POR: JOSE ANGEL SOLORIO MARTINEZ
¿Se puede lucrar políticamente con la muerte de un ciudadano?
Es hasta ociosa la pregunta.
Obviamente: no.
¿Los familiares de víctimas de la violencia social pueden encabezar movimientos en exigencia de justicia?
Sobra el cuestionamiento: es legítimo y hasta socialmente obligado.
Es el caso del profesionista masacrado hace unos días en Río Bravo, Tamaulipas. Los padres, han hecho pública su indignación. Una diputada panista –Roxana Gómez-, en un afán politiquero, pretende sacar raja de ese evento que conmovió a la ciudadanía.
Los afectados por ese acto de violencia oficial –ya se sabe que fuerzas policiales abatieron al ingeniero- claman por que los hechos se aclaren. Grupos sociales cada vez más amplios, también demandan que la autoridad deslinde responsabilidades.
La legisladora Gómez –que vive en una cómoda residencia en Mission, Texas- en un posicionamiento que parece haber sido redactado desde las oficinas del Congreso del Estado –lo mismo han declarado otros legisladores, puntos o comas más de lo que ha externado por la militante del PAN-, lanza un tímido reclamo, casi encubierto, por la muerte del joven, pero establece con claridad una defensa a la autoridad policiaca.
Eso es lo repugnante del caso: que un miembro del Congreso, que está para velar por los intereses de sus representados –estamos hablando de un joven asesinado del distrito por donde fue electa Gómez- no sólo se lance contra ellos, sino que pretenda utilizar esa muerte para sacar raja política.
Estamos viendo, la penosa bifurcación de los intereses ciudadanos, y de los aviesos intereses políticos de politicastros realmente deleznables.
Lo interesante del asunto, es que dividió a los riobravenses: entre los que piden justicia, y los que intentan bloquearla.
La parlamentaria Gómez, sueña con la alcaldía de Río Bravo –aunque viva en Texas-.
Este acto, la pinta de cuerpo y alma enteros.
¿Así pensará todo el panismo?
