- Como parte de su lucha contra el tráfico de fentanilo, el gobierno estadounidense voltea hacia círculo cercano de capos
Washington.- El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva política de restricción de visas dirigida a los familiares y socios cercanos de personas sancionadas por delitos de narcotráfico, como parte de una estrategia ampliada para frenar el tráfico de fentanilo. La medida fue informada por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un comunicado oficial.
La decisión busca no solo impedir el ingreso a territorio estadounidense de personas vinculadas directa o indirectamente con actividades de narcotráfico, sino también actuar como un mecanismo de disuasión. “Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas (…) que se aplicará a los familiares y socios personales y comerciales cercanos de las personas sancionadas por tráfico de droga”, señaló Rubio.
El funcionario agregó que esta medida no solo les impedirá entrar a Estados Unidos, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de sus actividades ilícitas.
Con esta política, el gobierno estadounidense apunta a endurecer las consecuencias legales y migratorias para quienes participan en redes de narcotráfico, incluso de forma indirecta.
La nueva directriz se sustenta en un decreto presidencial emitido en diciembre de 2021 por el entonces presidente Joe Biden. Dicho decreto autoriza al Ejecutivo estadounidense a imponer sanciones, entre ellas la congelación de activos y la restricción de visas, a individuos y empresas extranjeras implicadas en el tráfico internacional de estupefacientes.
La implementación de esta política ocurre en un contexto de creciente preocupación en Estados Unidos por los efectos del fentanilo, un opioide sintético que ha generado una crisis de salud pública.
Según cifras oficiales, más del 40% de los estadounidenses conoce a alguien que ha fallecido por consumo de opioides. En 2024, se registraron más de 220 muertes diarias por sobredosis, lo que convierte a esta causa en la principal entre la población de 18 a 44 años.
El gobierno estadounidense ha identificado al fentanilo como una de las mayores amenazas a su seguridad nacional y ha incrementado sus esfuerzos para detener su producción, distribución y consumo. Parte de estos esfuerzos incluye presionar a países productores o de tránsito de los precursores químicos utilizados en su fabricación.
Si bien el comunicado de Rubio no menciona directamente a ningún país en particular, estas nuevas restricciones podrían tener implicaciones para ciudadanos de naciones como México, donde diversas organizaciones criminales han sido vinculadas con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
El anuncio de esta política coincide con recientes tensiones diplomáticas entre ambos países por el tema del narcotráfico. A lo largo de los últimos meses, el gobierno mexicano ha sostenido que coopera activamente con las autoridades estadounidenses en el combate a las drogas, mientras que desde Washington se han emitido críticas y declaraciones que cuestionan dicha cooperación.
A partir de esta nueva medida, familiares cercanos y socios comerciales de narcotraficantes sancionados enfrentarán limitaciones más severas en sus posibilidades de ingresar a Estados Unidos, incluso si no han sido acusados formalmente de delitos relacionados.
Las autoridades estadounidenses no especificaron el número de personas que podrían verse afectadas inicialmente por esta política, pero dejaron abierta la posibilidad de ampliar su alcance en función de nuevas investigaciones y sanciones. El Departamento de Estado se encargará de la aplicación directa de las restricciones a través de sus embajadas y consulados.
