- Mejía Berdeja informa que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, a través del mecanismo de protección, ya está en comunicación con la viuda para apoyarla
Ciudad de México.- El periodista Antonio de la Cruz, asesinado ayer miércoles en Tamaulipas, no había sido amenazado con anterioridad y no estaba incorporado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aseveró el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.
Durante la conferencia «mañanera» expuso que el periodista Antonio de la Cruz, quien trabajaba en el diario Expreso, fue asesinado con cinco proyectiles de armas de fuego y también hirieron a su hija Cintia, quien en un inició se había afirmado que había fallecido, aunque sigue en estado delicado.
Indicó que Antonio era reportero del periódico «Expreso», también era vocero o titular de comunicación social de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas.
“Las notas periodísticas de él eran más relacionadas con el campo y el clima, aunque también hay algunas que tienen que ver con temas más de carácter de cuestionamiento a autoridades, de carácter local”, apuntó.
Mejía Berdeja informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, a través del mecanismo de protección, ya está en comunicación con la viuda para apoyarla.
Destacó la actuación de Fiscalía General de la República (FGR) y en especial de la fiscal de Derechos Humanos y de la fiscal de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que de manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismo por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos y policías investigadores.
Mejía Berdeja confirmó que la FGR giró oficio también ya el día de ayer para solicitar la atracción de esta investigación.
Por otra parte, aclaró que en este año se han registrado solo 10 y no 12 homicidios de periodistas en México, en los cuales hay 26 detenidos y 19 de ellos ya están vinculados a proceso penal.
Dijo que el caso de Roberto Toledo, si bien es un caso lamentable cuyo homicidio ocurrió en Zitácuaro, no era periodista, sino auxiliar de un despacho jurídico; así como Jorge Camero, en Empalme, Sonora, se dedicaba a actividades políticas, pero no periodísticas.
