- Una familiar de la pareja a quien los agresores habrían visitado en su huida fue quien informó a las autoridades sobre su paradero
Ciudad de México.- El equipo de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se apoyó en un dron para dar con la finca en la que se escondían Giovana “N” y Mario Alberto “N”, acusados del feminicidio de Fátima, de tan sólo siete años. Sin embargo, la alerta para localizar a los presuntos agresores habría venido de la tía de la pareja.
Giovana “N” se llevó a la niña de la escuela hacia un domicilio de la alcaldía Xochimilco para entregarla a Mario Alberto “N”, quien, según las primeras indagatorias, abusó de la menor. Después la asesinaron.
La mujer, tía de Mario y a quien habrían visitado los agresores huyendo de su anterior domicilio, fue quien dio a conocer el paradero de la pareja y sus tres hijos al enterarse por los medios de comunicación sobre lo ocurrido.
La tía agregó que los fugitivos acudieron con ella por ayuda, ya que no tenían a dónde ir, y les ofreció un cuarto pequeño en obra negra, que no tenía muebles ni cama.
Los investigadores arrestaron a la pareja en una vivienda en el poblado de Tlazala, en Isidro Fabela (Estado de México). Mario y Giovana fueron enviados al Ministerio Público de Atizapán por el delito de cohecho (ya que la autoridad no contaba con orden de aprehensión por el feminicidio) luego de que presuntamente ofrecieron dinero a los policías para que los dejaran escapar.
Las autoridades también establecieron que, por medio de diversas entrevistas a personas del entorno familiar y social de la menor, se tuvo conocimiento de que Giovana era conocida de los familiares de la víctima.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, señaló que el feminicidio de Fátima “no fue por dinero”.
En la mira, funcionarios federales en caso Fátima
La Secretaría de la Función Pública (SFP) hará una investigación exhaustiva para sancionar a los servidores públicos federales quienes, saltándose los protocolos, permitieron que Fátima, la menor de siete años asesinada, se encontrara en situación de vulnerabilidad.
La titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, indicó que se llevará a cabo un análisis del desempeño de la autoridad educativa en este caso, con el fin de deslindar responsabilidades a la brevedad.
La funcionaria aseguró que la secretaría a su cargo realizará una investigación exhaustiva del caso.
Daniel García Cortés, coordinador de Órganos de Vigilancia y Control, explicó que la investigación consiste en determinar si se incurrió en alguna responsabilidad administrativa por parte de algún servidor público que se le puede hacer exigible. “La investigación que tenemos está radicada en el Órgano Interno de Control en la autoridad educativa federal en la Ciudad de México”.
García Cortés refirió que la investigación apenas comienza, pero no es de tipo penal ni civil, sino de responsabilidades administrativas, cuyas sanciones están establecidas en la ley y van desde una amonestación hasta la inhabilitación.
Sanciones
Luego del secuestro y asesinato de Fátima, el grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso capitalino pretende elevar a rango de ley la Alerta Amber dado los “errores” en que incurrieron varias autoridades que pudieron haber salvado la vida de la menor.
De igual forma, propuso sancionar con dos a ocho años de prisión al funcionario público que no inicie de forma inmediata las carpetas de investigación y protocolos de actuación correspondientes.
“¡Vamos a lincharlos!”
“¡Déjenmelos cinco minutos!” y “¡Vamos a lincharlos!”, gritaron grupos de jóvenes y automovilistas frente al Centro de Justicia de la Fiscalía mexiquense, lugar donde permanecía detenida la pareja señalada por abuso y asesinato de la niña Fátima, en Xochimilco.
El enojo por la presencia de Gladis Giovana y Mario Alberto en ese municipio se manifestó con gritos de repudio en contra de la pareja y señalamientos de “ojo por ojo”, que realizaron ciudadanos que llegaron al sitio, donde no pudieron realizar denuncias, cumplir con citas ante el Ministerio Público o simplemente no pudieron hacer uso del estacionamiento público, pues permaneció cerrado.
Mario Alberto y Gladis Giovana fueron detenidos en una vivienda de la zona ejidal de La Palma, en Tlazala, municipio de Isidro Fabela, la tarde del miércoles.
