Una vez aprobado por el congreso; “Reglamento fija competencias y sanciones a funcionarios municipales”: MVA

Tampico, Tam.- En un movimiento que redefine las bases administrativas del gobierno local, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, presentó el nuevo Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, una norma que —precisó— dota de claridad operativa, certeza jurídica y mecanismos formales de responsabilidad a cada área de la administración municipal. El documento fue autorizado por el Congreso del Estado de Tamaulipas y ya puede consultarse públicamente en el portal oficial del gobierno municipal.
La edil no escatimó en el alcance político y jurídico del instrumento. “Da las competencias a cada una de las secretarías, sus marcos de acción, sus responsabilidades y la normatividad con la que tiene que cumplir”, afirmó al explicar el eje central de la reforma administrativa. Su declaración no solo sintetiza el espíritu del reglamento, sino que revela la intención de cerrar espacios de discrecionalidad que durante años dificultaron la fiscalización interna.
Hasta antes de esta actualización normativa, el Ayuntamiento operaba con vacíos reglamentarios que impedían delimitar con precisión las obligaciones de los funcionarios. “No existía y muchas veces no se podía fiscalizar alguna responsabilidad de un funcionario público porque no había un reglamento que amparara cuáles son las acciones a las que cada una de las dependencias está obligada a cumplir”, sostuvo Villarreal Anaya. La ausencia de un marco claro no solo entorpecía la supervisión, sino que debilitaba el principio de legalidad que debe regir todo acto de autoridad.
El nuevo Reglamento Interior encuentra sustento en el artículo 115 de la Constitución federal y en el Código Municipal de Tamaulipas, ordenamientos que reconocen la facultad reglamentaria de los ayuntamientos para organizar su funcionamiento interno. En sus disposiciones generales establece que es de interés público y observancia general en el municipio, regula la integración del Cabildo, las atribuciones del Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, el funcionamiento de las comisiones, el desarrollo de las sesiones y los mecanismos de votación.
Uno de los puntos medulares es la definición detallada de competencias. El reglamento enumera facultades y obligaciones específicas del Presidente Municipal, entre ellas ejecutar los acuerdos del Cabildo y aplicar, cuando sea necesario, las sanciones correspondientes; también precisa funciones de los Síndicos en la vigilancia del erario y la legalidad de los actos administrativos, así como el papel de los Regidores en la supervisión de los ramos municipales. La arquitectura normativa se complementa con reglas claras para la instalación del Ayuntamiento, el quórum, las votaciones calificadas y los supuestos que requieren mayoría de dos terceras partes, particularmente en actos que afecten el patrimonio municipal.
La alcaldesa enfatizó que el proyecto no fue improvisado. “Lleva un año y cuatro meses en que se ha estado trabajando de manera sistemática”, explicó. El proceso incluyó análisis comparativos con reglamentos de otros municipios y revisiones técnicas con abogados de Ciudad Victoria, con el objetivo de armonizar la práctica local con estándares jurídicos más robustos. Esa metodología, afirmó, permitió plasmar “en forma todas las acciones que en esta administración se realizan y que en futuras administraciones van a estar marcadas a través de este reglamento”.
El diseño del documento también robustece el sistema de comisiones del Cabildo. Se establecen áreas temáticas que abarcan desde Hacienda y Gasto Público hasta Transparencia, Anticorrupción, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable. Cada comisión deberá sesionar al menos una vez al mes, levantar acta formal y presentar un informe anual. El reglamento fija plazos para dictaminar asuntos turnados y prevé comparecencias de servidores públicos cuando el análisis lo requiera. Con ello, la deliberación deja de depender exclusivamente de la dinámica política y se inserta en un procedimiento reglado.
En el terreno de las sesiones de Cabildo, la norma ordena la frecuencia mínima mensual, la obligación de transmitir en línea las sesiones públicas y el registro puntual del sentido de cada voto. Además, prevé mecanismos para justificar inasistencias, sancionar faltas reiteradas y dejar constancia formal en libro de actas. Tales previsiones refuerzan la trazabilidad de las decisiones públicas y fortalecen la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de fincar responsabilidades administrativas y económicas ante incumplimientos. La alcaldesa fue categórica: “Por supuesto que tiene consecuencias y por eso era tan importante que lo tuviéramos, que se finquen responsabilidades a quienes no cumplan con el ámbito de su responsabilidad, económicas y administrativas”. Con esta afirmación, el reglamento deja de ser un mero compendio organizativo y se convierte en una herramienta de control interno.
El texto también contempla el recurso de inconformidad para particulares que consideren vulnerados sus derechos por actos emitidos en cumplimiento del reglamento. Se establecen requisitos formales, plazos y etapas procesales para su tramitación, lo que integra un mínimo de debido proceso en el ámbito municipal.
La consulta pública del documento es otro componente relevante. Villarreal Anaya precisó que no se encuentra directamente en la página principal del portal institucional, sino dentro del apartado correspondiente a la Secretaría de Gobierno. “Lo tienen que buscar en la Secretaría de Gobierno, reglamento municipal y ahí les va a aparecer el documento completo para que lo conozcan”, detalló. La disponibilidad abierta del texto fortalece el principio de publicidad normativa y permite a la ciudadanía examinar con rigor el alcance de las nuevas disposiciones.
En un contexto nacional donde los municipios enfrentan presiones financieras, demandas crecientes de servicios y escrutinio ciudadano, la aprobación de un reglamento interior robusto no es una acción menor. Se trata de una pieza estructural que organiza la toma de decisiones, acota competencias y establece consecuencias claras ante omisiones o abusos.
La alcaldesa sintetizó la aspiración institucional en una frase que resume el horizonte de su administración: el reglamento “nos da orden, nos da disciplina, nos da certeza”. Esa tríada —orden, disciplina y certeza— constituye la columna vertebral de un instrumento que no solo regula el presente, sino que pretende dejar un legado normativo para las administraciones futuras.
Más allá del simbolismo político, el Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Tampico introduce un discurso de gobernanza basado en reglas claras y procedimientos verificables. Si su aplicación es consistente, podría convertirse en un precedente para otros municipios del estado, donde la delimitación precisa de competencias y la posibilidad real de sanción son condiciones indispensables para fortalecer la legalidad y la confianza pública.

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