- Vecinos de los barrios Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en Campeche aseguran que aunque las autoridades llama «relocalización consensuada», ellos prefieren nombrarlo como «desalojo forzoso»
Ciudad de México.- Sobre las baldosas rojas, en sillitas plegables negras y elaborados sillones blancos de metal, una decena de vecinas de los barrios Camino Real, La Ermita y Santa Lucía, en Campeche, se preocupan por su futuro. Sobre la mesa, una serie de carpetas, con títulos como Fotos de casas antiguas, Recibos de pagos de impuestos de 1950, Censo 1930 o Descarrilamientos del año 2000. Son las armas en la batalla que este colectivo mantiene contra el Tren Maya y lo que las autoridades llaman «relocalización consensuada». Ellos prefieren nombrarlo como «desalojo forzoso».
A un metro y medio de este hogar de pescadores se ve el problema. Un par de rieles que atraviesan por más de dos kilómetros los tres barrios, afectando a casi 300 casas y negocios. Su derecho de vía lo quiere usar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para construir el Tren Maya. Por razones de seguridad no puede haber viviendas ni inmuebles a 20 metros de cada lado del eje, que estará vallado. Según documentos oficiales del Fonatur obtenidos por El Universal, 294 de los 724 kilómetros ya en construcción tienen «invasiones», con mil 718 puntos en esa franja de 40 metros.
Es decir, en 40% del trazo hay una problemática potencial como la de estos barrios o la del pueblo de Candelaria, en el sur de Campeche: vecinos que opinan que «desalojo forzoso» es un término más adecuado que «relocalización consensuada». EL UNIVERSAL recorrió los más de 500 kilómetros que separan Palenque de Mérida para mutar estos números en personas.
«De aquí no me voy»
La decena de vecinas opinan lo mismo que Guadalupe Gutiérrez, una mujer de 63 años y cabeza de esta defensa de hogares. «No somos invasores. Yo aquí nací. Somos ya cinco generaciones de mi familia. Aquí rezo a mis muertos, aquí vivieron mis abuelos y de aquí salieron mis hijos. De aquí no me voy», dice en el zaguán de su casa, pintada de morado.
«En 1938, cuando se hace la conectividad ferroviaria de Yucatán con el resto de la República, mi abuelo donó terrenos y nos hicimos hasta donde las autoridades nos dijeron que nos tocaba habitar. No somos invasores, estamos aquí antes de que llegara el tren». Enseña hojas de copias de documentos de finales del siglo XIX.
Su hogar y el de sus dos hermanas están en Santa Lucía, a los mismos escasos dos metros de la vía del tren. Caminar con ella por los rieles, entre los que hay flores y plantas de los rieles, es un sinfín de saludos. Vecinos que hablan de tiendas antiguas, de casas que llevan ahí toda la vida, de tejido social, de que votaron por la 4T y sienten traición. Las viviendas son de una planta, sólidas, algunas de arquitectura colonial.
«Nuestra propuesta siempre ha sido la relocalización de las vías del ferrocarril. ¿Por qué no puede haber un libramiento fuera de la ciudad y tienen que desplazarnos? —argumenta—. Tuvimos una reunión con Fonatur y fue ríspida. Dijeron que el tren iba a pasar sí o sí».
En junio de 2020, el Fonatur aseguró que planteará soluciones adecuadas con cada familia de Campeche que tenga una propiedad en el derecho de vía del Tren Maya y que trabaja con ONU Hábitat, a la que paga cinco millones de dólares, para elaborar un Protocolo de Relocalización Consensuada. Los vecinos aseguran haber recibido visitas «intimidantes» por personas que se identificaron como miembros del Fonatur y ONU Hábitat, quienes les preguntaban dónde se reunían y quiénes eran los líderes.
«Muchas de las poblaciones por las cuales pasa la vía de tren ya existían desde antes de la concesión a finales del siglo XIX, es decir, se puso sobre poblaciones ya existentes», explica Kalycho Escoffié, jurista por la Universidad Autónoma de Yucatán.
«Estos tres barrios son históricos de Campeche, consolidados, pagan impuestos», argumenta. «No son asentamientos informales como dicen a veces las autoridades, que van a los barrios y les dicen a los vecinos que ellos ‘invadieron’ las vías del tren. Con eso pretenden convencerlos de que no tienen el derecho a su favor y que llevan las de perder».
Kalycho Escoffié lleva el amparo que ha presentado el colectivo de los Tres Barrios de Campeche contra Fonatur, la Presidencia de la República y la Secretaría de Turismo para detener las obras y que lo que se relocalice sean las vías del Tren Maya y no las personas. El juzgado, cuenta, otorgó una suspensión para que Fonatur, con ONU Hábitat, no pudiera seguir realizando visitas a los barrios para hacer el censo de afectados y predios mientras se resuelve el proceso judicial.
