Por: Chano Rangel
Desde que se fundó el estado como tal, que se definió que nuestros poderes estarían en base a un sistema con una ideología Yorkina, el poder se dividió en tres, el ejecutivo, que se deposita en el presidente de la república, el legislativo que se compone por el senado y la cámara de diputados, y el poder judicial, que se compone por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejo de la judicatura y jueces y magistrados en todo el país.
A nivel estatal, nuestro sistema es una símil de los poderes nacionales, con congresos locales, Tribunales de Justicia Superior, y el ejecutivo estatal, llamado gobernador constitucional en cada entidad federativa.
Desde ese punto de vista, es solo un preámbulo para definir que ninguno de estos organismos, incluyendo el ejecutivo, son soberanos unos de otro, entre ambos coadyuvan la gobernabilidad de la nación mexicana.
En referente a los estados, estos cuenta con soberanía, para actuar y decidir sus destinos políticos y su organización administrativa, y están aglutinados, en un pacto federal, que da como resultados lo que conocemos como Estados Unidos Mexicanos.
Pero mire esto va más allá, los pleitos entre poderes son cada día más frecuentes, sobre todo cuando desde la oficina del ejecutivo se ha engendrado durante todo el sexenio la división y el odio hacia los adversarios políticos. La suprema corte SCJN, ha sido un garante de libertad, en nuestro país, eso no le gusta al actual ejecutivo, porque su forma de gobierno es sin contrapesos y opiniones distintas.
En la actualidad, los problemas se suscitan por que jueces de todo el país, en el ámbito federal, ha dejado sin efecto solicitudes de la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso no ha podido ganar un solo caso en lo que va del gobierno de la 4T, por una sencilla razón, el fiscal se la pasa espiando periodistas, adversarios políticos internos y externos y empresarios que se oponen a las políticas del mandatario, es decir el Fiscal Alejandro Gertz Manero, ocupa un posición que no desempeña, en su oficio se ha convertido más en operador político e investigador al servicio del gobierno, que la procuración de justicia.
Por eso ha quedado en libertad, Jesús Murillo Karam, que seguirá su juicio desde una previsión domiciliaria preventiva, donde desde un inicio se violaron sus derechos constitucionales y los jueces que no investigan, porque no es su labor, ese es trabajo de la fiscalía, que no lo hace, y al no elaborar carpetas de investigación sólidas, jueces y magistrados se ven imposibilitados para dictar una sentencia a favor de la fiscalía.
Ahora bien, en los últimos días, se ha suscitado un escándalo promovido desde Palacio Nacional, en contra de un juez federal, con base en Reynosa Tamaulipas, por no poder retener a un posible delincuente ¿y porque se da esta situación? Por una sencilla razón, la fiscalía no presento ningún argumento solido para su detención mayor a los tiempos que marca la ley.
Con base en la legalidad y la constitución jueces y magistrados, cumplen la función que la misma carta magna marca para el poder judicial, en sus manos no está la tarea de investigación y de preparar la denuncias, si la FGR no actúa en consecuencia seguirán pasando hechos como este, en todos los casos que la debilidad de las investigaciones obliguen a los jueces a tener que tomar una decisión basados en las pruebas presentadas por la fiscalía, y se quiere culpar al poder judicial, primero se tendría que analizar la funcionalidad del fiscal y sus equipos de trabajo, que nomás no dan una.
Para muestras les comento que Rosario Robles fue puesta en prisión sin ninguna carpeta solida que la acusara, y fue retenida más de dos años solo por cuestiones políticas, el caso de Genaro García Luna se está cayendo a pedazo en las cortes de Nueva York, el caso de Emilio Lozoya pende de un hilo, y su proceso judicial obedece más a revanchas políticas, que a delitos cometidos.
Acusar a jueces y magistrados es más fácil que aceptar los errores de la fiscalía, que en su función está sumida en otras tareas políticas.
Es cuánto.
De Aquello y lo demás…
Hasta el límite de la ley electoral se definirán las candidaturas a alcaldes por parte de Morena en Tamaulipas, si se tratara de beisbol, seria hasta la novena entrada, cuando se defina esta situación, la guerra interna no tiene cuartel.
Desde Nuevo Laredo, donde se ve ya una situación definida en su competencia, no se ve cual sería el error en esa localidad, pero aun en estas ciudades los cuadros están incompletos, no hay candidatos a diputados locales, aun se pelea por una diputación, y los grupos se dan hasta con la cubeta, todo esto por no definir en tiempo y forma a los perfiles en la competencia.
Lo mismo ocurre en Reynosa, donde el mismo morenismo dejo correr a varios, sabiendo que solo uno puede sacar la elección a flote, pero el comité directivo estatal del guindo, y su líder Yuriria Iturbe, insisten en meter más nombres a una contienda, que de complicarse no será por los adversarios, si no por los yerros de ellos mismos.
Todo similar está en Matamoros, donde ni Adriana Lozano ha renunciado a la secretaria de finanzas, para ir en busca de la candidatura a la alcaldía de la ciudad, ni el diputado Beto Granados, a pedido licencia para ir con todo por la nominación, además tampoco ha pedido licencia Víctor García Fuentes y Carlos Ballesteros, dejando abierta la posibilidad de que la cosas se compliquen más al interior de morena en la heroica ciudad.
