a una resolución de amparo, puede ser destituido.
¿Será que nos quedemos sin diputados?
Pero si esa es la materia de los asesores jurídicos, secretarios y oficiales mayores del Congreso, Supremo y Gobierno.
Hay que ver qué dicen los leguleyos.
Eso de llevar los diferendos jurídicos a los medios de comunicación, regularmente ha sido cuestionado, especialmente cuando los actores del conflicto son miembros del servicio público, de la política y ocasionalmente, por supuesto, por quienes se ven afectados en esa práctica.
Personalmente, creo aún en el imperio de la justicia, por sobre de este sistema nuestro, de sometimiento entre poderes y cínico tráfico de influencias, aunque sea de manera esporádica en el tiempo y aislada en el espacio.
Al final del día, la confianza se cifra en el hecho de que si eventualmente una instancia se aparta del derecho, para, en la parcialidad, favorecer a una de las partes en conflicto, siempre habrá otra instancia alejada de tales influencias, para hacer valer lo que la ley precisa.
Lo digo de a oídas y espero no tener que vivirlo en carne propia, porque de solo pensar el tener que ocuparse de profesionales del derecho, ombudsman, fiscalías, jueces y magistrados, empieza a ”dar flojera”, como dice la muchachada.
Voy a seguir pensando que la justicia, se alcanza en los tribunales y no en los medios, sin desconocer, que en muchos casos, el manejo mediático ha hecho justicia a reclamantes, en casos muy particulares.
Célebres, serán los surgidos en torno de diferendos maritales, cuando el marido, accediendo ilegalmente a dineros públicos, lo primero que se le ocurre es que puede mantener más de una casa, invirtiendo en el “negocio” del sexo y “el amor”.
Cada sexenio ha tenido su botón de muestra y por ese rencor de las cónyuges ofendidas, es como se ha sabido de desvíos y desvaríos, a más, de los haberes hechos al amparo del poder por los efímeros santones de la política.
Como en su tiempo, fiscales y jueces no les hicieron caso y el marido menos, las señoras se fueron a “litigar en los medios” y por lo menos sacaron la pensión o algún seguro de retiro, de la vida de casadas, con torpes nuevos ricos.
Pero eso, insistiré, solo es un marco referencial, de los casos extraordinarios en los que ha valido “litigar en los medios”.
Dios nos libre tener qué vernos en esos escenarios también.
Hoy, espero que el ayuntamiento local se escuche y se conteste a sí mismo.
Los daños y perjuicios causados a un particular, los cubre el autor del daño y si es la comuna, la comuna debe responder.
La semana pasada que se desató un ventarrón, en Victoria capital, se cayeron varios árboles, causando destrozos, al menos en uno de los casos.
El árbol, sembrado y “mantenido” por el municipio en la zona peatonal que hace la calle Hidalgo, entre el 16 y el 17, se precipitó sobre el edificio ubicado frente a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Al momento y en las maniobras para retirar el árbol, se destruyó al menos un barandal y un vidrio de la edificación aquella.
El ayuntamiento no ha respondido por esos daños, al dicho que la construcción debía tener un seguro contra esos imponderables, al que tocaría cubrir los daños.
¿Vale polemizar por algo tan simple? Ponerse en los zapatos del prójimo debiera ser suficiente, si no es que el derecho precisamente legislado y penalizado.
Lo que espero es que reparen los daños del edificio de mi oficina.
Pero qué necesidad -diría JUANGA- de andar en litigios, si la ley y la justicia son llanas.
Por cierto, el Secretario del Ayuntamiento capitalino, JOSÉ LUIS LICEAGA DE LEÓN, publicó en redes sociales, que es falsa la cuenta que aparece con su nombre, en la que se oferta venta de cervezas “varatitas”.
Por el viejo pleito ranchero que trae con el Primer Síndico, LUIS TORRE ALIYAN, no faltaron quienes quisieron remitirle autoría a éste, de la publicación aquella ¿por qué?, dijo y contestó el gallego: no´más por joder.
Alcalde-alcalde, el de Nuevo Laredo.
ENRIQUE RIVAS CUELLAR volvió a ser reconocido por su pueblo, ahora a la luz de la encuesta de CAUDE, que a nivel nacional preguntó a los ciudadanos su percepción del trabajo que hacen sus alcaldes en medio de la pandemia del coronavirus.
Aunque se trata de un municipio fronterizo, con el mayor tránsito de mercancías y migrantes, que le hace de alto riesgo, Nuevo Laredo fue reconocido entre los cinco del país donde mejor manejo se ha dado al reto sanitario, altamente apreciado por su sociedad.
Muchos son los frentes por donde la administración municipal neolaredense ha concurrido brindando apoyo igual al sector salud, que a la sociedad en su conjunto ya con becas, despensas, sanitización, insumos, orientación, empleos temporales, entre otras acciones, que le hacen un gobierno municipal de vanguardia.
Se dice fácil… hay que ver cuántos lo están haciendo.