«Pero durante la pandemia, de repente los vecinos vieron a operarios hacer labores topográficas en las vías de los barrios. Se acercaron a los operarios y les decían que venían de Telmex, que es Grupo Carso, de Carlos Slim», asegura. Slim y sus empresas se encargan del Tramo 2 del Tren Maya, donde está Campeche.
«Fonatur dice que es un proceso de relocalización, pero esto es una violación de derechos humanos, ya que presionarles para que salgan de sus casas sin un procedimiento legal es un desalojo forzoso», explica.
El discurso de las autoridades de denominar «invasiones» a las personas que viven en el derecho de vía se refleja en el documento oficial de donde sale ese inventario que, de los 724 kilómetros, 294 tienen «invasiones existentes» con mil 718 puntos. Estas páginas pertenecen a los más de mil 500 folios de Ingeniería Básica para los tramos 1, 2, 3 y 4, realizados por un contrato de 346 millones de pesos.
Al respecto, Fonatur reiteró que se reubicará a los vecinos y decidió no contestar qué ocurrirá en caso de que algunos se nieguen a abandonar sus hogares. «Si bien un cambio de ruta podría existir, ello eliminaría la posibilidad de un beneficio directo para los habitantes de estas colonias», contestó.
Partir un pueblo a la mitad
El pueblo de Candelaria, en el sur del estado de Campeche, casi frontera con Tabasco, comparte ese problema. A lo largo de más de dos kilómetros y medio los rieles parten del río y dividen en dos el pueblo. En el área de 40 metros dentro del derecho de vía hay un museo, el centro de la población y pequeños negocios. Según datos publicados por Fonatur, son 400 los dueños afectados.
Entre ellos está Joaquín Aguilar, un aguador de 59 años. Compró el terreno a otro vecino por 10 mil pesos y durante 20 años levantó, pedacito a pedacito, este hogar de una sola planta. El techo es de lámina de zinc, dice orgulloso. Viven «10 gentes»: su esposa, sus hijos y sus nietos.
«En diciembre [de 2019] nos convocaron a una reunión a todos los que estamos en derecho de vía. Fuimos más de 500 gentes. Presentaron el tren, diciendo que se iba a buscar la manera de que no nos afectara ni nos perjudicara. ‘En el peor de los casos, lo que les puede pasar es que se les reubique’, eso dijeron. Su tono fue muy agradable y como que entendimos que el tren se iba a desviar», recuerda Aguilar.
«Luego llegó una segunda reunión, meses después, y allí ya hablaron, con un tono más agresivo, directamente de reubicación, ya que iba a ocupar 20 metros a cada lado de la vía. ‘Se tienen que quitar’, dijeron».
En la minuta de una de las reuniones que mantuvo Fonatur con varios grupos de vecinos se lee que estaba presente además el despacho de abogados Barrientos y Asociados, que firmó en agosto de 2019 un contrato con Fonatur por 62 millones de pesos para la «Liberación de Áreas de Afectación para la Constitución del Derecho de Vía del Proyecto Denominado Tren Maya».
Los vecinos plantearon sus dudas y desacuerdo con los «reasentamientos humanos» y «al respecto, se mencionó que el trazo del TM no será modificado y seguirá la ruta de las vías férreas existentes, por ello la importancia de reubicar a las familias con viviendas o comercios en el derecho de vía», dijo Fonatur.
«¿Qué intención de negociar tienes cuando ya como autoridad has decidido el proyecto y que la relocalización va a ocurrir sí o sí?», se pregunta Kalycho Escoffié, quien da asesoría legal a las comunidades. «Tú te vas de tu casa, ese es el acuerdo». También plantea una duda: «Si esto pasa en Candelaria, ¿qué no estará pasando en sitios más pequeños?».
Uno de esos lugares más chiquititos es el poblado El Águila, en Tabasco, a menos de 30 kilómetros al norte de Tenosique. Al lado de un cruce de las vías y la carretera está Daniel Panadero, de 45 años. Trabaja una tienda de abarrotes de su familia. Les han dicho que los van a reubicar, pero no sabe dónde.
«¿Y si me alejan del cruce y pierdo toda la clientela? No estoy en contra del tren, solo no quiero que me reubiquen. En el pueblo hay varios negocios y seis familias que viven dentro del derecho de vía. Solo una persona se mudó dentro hace poco para tratar de aprovecharse», comenta.
Dice que el tren va a pasar sí o sí y siente que no tiene más opción que aceptar el derribo de su tiendita y rezar para que su nueva ubicación sea igual de buena.
